La llegada de la pandemia global del Covid-19 nos sorprendió y nos orilló al confinamiento sin estar preparados para afrontar diversos temas de la vida pública, económica y social que han tenido efectos negativos en el ejercicio pleno de los derechos humanos, entre ellos, el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes. Lo anterior sin desconocer, desde luego, las grandes brechas de desigualdad social que caracterizan a los países de la región (América Latina y el Caribe) y que inciden en los ámbitos familiar, personal, escolar y socioeconómico como “factores determinantes de los resultados educativos” que afectan el desarrollo y bienestar integral de las personas.

Para poner en contexto la afectación -en mayor o menor medida- que sufrieron millones de estudiantes en el mundo, vale la pena referir que, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a mediados de mayo de 2020 más de 1,200 millones estudiantes de todos los niveles de enseñanza, dejaron de tener clases presenciales en la escuela. De ese total, más de 160 millones eran estudiantes de América Latina y el Caribe.[1]