17 de enero de 2024
Comunicado No. 017/24
Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenan los graves hechos de violencia cometidos por el crimen organizado en Ecuador e informan que continuarán el monitoreo cercano de la situación de derechos humanos en el país
En los últimos años, el crimen organizado ha atentado contra la seguridad ciudadana y la democracia en ese país. Los indicadores reflejan un aumento significativo de la tasa de homicidios, el agravamiento y degradación de la violencia intracarcelaria y el recrudecimiento de la violencia política asociada al narcotráfico, que en su momento fue catalogado por la CIDH como un ataque contra la democracia y el Estado de Derecho. En ese contexto, entre el 8 y 9 de enero, se reportó una nueva escalada terrorista que inició dentro de los centros de privación de libertad. Al menos seis cárceles reportaron amotinamientos en los que al menos 139 agentes estatales fueron tomados como rehenes. Fuera de las cárceles, se registraron actos de violencia y explosiones, incluso una en proximidades de la residencia del Presidente de la Corte Nacional de Justicia.
La ciudad de Guayaquil fue particularmente afectada; los hechos de violencia en esa localidad resultaron en al menos 8 personas asesinadas, y múltiples heridas. Asimismo, un grupo armado irrumpió en las instalaciones del canal TC Televisión y amenazó de muerte a las personas trabajadoras durante una transmisión en directo. La Policía Nacional realizó un operativo oportuno para salvaguardar la vida e integridad física de las personas amenazadas y aprehendió a los responsables. Durante el ataque, habría resultado herido un camarógrafo por cuenta de disparos propiciados por el grupo armado. Asimismo, el Ministerio de Defensa y de Gobierno implementaron un bloque de seguridad para la protección de las personas dentro del canal TC Televisión. La Policía reportó otros operativos para atender la violencia en otros puntos del país.
En respuesta, el Ejecutivo decretó el estado de excepción: primero, por grave conmoción interna. Posteriormente, calificó la situación como un conflicto armado interno; identificó grupos del crimen organizado como terroristas; y ordenó a las fuerzas armadas ejecutar operaciones militares, bajo el derecho internacional humanitario y el respeto a los derechos humanos. Ambos decretos están bajo control de la Corte Constitucional. La CIDH continuará su monitoreo sobre la situación de derechos humanos durante la vigencia de estos decretos.
En los últimos años el crimen organizado viene agudizando la violencia que atenta contra la seguridad, estabilidad y gobernabilidad democrática de los Estados, obstaculiza su desarrollo e impide la vigencia de los derechos humanos de las personas sujetas a su jurisdicción. Esta violencia también se da contra personas que ejercen el periodismo y las instalaciones de medios de comunicación y coarta la libertad de expresión e impide que la sociedad reciba información sobre asuntos de interés público.
La CIDH y RELE condenan la violencia, expresan su solidaridad con el pueblo ecuatoriano e instan al Estado a investigar, juzgar y sancionar todos los hechos con diligencia. Además, reconocen la zozobra generalizada que estos hechos generan en la población ecuatoriana, y reiteran su disposición de cooperación con el Estado para la implementación de estándares interamericanos en las medidas que se adopten para garantizar la seguridad ciudadana, el Estado de Derecho y la protección de periodistas. En situaciones de excepcionalidad institucional, es indispensable garantizar la máxima circulación posible de información. El Estado debe brindar las garantías para que las personas periodistas realicen su trabajo en condiciones de seguridad y sin temor a represalias; las autoridades están llamadas a condenar todo ataque e intimidación en su contra.
Finalmente, la CIDH y su Relatoría valoran la importancia otorgada por los Estados de la región a los hechos recientes en Ecuador. Exhortan a la Organización de los Estados Americanos a continuar dando especial atención a la situación de violencia generada por el crimen organizado transnacional, sus impactos en la democracia, el Estado de derecho y los grupos en situaciones históricas de vulnerabilidad.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
Fuente:
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2024/017.asp
(29/01/24)