Comunicado 179/20
Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observa con especial preocupación que en el contexto de la pandemia del COVID-19, las personas en situación de movilidad humana (refugiadas, solicitantes de asilo, personas apátridas y otras) en Estados Unidos se enfrentarían a una seria restricción de derechos y disminución de garantías. En este sentido, la Comisión urge al Estado a adecuar sus medidas de protección ante la pandemia a fin de garantizar el acceso efectivo a los procedimientos y procesos de protección, de conformidad con los estándares de derechos humanos de todas las personas en situación de movilidad humana.
La CIDH observa que la continuidad y los efectos combinados de políticas adoptadas previamente como los Protocolos de Protección Migratoria (MPP, por sus siglas en inglés), sumados a la utilización de los poderes especiales derivados de la Orden de Suspensión de la Introducción de Personas en los Estados Unidos emitida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedad (CDC, por sus siglas en inglés) en respuesta a la pandemia de COVID-19, han dificultado aún más el acceso por parte de solicitantes de asilo y otras personas en movilidad humana que requieran de protección a procesos legales de protección que responden al cumplimiento de las obligaciones internacionales de Estados Unidos y de su propia normativa en la materia, situación que resultaría en riesgo para la protección integral de los derechos humanos de esta población.
En este contexto, la CIDH advierte sobre decisiones y prácticas del Poder Ejecutivo que cuestionan la validez de legislación, jurisprudencia o tienen como objetivo cambiar políticas públicas dirigidas a la protección de las personas migrantes refugiadas y otras personas con necesidad de protección. Entre ellas, destacan las acciones para interrumpir el Programa de Acción Diferida para los Llegados al país en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), la publicación de nuevas reglas propuestas que permiten expulsiones aceleradas y obstaculizan los procesos de evaluación sobre el temor creíble de persecución o tortura bajo procedimientos de asilo, así como los esfuerzos para abandonar la aplicación del llamado Acuerdo Flores sobre el tratamiento de niñas y niños migrantes.
En primer lugar, preocupa a la Comisión que con base en la Orden para suspender la introducción de ciertas personas de países donde existe una enfermedad transmisible, las personas migrantes que cruzan la frontera desde México y Canada, y son aprehendidas, pueden ser inmediatamente retiradas del país sin llegar a los centros de recepción de la patrulla fronteriza, con el objetivo de prevenir la difusión del COVID-19. Esto potencialmente impide su acceso a los mecanimos de proteccion apropiados. Asimismo, la extensión y enmienda del director del CDC de 19 de mayo, extiende dicha aplicación también a los pasos fronterizos costeros.
Debido a lo anterior, según información aportada por organizaciones civiles, un alto número de personas solicitantes de asilo y con necesidades de protección especial –incluyendo niñas, niños y adolescentes– han sido devueltas bajo tales procedimientos expeditos. En este sentido, la CIDH observa que entre los meses de marzo y junio de 2020, y a través de la aplicación del mecanismo activado por la Orden del CDC de no introducir personas en el país, las autoridades fronterizas de los Estados Unidos habrían expulsado a través de la frontera suroeste del país, a un total de 69.210 personas, de acuerdo con cifras oficiales publicadas por el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP). Teniendo en cuenta dichas estadísticas, relacionadas con las disposiciones sobre salud pública y bienestar, entre marzo y junio de este año, la aplicación de dicho mecanismo ha superado numéricamente la aplicación de medidas de aprehensión propiamente migratorias. En este periodo, las detenciones migratorias se han reducido de 23.309 personas a 2.796 mientras que las expulsiones por motivos de salud pública pasaron de 6.927 en marzo, a 27.504 en junio de este año.
Asimismo, preocupa a la CIDH la información recibida que indica que en la mayoría de las ocasiones, las personas devueltas no habrían tenido la oportunidad de informar, ante autoridades estadounidenses en un procedimiento de asilo, sobre las necesidades de protección legal que pudieran tener. Además, según lo reportado, una situación semejante se estaría produciendo en la frontera norte con Canadá, aunque con menor frecuencia.
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http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/179.asp
(26/07/2020)