Por Ismael Eslava Pérez ^[1]

I. Consideraciones previas.

El 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, efeméride que nos permite reflexionar acerca de los desafíos a los que se enfrentan las instancias del Estado y de gobierno, las familias y la sociedad en general para cristalizar el nuevo paradigma en México, en el que niñas, niños y adolescentes son titulares plenos de derechos. En particular, resulta de la mayor importancia visibilizar el trabajo de niñas y niños a efecto de erradicarlo, así como hacer notorios los riesgos que enfrentan los adolescentes mayores de quince años al desempeñar labores peligrosas, sin pasar por alto que los factores que inciden en el trabajo infantil son diversos: entornos socioeconómicos desfavorables, específicamente la pobreza y marginación; carencias educativas y alto índice de deserción escolar; bajos salarios, desempleo y falta de oportunidades para algunos sectores poblacionales, entre otros.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera que el trabajo infantil es aquel “…que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico”. En consecuencia, hace referencia a la actividad laboral: i) peligrosa y perjudicial para bienestar físico y mental de la niñez y ii) aquella que obstaculiza su escolarización al privarle del derecho de asistir a clases, obligarlos a abandonar la escuela prematuramente o combinar sus estudios con un trabajo pesado y que conlleva demasiado tiempo.^[2] Lo anterior, desde luego, sin soslayar formas extremas de trabajo infantil que implican esclavitud, separación de su familia, exposición a graves peligros, enfermedades y/o el abandono a su suerte en grandes metrópolis.^[3]