Reflexiones sobre los derechos humanos
de las personas con Covid-19

Han transcurrido poco más de ocho meses desde que se presentó el primer caso de coronavirus en el mundo[1] y más de 5 meses de su manifestación en nuestro país.[2] Los estragos del Covid-19 siguen manifestándose globalmente y, particularmente en la región de América Latina y el Caribe a través del incremento del desempleo y la falta de prestaciones sociales; bajos salarios, ingresos y consumo de bienes y servicios;  expansión de la pobreza y pobreza extrema, [3] así como mayores costos en los sistemas de salud débiles y fragmentados—[4] y desigualdades en su acceso, además de vislumbrarse el cierre de más empresas, reducción de la inversión privada y bajo crecimiento económico.[5]  

En este entorno y a fin de orientar a los estados nacionales sobre la adopción de medidas de atención y contención de la pandemia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó, el pasado 10 de abril, la Resolución No. 1/2020 a través de la cual estableció, en un contexto de emergencia sanitaria global, estándares y recomendaciones a partir de una premisa fundamental: el pleno respeto a los derechos humanos.

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