La fijación de determinadas fechas conmemorativas en el calendario global constituye un esfuerzo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por sensibilizar a la población, a los medios de comunicación y a los gobiernos del mundo en torno a los problemas que enfrenta la humanidad y que reclaman una respuesta eficaz de parte de todos.

Para el Programa Universitario de Derechos Humanos la difusión y divulgación de los derechos humanos es una función sustantiva, por lo que esta sección pretende hacer eco de esa importante labor. En esta ocasión, el mes de septiembre trae consigo un conjunto de días internacionales que nos permiten reflexionar sobre diversos temas, entre ellos: la democracia (15 de septiembre), la igualdad salarial (18 de septiembre), la paz (21 de septiembre), y el acceso universal a la información (28 de septiembre).

15 de septiembre. Día Internacional de la Democracia

La democracia es tanto una forma de gobierno como un ideal reconocido a nivel mundial que requiere del concurso de los ciudadanos, la sociedad civil, los gobiernos y la comunidad internacional para realizarse. En tanto forma de gobierno centrada en la persona, la democracia es el entorno político indispensable para el ejercicio y goce pleno de los derechos humanos. Recíprocamente, el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, así como la celebración de elecciones periódicas mediante voto universal y secreto, son elementos consustanciales a aquella.

El nexo indisoluble entre democracia y derechos humanos ha quedado expresado en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en tanto que sus principios  y valores se han desarrollado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, constituyendo el basamento sólido de cualquier democracia significativa. A su vez, el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales así como otros instrumentos internacionales que consagran derechos de grupo, han permitido el desarrollo de un concepto más holístico de democracia, que tiene múltiples dimensiones y va más allá de su definición estrictamente procedimental, revelándose como una completa visión de mundo y una pauta de conducta para la vida cotidiana.

Sin embargo, a pesar de contar con una amplia difusión y consenso internacional, la democracia enfrenta desafíos y obstáculos para su realización, tales como la agudización de la pobreza, las violaciones persistentes a derechos humanos, la impunidad y la falta de igual acceso a la impartición de justicia, entre otros.

En la actualidad, es de crucial importancia llamar la atención acerca de los riesgos que la democracia enfrenta ante la crisis general causada por la pandemia de COVID-19, toda vez que los estados nacionales deben tomar una serie de medidas excepcionales y de emergencia. Mas las políticas implementadas por los gobiernos para enfrentar la pandemia deben de salvaguardar el estado de derecho y  garantizar el respeto a la ley, a los derechos y libertades fundamentales, evitando en absoluto que las autoridades puedan caer ante cualquier tentación autoritaria.

18 de septiembre. Día Internacional por la Igualdad Salarial

En el mundo, las mujeres ganan en promedio 77 centavos frente a cada dólar que gana un hombre por un trabajo de igual valor. Esto representa una brecha salarial de género de 23% a nivel global, brecha que aumenta en el caso de México, donde los hombres reciben en promedio un ingreso laboral por hora trabajada 34% mayor al de las mujeres. A ello se suma el hecho de que las mujeres ocupan en mayor medida los puestos más precarios y peor remunerados, además de que realizan al menos dos veces y media más tareas domésticas y de cuidados no remunerados. El resultado de esto constituye una forma de discriminación económica estructural que, junto con la violencia contra las mujeres, son los aspectos más importantes de la desigualdad de género, como señala la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

A pesar de su reconocimiento general y de los esfuerzos realizados en consecuencia, los progresos para reducir la brecha salarial y combatir esta situación injusta han sido lentos debido a la persistencia de desigualdades históricas y estructurales en las relaciones de poder entre hombres y mujeres.

Con el propósito de contribuir a erradicar esas desigualdades, la ONU ha incluido la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Asimismo, ha incorporado una perspectiva de género en la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

Por su parte, la Agencia Internacional por la Igualdad Salarial, encabezada por ONU Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la OCDE, colabora con gobiernos, empleadores y organizaciones de trabajadores para que, mediante compromisos y políticas públicas efectivas, se logren avances que hagan valer el derecho de las mujeres a percibir igual salario y permitan saldar esa deuda histórica que se tiene con la mitad del género humano.

21 de septiembre. Día Internacional de la Paz

El libre desarrollo de la persona sólo es posible en contextos seguros y armoniosos que mantengan a los individuos y las colectividades a salvo de conflictos, violencias y arbitrariedades. En otras palabras, la paz es una condición sine qua non para el ejercicio y disfrute pleno de los derechos humanos. Por el contrario, la existencia de situaciones bélicas o escenarios de guerra, como es bien sabido, plantea regularmente restricciones a las libertades y los derechos fundamentales.

En la historia de los conflictos armados encontramos una cantidad ignominiosa de ejemplos y casos extremos en los que la dignidad humana ha sido puesta en tela de juicio. Acaso baste con mencionar el genocidio de judíos, gitanos y otras minorías étnicas, así como la persecución y asesinato de izquierdistas y otros disidentes políticos, cometidos por el régimen nazi; o los ataques con bombas nucleares sobre las inermes poblaciones civiles de Hiroshima y Nagasaki en Japón, ejecutados por el gobierno de los Estados Unidos, entre otras atrocidades y crímenes de lesa humanidad cometidos por todas las partes beligerantes en la II Guerra Mundial.

Justamente, esa última conflagración generalizada fue lo que llevó a la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1945, con el objetivo expreso de mantener la paz y promover el respeto a los derechos humanos, entre otros que quedaron consignados en su Carta fundacional. Desde entonces nuevas guerras han tenido lugar en distintas regiones del planeta, primero en el marco de la Guerra Fría y luego en el de la globalización, desarrollando su arsenal y ampliando sus modalidades, acumulando un sinfín de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

Sin embargo, la ONU no ha cejado en su empeño pacifista y humanitario. Con miras a salvaguardar la integridad de la población civil y de los militares en situaciones de conflicto armado,  ha construido un sistema de derecho internacional humanitario y promovido la creación de mecanismos e instrumentos que regulen la actividad bélica y eviten la multiplicación del sufrimiento humano y de los crímenes de guerra. Tal es el caso de las Convenciones y Protocolos de Ginebra y de la Corte Penal Internacional de La Haya.

Sin duda, estos son logros importantes. Pero ante la vigencia en 2020 de guerras en países como Siria, Irak, Afganistán, Yemen e incluso México –en el que la llamada “guerra contra el narcotráfico” lleva catorce años cobrando la vida de decenas de miles de personas–, el objetivo de construir una paz perdurable sigue siendo un imperativo categórico para toda la humanidad.

28 de septiembre. Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información

En el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU se estableció que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Con ello, el derecho al acceso universal a la información quedó garantizado en el derecho internacional al más alto nivel, si bien es cierto que sólo en los últimos tiempos su defensa y promoción ha cobrado gran relevancia en la palestra pública. Esto se ha debido en parte a la revolución informática, que proporciona nuevas herramientas para su realización, así como a las luchas de la sociedad civil por la transparencia y contra la corrupción gubernamental, que lo han apuntalado como un derecho de primer orden.

La información es poder e influencia. También es una herramienta necesaria para acceder a otros derechos fundamentales. El acceso a la información contribuye a fortalecer la libertad de prensa y la libertad de expresión. Además, a nivel personal coadyuva en la toma de decisiones, lo cual es imprescindible para la ciudadanía y la participación. Finalmente, el acceso a la información pública es crucial en la construcción de sociedades y sistemas políticos democráticos, basados en la rendición de cuentas y en la transparencia.

Dada su trascendencia, la ONU considera que este derecho humano es vital para el logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, de forma que ha quedado incluido en el Objetivo 16.10: “Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales”.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) espera que la celebración de este Día Internacional aliente a los países a adoptar una legislación sobre la libertad de información, a desarrollar políticas para el multilingüismo, la diversidad cultural en el ciberespacio y para la integración al mundo digital de mujeres y hombres con discapacidad, asegurando así el derecho a la información de los grupos vulnerables. En 2020, este Día Internacional se centrará en el derecho a la información en tiempos de crisis y en las ventajas de contar con garantías constitucionales, estatutarias y/o normativas para el acceso público a la información a fin de salvar vidas, fomentar la confianza y ayudar a la formulación de políticas sostenibles a lo largo de la crisis de COVID-19 y más allá de ella.