En efecto, como lo advirtió el secretario de la Defensa Nacional, el Ejército no está combatiendo al crimen organizado por gusto o por vocación. Los soldados no estudiaron para realizar actividades de seguridad pública ni es esa la función que primordialmente les asigna la Constitución.
El presidente Felipe Calderón echó mano de los militares ante el crecimiento de la criminalidad organizada. Nunca se planteó que el Ejército permanecería en esas nuevas tareas para siempre, sino sólo mientras el país preparaba cuerpos policiacos altamente profesionales y confiables que pudieran enfrentar los nuevos retos que presenta la delincuencia.
Crimen organizado existe en todos los países del mundo, pero no en todos genera las consecuencias calamitosas que hemos presenciado, atónitos y horrorizados, los mexicanos. Nuestro problema radica en la debilidad institucional, en el vacío de autoridad que se observa en numerosas regiones del país. Un ejemplo extremo de tal situación es el de Allende, Coahuila, donde una pandilla de criminales, sin obstáculo alguno, sacó de sus casas a numerosos pobladores a los que se llevó con rumbo desconocido para siempre.
En aquellos frecuentes —y finalmente inútiles— diálogos por la seguridad que encabezaba el presidente Calderón, se lo dije varias veces: no saldrá ningún genio de la lámpara de Aladino a concedernos el deseo de una seguridad pública aceptable: se trata de enmendar a fondo los cuerpos policiacos y los ministerios públicos.
La capacitación de los actuales y de los nuevos servidores públicos policiacos y ministeriales debe ser rigurosa: no unas cuantas semanas sino varios años; la selección tiene que ser estricta; los salarios, las prestaciones laborales y las condiciones de trabajo han de ser decorosos; los recursos materiales y tecnológicos, los óptimos. Será caro, pero nunca tan caro como el precio que estamos pagando por no contar con instituciones idóneas.
Tener policías y ministerios públicos altamente profesionales es indispensable y urgente, pero desde luego no bastará para abatir la criminalidad. México debe ser capaz de ofrecer a los jóvenes que llegan a la edad laboral horizontes de vida atractivos. El empleo será el mejor antídoto contra las tentaciones de ingresar al mundo del hampa. No sólo eso: es preciso poner fin ya al absurdo gigantesco y sangriento de la persecución penal de las drogas. No hace falta repetir que esa persecución no ha logrado ninguno de sus objetivos y, en cambio, ha propiciado una catástrofe.
Veamos: 170 mil muertos, 30 mil desaparecidos, un número no cuantificado hasta hoy de lisiados y mutilados, infiltración criminal de las autoridades e incremento de la violación a derechos humanos ha sido el precio de la guerra contra las drogas (dejemos de lado el elevadísimo gasto económico, siempre insignificante comparado con el costo humano) sin haber conseguido uno solo de sus objetivos: ni reducción del consumo ni disminución del tráfico.
La despenalización no volvería a los criminales hermanas de la caridad, pero les quitaría una fuente pródiga e inagotable de financiamiento. Los consumidores no tendrían que acudir a un mercado clandestino. Los programas de prevención y tratamiento de adictos podrían aprovechar recursos que hoy se malgastan en la persecución penal. Y se respetaría el derecho de cada individuo a consumir libremente lo que decida. Mientras en Estados Unidos la producción y la venta de la mariguana se legalizan progresivamente a pasos agigantados, en nuestro país se suceden las masacres por mantener una prohibición hipócrita: la mariguana puede conseguirse fácilmente en todas partes.
¿Por qué los gobiernos de la República han sido omisos en la profesionalización auténtica de su Ministerio Público y sus cuerpos policiales? ¿Por qué se mantiene una prohibición que se sabe no sólo absolutamente ineficaz sino contraproducente? El Ejército no puede volver hoy mismo a los cuarteles como si nada pasara. Lo saben las ONG que exigen que eso ocurra inmediatamente. Pero es de exigirse que hoy mismo se empiecen a tomar las medidas conducentes a que su intervención en tareas de seguridad pública ya no sea imprescindible.