En Francia no es delito la prostitución, pero están prohibidos los burdeles y el ejercicio en la calle del denominado oficio más viejo del mundo se castiga con una multa de hasta tres mil 750 euros, sanción vigente desde 2003, cuando Nicolas Sarkozy era ministro del Interior. En 2012, Hollande advirtió que la norma había forzado a las prostitutas a refugiarse en lugares menos accesibles a las organizaciones que las apoyan. No son las sexoservidoras las que deben ser multadas, sostuvo Hollande, sino los clientes.

En concordancia con esa postura, 120 diputados socialistas presentaron un proyecto legislativo que contempla la sanción pecuniaria para los consumidores de servicio sexual contratado en la vía pública.

No estoy seguro de que el presidente Hollande o esos parlamentarios hayan leído a nuestra Sor Juana, pero coinciden con la gran poetisa mexicana en que, aunque cualquiera mal haga, es más reprochable la conducta del que paga por pecar que la del que peca por la paga.

Desde que se dio a conocer el proyecto, un grupo de varones, autodenominado los 343 cabrones —escritores, abogados, periodistas— protestó en un manifiesto titulado No toques a mi puta, en el que atacaron la iniciativa en nombre de la libertad, el amor libre, el derecho a gozar del sexo aun si es pagado, y exigieron al gobierno y al parlamento no interferir en sus deseos (en sus culos, expresaron textualmente). Su posición presentaba una debilidad evidente, a saber: los 343 no habían rechazado en su momento, con esos mismos argumentos ni con otros, la anterior medida de multar a quienes les proporcionan el servicio. Entonces no les incomodó que tocaran a sus putas.

Tres ministras del gabinete son partidarias de sancionar al cliente: la de Igualdad, la de Sanidad y la de Justicia. Les parece que la prostitución no tiene nada que ver con el sexo libre: 90% de las prostitutas, señalan, son extranjeras controladas por las mafias. Pero el Senado ha opuesto ya una objeción interesante, resumida por el senador socialista Jean-Pierre Godefroy: “Castigar al que utiliza los servicios de una actividad que sería legal es jurídicamente ilógico”.

La desaprobación del Senado ha sido apoyada por el Sindicato de Trabajadoras del Sexo, que sostiene que ni las prostitutas ni los clientes deben ser sancionados. Obviamente está defendiendo los intereses de sus agremiadas. “Instrumentalizan nuestro dolor —asevera el sindicato— para justificar una sanción que no resuelve los problemas de explotación y trabajo forzado que padecemos”. El proyecto ha sido regresado a la Asamblea Nacional, que ya lo había aprobado pero ahora tendrá que volver a analizarlo para tomar la decisión definitiva.

Personalmente me parece que las caricias compradas son un asunto triste, pero, aunque las buenas conciencias crean otra cosa, no todas las prostitutas son esclavas sexuales. Las hay que practican su oficio sin que nadie las obligue. El Estado debe vigilar que no sean coaccionadas ni explotadas, y que lleven a cabo su ocupación en adecuadas condiciones de higiene. Debiera otorgárseles, como a cualquier trabajador, derechos laborales tales como seguridad social y jubilación. Todo eso se dificulta cuando, bajo el argumento de que la prostitución es inadmisible, se les empuja a las sombras de la clandestinidad.