A cuatro años de la masacre en San Fernando, Tamaulipas, en la que 72 personas migrantes fueron asesinadas por integrantes del crimen organizado con la aparente colusión de varios policías locales, las autoridades continúan sin cumplir su compromiso de tomar medidas para garantizar la seguridad de las personas migrantes en su paso por México.
El 22 de agosto de 2010, un grupo criminal asesinó a 72 personas, en su mayoría personas migrantes procedentes de Centro y Sudamérica, en el municipio de San Fernando. Durante el año siguiente, en ese mismo municipio se descubrieron cerca de 200 cuerpos más en fosas comunes, parte de los cuales podrían pertenecer a personas migrantes aún sin identificar.
La verdad detrás de estos crímenes no ha sido esclarecida ni los responsables han respondido ante la justicia. La identificación plena y fidedigna de todos los restos también sigue pendiente, aún quedan 11 cuerpos sin reconocer. La falta de transparencia en el manejo de los casos ha sido grave.
A los pocos días de encontrarse los cuerpos de los y las migrantes asesinados en 2010, el gobierno federal anunció que se pondría en marcha un plan coordinado para poner fin a los secuestros de personas migrantes.
No obstante, entre los meses de abril y mayo de 2011 se volvió a encontrar 193 cadáveres en 47 fosas clandestinas en San Fernando, entre los que se encontraban personas migrantes mexicanas y de otros países, y tampoco se siguieron procedimientos adecuados ni se han esclarecido los hechos; hay más de 150 cuerpos sin identificar. El 13 de mayo de 2012 fueron encontrados 49 torsos humanos a la altura de Cadereyta, Nuevo León, con una manta en la que el Cartel de los Zetas se atribuía los hechos. De acuerdo con el procurador de justicia de Nuevo León, entre las víctimas podría haber personas migrantes en situación irregular.
Tres años y cuatro meses después de lo sucedido, el 23 de diciembre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación que se queda corta frente a la situación que aborda; no califica los hechos como violaciones graves a derechos humanos, no ofrece una explicación sobre lo ocurrido, no toma en cuenta a las víctimas ni a sus familiares ni otorga una reparación integral del daño.
En su reciente informe sobre los derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la falta de asistencia que el Estado mexicano ha brindado a los familiares de migrantes desaparecidos, la falta de coordinación entre las autoridades del orden municipal, estatal y federal en lo que respecta a la identificación de cadáveres y a la cadena de custodia que se debe seguir una vez que son hallados en las fosas clandestinas, los problemas de metodología de diagnóstico en el proceso de recolección y análisis de restos, incluidos la identificación y el uso de genética forense, así como la falta de atención de familiares de los y las migrantes desaparecidos.
En este sentido, recomienda implementar el Protocolo para el Levantamiento e Identificación de Cadáveres y Restos Humanos, crear un banco de datos de información forense a nivel nacional, que integre a otros bancos forenses de la región, que cuando se tengan indicios de que los cadáveres pertenezcan a personas migrantes, se les proteja de cualquier innovación y no sean cremados ni enviados a fosas comunes. Finalmente, recomienda la creación de un mecanismo nacional que facilite el intercambio de información sobre restos no identificados y personas mexicanas y centroamericanas desaparecidas en México, debe integrarse en uno regional similar, ambos deben contar con la participación de la sociedad civil.
Amnistía Internacional hace hoy un urgente y enérgico llamado a las autoridades federales y estatales para que cumplan con las medidas anunciadas y que sigan las recomendaciones emitidas por la CIDH para garantizar la seguridad de las personas migrantes en el país, informen a la sociedad sobre las acciones que están tomando y sus resultados y esclarezcan los hechos ocurridos en San Fernando, otorgando una reparación integral a las personas que fueron víctimas.
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