A lo maduro

“Y lo queremos también para México”, dijo Dolores Padierna tras manifestar su apoyo en 2012 a la candidatura presidencial de Nicolás Maduro y aseverar que el modelo de Venezuela ha sido exitoso. El objetivo es inequívoco: “Y lo queremos también para México”.

            No se trata, entonces, de una hablilla falsa difundida para provocar temor a la eventual victoria de Andrés Manuel López Obrador en la próxima elección presidencial. Una prominente militante de Morena, el partido de López Obrador, cercanísima a éste, expresa de manera indudable que quieren para nuestro país un régimen como el venezolano, y tiene la osadía de sostener que ese régimen ha tenido éxito. Hoy mismo su credo no ha cambiado.

            ¿Exitoso ese modelo? Lo ha sido en hundir a su país. Al iniciarse el gobierno de Hugo Chávez el porcentaje de pobres en Venezuela era similar al de México: cuarenta y tantos por ciento. Ahora es de más de 80%. La tasa de homicidios dolosos es cuatro veces mayor que la nuestra. La escasez de artículos de primera necesidad —como alimentos, medicinas e insumos médicos— es crítica. En 2017, la ministra de Salud divulgó que en sólo un año la mortalidad materna aumentó 65%, la mortalidad infantil, 30% y los casos de malaria, 76%. A los pocos días fue despedida. Cáritas Venezuela señala que la desnutrición severa de niños menores de cinco años aumentó a 14.5%, lo que traspasa el umbral de crisis establecido por la Organización Mundial de la Salud.

            No hay ya instituciones públicas independientes que puedan frenar los abusos gubernamentales. El poder judicial está totalmente sometido. El máximo tribunal jamás ha dictado una sentencia contra el gobierno. El ombudsman es una marioneta. Leopoldo López fue condenado en una farsa de juicio. Varios alcaldes opositores han sufrido prisión y fueron inhabilitados para postularse a cargos públicos. Los medios de comunicación independientes han sido clausurados u hostigados, permanentemente.

            Entre abril y julio del año pasado, la policía y los colectivos —grupos armados— atacaron brutalmente las manifestaciones contra el gobierno, lo que provocó 124 muertes y casi 2,000 personas heridas (cifras oficiales). Hubo más de 5,000 detenidos, de los cuales 750 fueron procesados por la justicia militar y muchos sometidos a tortura. Entre 2015 y 2017 más de 500 personas murieron durante las redadas llevadas a cabo en la Operación Liberación del Pueblo. Hay alrededor de 400 presos sin haber cometido delito, sólo por ser opositores.

            Un decreto presidencial dio origen a la Asamblea Nacional Constituyente, convocada sin cumplirse el requisito constitucional de la consulta popular. Todos sus miembros son gobiernistas. Smartmatic, la empresa contratada por el gobierno para verificar los resultados, denunció que la elección fue fraudulenta. La Constituyente usurpó las funciones de la Asamblea Nacional, elegida por una amplia mayoría de la población.

            El tribunal supremo determinó que las personas u organizaciones que reciban financiamiento del exterior podrían ser juzgadas por traición a la patria. Cientos de servidores públicos fueron despedidos por apoyar el referéndum revocatorio del presidente Maduro. El gobierno abandonó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con lo que Venezuela queda fuera de la jurisdicción de la Corte Interamericana. Dos y medio millones de venezolanos han salido de su país.

            ¿Pero López Obrador respalda a los militantes de su partido que quieren el modelo chavista para México? Guardó silencio cuando la Embajadora venezolana en nuestro país expresó su agradecimiento a Morena por el apoyo dado a su gobierno. En cierta ocasión se le pidió su opinión de lo que está sucediendo en Venezuela. Respondió que no estaba enterado.

            Esa ignorancia sólo sería posible si el líder de Morena jamás hojeara un diario o escuchara un noticiero; si ni siquiera se hubiera enterado de que 17 ministros de Relaciones Exteriores de América firmaron la Declaración de Lima, en la que se condena la ruptura del orden constitucional y la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela, y de que la Unión Europea repudió la violencia contra las protestas pacíficas y la persecución de opositores políticos en ese país.