Amnistía Internacional

07 de octubre de 2021

En respuesta a una nueva investigación llevada a cabo por Lighthouse Reports, que documenta cómo las autoridades de varios países de la Unión Europea (UE) han detenido violentamente a migrantes y solicitantes de asilo y los han devuelto sumariamente a países fuera de las fronteras de la UE, Jelena Sesar, investigadora de Amnistía Internacional sobre los Balcanes, ha declarado:

“Estos son los datos más recientes que indican que en las fronteras exteriores de la UE son habituales la violencia y las devoluciones sumarias ilegales contra solicitantes de asilo y migrantes. En muchos países, como Grecia, Polonia, España o Croacia, la gente que busca seguridad y protección se encuentra con alambre de espinos y guardias fronterizos armados”.

15 de octubre de 2021

En un nuevo informe publicado hoy, Amnistía Internacional afirma que, si de verdad quieren poner fin a la impunidad imperante de la que se benefician las violaciones de derechos humanos en Latinoamérica y el Caribe, los gobiernos de la región deben abordar esa cuestión como problema estructural, aplicando protocolos adecuados de investigación, sometiendo a escrutinio la actuación de los altos mandos y trabajando con la sociedad civil para instaurar mecanismos efectivos e independientes de rendición de cuentas.

El documento en cuestión, titulado Policías bajo la lupa: Cinco claves para la supervisión y la rendición de cuentas de la policía en las Américas resume las conclusiones de una conferencia regional virtual, celebrada en enero de 2021 y auspiciada por Open Society Foundation (OSF), Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Essex y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que asistieron casi un centenar de personas entre activistas, gente del ámbito universitario y funcionariado público.

19 de octubre de 2021

Los ataques de los gobiernos a la libertad de expresión, combinados con la circulación de desinformación en todo el mundo durante la pandemia de COVID-19, han tenido un impacto devastador en la capacidad de la gente para acceder a información exacta y oportuna que la ayude a afrontar la creciente crisis de salud global, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe.

El informe Silenciamiento y desinformación: La libertad de expresión, en peligro durante la pandemia de COVID-19 revela cómo el recurso durante la crisis a la censura y el castigo por parte de gobiernos y autoridades ha reducido la calidad de la información que llega a la población. La pandemia ha creado una peligrosa situación en la que los gobiernos están utilizando nuevas leyes para silenciar la información independiente, así como para atacar a las personas que critican directamente su respuesta a la COVID-19, o incluso a las que han intentado investigar esa respuesta.

20 de octubre de 2021
Por Jurema Werneck y Erika Guevara-Rosas*

Transcurridos más de mil días de gobierno del presidente Jair Bolsonaro, Brasil está considerablemente peor que cuando asumió el cargo. La pésima gestión de la pandemia de COVID-19, la agudización de la crisis de seguridad pública y la gran devastación ambiental son sólo tres de los resultados de un mandato que ha  representado un verdadero desastre para los derechos humanos.

En el informe 1000 dias sem direitos – as violações do governo Bolsonaro (1.000 días sin derechos: Las violaciones del gobierno Bolsonaro), Amnistía Internacional ha puesto de manifiesto 32 actuaciones del gobierno que han conducido claramente a graves violaciones de derechos humanos desde la toma de posesión del presidente hasta el 26 de septiembre de 2021. Millones de personas en todo el país han notado los efectos de estás políticas nocivas en sus bolsillos, en sus mesas a la hora de comer, en sus territorios y en sus cuerpos.

22 de octubre de 2021

Ante la respuesta negativa del gobierno cubano a las peticiones de la sociedad civil para llevar a cabo la Marcha Cívica por el Cambio, convocada para el 15 de noviembre con la intención de abogar por la liberación de personas activistas detenidas por ejercer sus derechos, incluido desde las históricas protestas del 11 de julio, así como por el respeto a los derechos humanos y la solución de las diferencias a través del diálogo, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo:

“Grupos de personas de varias provincias del país han estado entregando, en las últimas semanas, solicitudes a los diferentes gobiernos locales para pedir autorización de llevar a cabo marchas pacíficas, organizadas de forma clara y definida en un ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de expresión. En lugar de garantizar estos derechos, el gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel ha declarado que estas marchas cívicas son ‘ilícitas’ y ‘anticonstitucionales’, violando nuevamente el derecho a la protesta pacífica en Cuba”.

26 de octubre de 2021

Ante la vista del recurso contra la decisión de un tribunal británico de no conceder la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, la secretaria general de Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades estadounidenses que retiren los cargos contra él y que las autoridades británicas no lo extraditen, sino que lo dejen en libertad de inmediato.

Agnès Callamard hace este llamamiento tras una investigación de Yahoo News que revela que los servicios de seguridad de Estados Unidos consideraron la posibilidad de secuestrar o matar a Julian Assange cuando residía en la embajada de Ecuador en Londres. Esto debilita aún más las ya poco fiables garantías diplomáticas estadounidenses de que Assange no será puesto en condiciones que podrían constituir malos tratos si es extraditado.

28 de octubre de 2021

Los Estados de las Américas no brindan protección internacional y seguridad a las personas haitianas en movimiento, lo que las expone a diversas violaciones de derechos humanos, como detenciones y expulsiones sin el debido procedimiento por parte de las autoridades; extorsión; discriminación racial contra las personas negras; abusos de grupos armados, que incluyen la violencia de género; y falta de acceso a vivienda adecuada, atención de la salud y empleo; así lo afirman Amnistía Internacional y Haitian Bridge Alliance en un nuevo informe publicado hoy.

“Mientras la situación política y económica continúa deteriorándose en Haití, lo que facilita violaciones masivas de derechos humanos, secuestros y violencia generalizada, los Estados de las Américas no protegen a las personas haitianas en movimiento, que buscan estabilidad y seguridad, así como garantías de que no serán deportadas a Haití, donde pueden enfrentarse a graves riesgos para sus vidas y su seguridad”, ha afirmado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.