Por Luis de la Barreda Solórzano
8 de septiembre de 2022

El artículo 1º de la Constitución no deja lugar a dudas: las normas relativas a derechos humanos se deben interpretar de conformidad con la propia ley fundamental y los tratados internacionales de la materia favoreciendo la protección más amplia a los derechos de las personas. Es lo que en la doctrina jurídica se conoce como el principio pro persona.

No hay, pues, tratándose de normas que se refieren a derechos humanos, una jerarquía a priori entre la Constitución y los tratados internacionales suscritos por nuestro país: son aplicables, de acuerdo con el artículo 1º constitucional, las disposiciones que mejor protegen tales derechos. Si éstos quedan más protegidos en las normas de un tratado, se deben aplicar éstas, aplicación que no transgrede la Constitución, sino acata lo dispuesto en su primer artículo.

La Suprema Corte de Justicia aún no ha perdido la oportunidad, de esas que son infrecuentes, de hacer valer su calidad de tribunal constitucional defensor de los derechos humanos. El Presidente ha ejercido sobre los ministros una presión impropia de un gobernante respetuoso del Estado de derecho y el principio de la división de poderes —él no lo es—, y el asunto de la prisión preventiva oficiosa se encuentra en suspenso. Según se ha anunciado, hoy será la votación.

Entre los innumerables casos de presos sin sentencia, dos de ellos, el de Alejandra Cuevas —privada de la libertad durante 528 días, acusada por el odio de un poderoso de un delito que no existe en la legislación mexicana— y el de Israel Vallarta —en prisión desde hace casi 17 años, víctima de rocambolescas violaciones al debido proceso— debieran bastar para que los ministros reflexionen sobre el atropello de tener encarcelados a inculpados sin fundamento legal, sin verdaderas pruebas y/o por una eternidad, en lugar de sujetarlos a otras medidas cautelares, incluso, si es necesario, a vigilancia policiaca constante, menos onerosa que mantenerlos en la cárcel.

No se trata de abolir la prisión preventiva, sino de reducirla a su mínima expresión, es decir, limitarla, fuera cual fuere el delito imputado, a los casos en que el artículo 19 de la Constitución exige que el juez la justifique: cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.

En las cárceles mexicanas se hacinan 92,000 presos sin sentencia. La privación de la libertad de estos presos es una pena sin condena. Algunos de ellos quizá deban estar en prisión preventiva porque se encuentran en alguna de las situaciones señaladas en el párrafo anterior, pero otros muchos podrían enfrentar su proceso en libertad.

Mucha gente supone que si un imputado no es encarcelado preventivamente, el delito quedará impune. Es una creencia arraigada. Pero sin sentencia condenatoria, ese imputado aún no puede considerarse culpable, y la escandalosa impunidad que padece nuestro país obedece a la terrible ineficacia de las procuradurías de justicia, tanto en el fuero federal como en el fuero común.

Como advierte Jorge Castañeda, sería inverosímil que no tuviese impacto en la votación de los ministros lo que le hicieron a su colega Eduardo Medina Mora, que renunció a la Suprema Corte probablemente para librar la amenaza de prisión preventiva oficiosa sin que jamás existiera acusación ni se conocieran pruebas en su contra (“Las presiones funcionaron”, Nexos, 6 de septiembre).

El autoritarismo se ha abierto paso en nuestro México con la colaboración de quienes, por falta de coraje o por ceder a la intimidación, se abstienen de echar mano de los instrumentos que les permitirían ser contrapeso del poder abusivo del gobierno.

Fuente:
https://www.excelsior.com.mx/opinion/luis-de-la-barreda-solorzano/prision-sin-condena/1538263
(30/09/22)

Por Luis de la Barreda Solórzano
22 de septiembre de 2022

El Consejo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reprobó por amplia mayoría —ocho de diez consejeros— la decisión de la presidenta del organismo no sólo de abstenerse de interponer una acción de inconstitucionalidad, sino también de respaldar explícitamente la absorción de la Guardia Nacional por el Ejército. La condena de los consejeros a quien preside el organismo no tiene precedente.

Lo usual era que el defensor público de los derechos humanos y sus consejeros dialogaran, examinaran y trazaran conjuntamente el rumbo de la CNDH y sus líneas de acción, y analizaran, escuchándose a todos, los asuntos más delicados e importantes para llegar a una posición de consenso. Esta vez, la titular de la Comisión desoyó a sus consejeros, quienes le propusieron que interpusiera la acción de inconstitucionalidad. Desatendida la petición, ocho de los integrantes del Consejo han hecho público un documento en el que lamentan que Rosario Piedra desconsidere el marco constitucional y los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos.

Pero la actitud de la señora Piedra en este caso no difiere de la que ha asumido desde el inicio de su gestión. Designada fraudulentamente, pues no reunía los requisitos ni alcanzó en el Senado la votación que exige la Constitución, protestó el cargo desoyendo a las organizaciones civiles de búsqueda de desaparecidos que la instaron a no aceptarlo por las condiciones en que fue ungida, y desde entonces jamás ha levantado la voz condenando las violaciones a derechos humanos perpetradas por el gobierno federal.

Ni una palabra protestando por la desaparición del Seguro Popular, el desabasto de medicamentos, incluyendo los de los niños con cáncer, los recortes presupuestales al sector salud, la manera negligente y contraria a las evidencias científicas en que se enfrentó la pandemia de covid-19, la discriminación a los médicos de los hospitales privados a quienes se negó un lugar prioritario en la vacunación contra el coronavirus.

Ni una palabra exigiendo que se deje de presionar, injuriar o calumniar a columnistas e intelectuales críticos, a exservidores públicos, a jueces, magistrados y ministros, a legisladores que no se han plegado a sus designios. Ni una palabra sobre el caso del exministro Eduardo Medina Mora, orillado a renunciar como ministro de la Suprema Corte para que no quedaran congeladas sus cuentas bancarias y las de sus hermanos. Ni una palabra sobre el linchamiento que fue la consulta para juzgar a los expresidentes.

Ni una palabra sobre los recortes de recursos a la ciencia, la tecnología, la innovación tecnológica. Ni una palabra sobre los denuestos contra las universidades. Ni una palabra sobre la contrarreforma educativa, ese crimen contra los niños y los adolescentes que van o irán a escuelas públicas. Ni una palabra sobre el proyecto de la Secretaría de Educación Pública que propone adoctrinar a los alumnos en una ideología sectaria, anquilosada, contraria a los méritos, la excelencia académica, las evaluaciones, la superación personal. Ni una palabra sobre la eliminación de las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo.

Ni una palabra sobre las inauditas persecuciones penales —contra la razón, y el derecho— contra 31 científicos de prestigio nacional e internacional, contra la cuñada y la sobrina política del fiscal general de la República, contra Ricardo Anaya y contra Jesús Murillo Karam. Ni una palabra sobre las reformas inquisitoriales a la Constitución y a la legislación penal.

Ni una palabra sobre el ofensivo apoyo del Presidente a la candidatura para gobernador de un presunto violador ni sobre su propuesta para embajador de un presunto hostigador sexual, ambos denunciados por varias mujeres víctimas de sus delitos y sus bajezas.

Ni una palabra sobre el ecocidio que está causando la obra del Tren Maya en el sureste mexicano ni sobre el decreto que declara de seguridad nacional ésa y otras obras del gobierno a fin de que no procedan las suspensiones en los juicios de amparo.

La CNDH dejó de ser un escudo contra los abusos de poder.

Fuente:
https://www.excelsior.com.mx/opinion/luis-de-la-barreda-solorzano/la-silente-cndh/1541243
(30/09/22)