México, lugar 99 en “orden y seguridad” entre 102 países
En su edición 2015, el Proyecto de Justicia Mundial (WJP) Índice del Estado de Derecho aporta información original e imparcial sobre cómo el estado de derecho es vivido por el público en general en 102 países alrededor del mundo.
El PJM Índice de Estado de Derecho 2015 se basa en encuestas a más de 100,000 hogares y a 2,400 expertos para medir cómo se da el estado de derecho en situaciones prácticas y cotidianas de la gente común en todo el mundo. El rendimiento se evaluó a través de 44 indicadores en ocho categorías, cada una de las cuales se gradúa y califica a nivel mundial y en contra de sus pares regionales y de ingresos:
- Poderes limitados del gobierno
- Ausencia de corrupción
- Transparencia en el gobierno
- Derechos fundamentales
- Orden y seguridad
- Reglamentación de la ley
- Justicia civil y
- Justicia penal
El Índice de Estado de Derecho es el más confiable índice de su tipo y el único confiable con información primaria. Las calificaciones del Índice están construidas desde evaluaciones a residentes locales (1,000 por país) y a expertos legales de la zona, asegurando que los hallazgos reflejen las condiciones experimentadas por la población particularmente el sector marginado de la sociedad.
De esta manera, el Índice de Estado de Derecho 2015 ubicó a México en el número 79 de 102 países evaluados a nivel mundial y en el número 14 de 19 países regionalmente. El número 1 es el mejor evaluado y el 102 el peor.
Así, en el factor “Poderes limitados del gobierno” México se ubicó en el lugar 61 conforme a los siguientes indicadores: Límites del Congreso, Límites del Poder Judicial, Independencia auditora, Sanciones a la conducta antiética de la autoridad, Participación de Organizaciones No Gubernamentales y Transición Legítima del Poder.
En el factor “Ausencia de Corrupción”, México ocupó el lugar 88. Se tomaron en cuenta los indicadores de Ausencia de corrupción en el Poder Ejecutivo, Ausencia de corrupción en el Poder Judicial, Ausencia de corrupción en las áreas policiales y militares y Ausencia de corrupción en el Congreso.
En “Transparencia en el gobierno”, rubro en el que obtuvo su mejor evaluación, el estado mexicano ocupó el lugar 42 (de 102 países). Aquí se tomaron en cuenta los indicadores de Accesibilidad a la ley, Derecho de petición y participación, Derecho a la información y Mecanismos de queja.
En el tema de “Derechos fundamentales”, México quedó en el lugar 56. Se tomaron en cuenta Trato igualitario y no discriminación, Derecho a la vida y a la seguridad, Respeto al debido proceso, Libertad de expresión, Libertad de religión, Derecho a la privacidad, Libertad de asociación y Derechos laborales.
En “Orden y seguridad” se consideraron los siguientes indicadores: Ausencia de delitos, Ausencia de conflictos civiles y Ausencia de indemnización por la violencia. En este punto, México alcanzó una posición pésima al ocupar el lugar 99, apenas 3 lugares por encima del país peor evaluado.
En cuanto a “Reglamentación de la ley”, México quedó en el lugar 53. Se tomó en cuenta la Efectividad en la reglamentación de la Ley, Ausencia de Influencias inapropiadas, Ausencia de dilaciones injustificadas, Respeto al debido proceso y No expropiación con o sin la debida compensación.
En “Justicia Civil”, México calificó en el lugar 82, es decir, 20 lugares por arriba del peor calificado. Se consideró Accesibilidad y asequibilidad, No discriminación, No corrupción, Ausencia de Influencias inapropiadas y Ausencia de dilaciones injustificadas, entre otros.
Finalmente, en cuanto a “Justicia penal”, México quedó en el lugar 93 de 102 países. Esta fue su peor evaluación, apenas por encima de Bolivia, Honduras y Venezuela en la región. Se tomaron en cuenta para este factor los siguientes indicadores: Investigaciones efectivas, Efectividad y tiempo en la adjudicación, Efectivo sistema correccional, No discriminación, No corrupción, Ausencia de Influencias inapropiadas en el gobierno y Debido proceso en la ley.
El ‘Proyecto Mundial de Justicia’ (World Justice Proyect) es una organización independiente y multidisciplinaria que trabaja en las mejoras de las leyes alrededor del mundo y es apoyada, entre otras personalidades, por Bill Gates.
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