El persistente costo de una crisis ignorada

 Informe de Human Rights Watch

20 de febrero de 2013

1. Resumen ejecutivo[1]

Cuando Enrique Peña Nieto asumió la presidencia el 1 de diciembre de 2012, recibió un país asolado por la violencia vinculada al narcotráfico, que le costó la vida a más de 60.000 mexicanos a lo largo de seis años. La “guerra contra el narcotráfico” iniciada por su predecesor, Felipe Calderón, tuvo resultados calamitosos. No sólo no logró contener a las poderosas organizaciones delictivas que operan en el país, sino que además generó un incremento dramático de las graves violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad a las cuales se encomendó la misión de enfrentar a esas organizaciones. En vez de reforzar la seguridad pública, estos abusos exacerbaron el clima de violencia, caos y temor.

Durante gran parte de su presidencia, Calderón negó que las fuerzas de seguridad hubieran cometido abusos, a pesar de que cada vez más evidencias indicaban lo contrario. Recién en el último año de su mandato reconoció que se habían producido violaciones de derechos humanos y adoptó una serie de medidas positivas—aunque muy limitadas—para erradicar algunas prácticas abusivas. Sin embargo, no logró cumplir con su principal obligación fundamental de asegurar que las gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas por militares y policías fueran investigadas y se juzgara a los responsables.

Esa responsabilidad le corresponde ahora al Presidente Peña Nieto. Y en ningún caso es más urgente que en el de aquellas personas que han sido llevadas contra su voluntad y cuyo paradero aún se desconoce. La característica que distingue a estos delitos de otros es que, mientras se ignore el destino de la víctima, tienen carácter continuo. Cada día que pasa es otro día sin que las autoridades hayan encontrado a las víctimas, y otro día que las familias siguen sufriendo por no saber qué les sucedió a sus seres queridos.

Human Rights Watch ha documentado casi 250 desapariciones de este tipo que se han producido desde 2007. En más de 140 de esos casos, las evidencias sugieren que se trató de desapariciones forzadas, es decir, participaron en ellas actores estatales en forma directa, o bien indirectamente mediante su colaboración o aquiescencia. Estos delitos han sido cometidos por miembros de todas las fuerzas de seguridad que intervienen en operativos de seguridad pública, en ocasiones conjuntamente con la delincuencia organizada. En los demás casos, no pudimos determinar, a partir de la evidencia disponible, si hubo participación de actores estatales en el delito, si bien esta posibilidad no queda excluida.

 En casi todos los casos, las autoridades no adoptaron medidas oportunas ni exhaustivas para buscar a las víctimas ni investigar lo sucedido. Fueron excepcionales los casos en que los agentes del Ministerio Público tomaron medidas básicas de investigación que son cruciales para encontrar a personas desaparecidas. Muchas veces, incluso, se mostraron más proclives a sugerir que las víctimas tenían algún tipo de culpa y, en clara señal de que no consideran prioritaria la solución de este tipo de casos, indicaron a los familiares que efectuaran la búsqueda por sus propios medios. Cuando los agentes del Ministerio Público sí investigaron lo sucedido, sus esfuerzos se vieron contrarrestados por demoras, errores y omisiones. Las búsquedas e investigaciones también debieron superar otros obstáculos estructurales, incluidas normas excesivamente acotadas y ausencia de herramientas indispensables, como una base de datos nacional sobre personas desaparecidas.

Los esfuerzos ineficaces o inexistentes realizados por algunas autoridades para encontrar a personas que fueron sustraídas potencian el sufrimiento de los familiares de las víctimas, para quienes no saber qué les sucedió a sus seres queridos provoca un desconsuelo constante. Muchos familiares postergan todos los demás aspectos de su vida y se dedican exclusivamente a buscar a las personas desaparecidas, una tarea que, según sienten, no pueden abandonar hasta saber la verdad. Más grave aún, los familiares de víctimas pueden perder acceso a servicios sociales y beneficios básicos —como atención de la salud y cuidado de los niños— que recibían anteriormente a través del empleo de la víctima. Esto los obliga a intentar recuperar los beneficios, lo cual conlleva un alto costo económico y emocional.

Los casi 250 casos documentados en este informe no representan en absoluto la totalidad de las desapariciones ocurridas en México durante el gobierno del ex Presidente Calderón. Por el contrario, no existen dudas de que hay miles de casos más. Por ejemplo, funcionarios de Coahuila indicaron a Human Rights Watch que 1.835 personas habían desaparecido solamente en ese estado entre diciembre de 2006 y abril de 2012. Incluso más preocupante es una lista provisoria elaborada por la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República—que se filtró en noviembre de 2012—que incluye los nombres de más de 25.000 personas desaparecidas o extraviadas durante el gobierno de Calderón y cuyo paradero aún se desconoce. Si bien la lista contiene información incompleta y la metodología que se aplicó para prepararla es defectuosa, la cifra no deja dudas sobre la magnitud sin precedentes de la actual ola de desapariciones.

Durante los años en que el gobierno de Calderón ignoró el creciente problema de las desapariciones, el país no adoptó medidas serias para abordarlo. Esto dio lugar a la crisis más profunda en materia de desapariciones forzadas que se haya producido en América Latina en las últimas décadas. Si el gobierno de Peña Nieto repite esta estrategia fallida y no establece un plan integral y efectivo para investigar desapariciones ocurridas en el pasado y ayudar a prevenirlas en el futuro, los casos de desapariciones muy probablemente continuarán en ascenso. Y miles de familias de víctimas seguirán sumidas en la desesperación de no saber qué les sucedió a sus seres queridos.

No obstante, un enfoque distinto es posible. Y Human Rights Watch pudo comprobarlo en el estado de Nuevo León, donde en respuesta a las presiones de familiares de víctimas y defensores de derechos humanos, los agentes del Ministerio Público han dejado atrás un patrón de inacción y falta de diligencia, y han comenzado a examinar seriamente un grupo específico de casos de desapariciones. Los esfuerzos de estos funcionarios les permitió recuperar la confianza de los familiares de las víctimas, y conseguir de este modo que colaboren con las investigaciones, lo cual ha sido crucial para identificar nuevas pistas y reunir pruebas valiosas. Si bien hasta el momento los resultados de estas investigaciones siguen siendo moderados y son muy pocas las personas desaparecidas que han sido halladas, el enfoque ofrece un modelo para superar algunos de los mayores obstáculos para la resolución de los casos de desapariciones.

En definitiva, el éxito de estas y otras iniciativas impulsadas en los estados dependerá en gran medida de que el gobierno federal tenga la capacidad y el interés necesarios para cumplir con su parte. Se trata, después de todo, de un problema de alcance nacional, que en muchos casos involucra a las fuerzas de seguridad federales y organizaciones delictivas cuya presencia en los estados no reconoce fronteras. Es posible que las fosas comunes halladas en un estado contengan restos de personas que fueron desaparecidas en otros. Resulta fundamental adoptar una estrategia integral—basada en iniciativas de alcance nacional como la creación de bases de datos unificadas y precisas sobre personas desaparecidas y restos no identificados—que otorgue a los agentes del Ministerio Público, funcionarios de seguridad pública y familiares las herramientas necesarias para encontrar a estas personas y llevar ante la justicia a los responsables de su desaparición.

 

Desapariciones forzadas

Human Rights Watch ha documentado 249 desapariciones cometidas en México desde diciembre de 2006. En 149 de estos casos, encontramos evidencias contundentes de que actores estatales habrían participado en la desaparición, ya sea por sí solos o en colaboración con organizaciones delictivas. En estos 149 casos han estado implicados miembros de todas las fuerzas de seguridad que intervienen en operativos de seguridad pública, es decir, el Ejército, la Marina, la Policía Federal, y/o las policías estatales y municipales.

La mayoría de los casos de posible desaparición forzada que documentamos responden a un patrón, en el cual miembros de las fuerzas de seguridad detienen arbitrariamente a personas sin la correspondiente orden de detención y sin indicios suficientes que justifiquen esta medida. En muchos casos, las detenciones se llevan a cabo en la vivienda de la víctima, frente a otros familiares, mientras que en otros se producen en retenes de control, el lugar de trabajo o en establecimientos públicos como bares. Los soldados y policías que efectúan estas detenciones casi siempre visten uniformes y conducen vehículos oficiales. Cuando los familiares de las víctimas preguntan sobre el paradero de los detenidos en las dependencias de las fuerzas de seguridad y en el Ministerio Público, les indican que esas personas nunca fueron detenidas.

En algunos casos, las evidencias sugieren que un cuerpo concreto de las fuerzas de seguridad efectuó múltiples desapariciones aplicando las mismas tácticas durante un período breve y en una misma zona. Por ejemplo, Human Rights Watch recogió testimonios de testigos, así como fotografías y grabaciones de video, que señalan que miembros de la Marina cometieron más de 20 detenciones arbitrarias en junio y julio de 2011, en los estados vecinos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Casi todas estas personas fueron detenidas arbitrariamente por miembros de la Marina en sus viviendas. La Marina negó en un primer momento haberse llevado a los hombres, pero luego se contradijo al admitir en diversos comunicados de prensa que había mantenido contacto con varios de ellos antes de que desaparecieran. El paradero de estas personas se desconoce desde el día en que fueron detenidas. El modus operandi aplicado comúnmente en estos casos sugiere que estos delitos podrían haber sido planificados y coordinados, o al menos no podrían haberse concretado sin conocimiento de funcionarios de alto rango de la Marina.

En aquellos casos en que agentes estatales actúan junto con la delincuencia organizada para perpetrar las desapariciones, la colaboración puede darse de distintas maneras. Más frecuentemente, miembros de las fuerzas de seguridad detienen arbitrariamente a las víctimas y luego las entregan a organizaciones delictivas. A veces, estos policías, soldados y agentes investigadores actúan en connivencia con organizaciones criminales para extorsionar a familiares de las víctimas, o dan aviso a estas organizaciones cuando los familiares de las víctimas denuncian las desapariciones, un dato que los secuestradores luego utilizan para hostigar e intimidar a las familias. En más de una decena de casos, las evidencias indican que agentes estatales habrían utilizado información aportada por los familiares de las víctimas para simular que eran los secuestradores y exigir el pago de un rescate.

Además de estos casos de desaparición forzada, también documentamos otros 100 casos de desaparición. En estos, las personas fueron llevadas contra su voluntad, a menudo por hombres armados, y al día de hoy se desconoce su paradero. No tenemos conocimiento de evidencias que señalen que hayan participado actores estatales en estos delitos. Sin embargo, debido a la frecuente participación de policías y militares que se puede comprobar en otras desapariciones, y dado que no se han efectuado investigaciones exhaustivas, es imposible excluir la posibilidad de que haya habido intervención de actores estatales en estos casos. De cualquier forma, aun cuando estas desapariciones constituyen delitos perpetrados exclusivamente por actores privados—a diferencia de las desapariciones forzadas—y no se encuadran en la definición de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el Estado tiene la responsabilidad de investigar todas las desapariciones, con independencia de quién sea responsable. Asimismo, conforme al derecho internacional y la Ley General de Víctimas de reciente vigencia en México, el gobierno tiene la obligación jurídica de brindar a las víctimas de delitos un recurso efectivo, que garantice el derecho a la justicia, la verdad y una reparación adecuada.

Serias deficiencias en las investigaciones

Nuestra investigación demuestra que es habitual que las autoridades no respondan de manera oportuna cuando las víctimas, sus familiares o testigos denuncian las privaciones ilegales de la libertad en el momento en que estas se producen. Y cuando los familiares de las víctimas u otras personas denuncian las desapariciones, son pocos los casos en que los agentes del Ministerio Público y funcionarios de seguridad pública actúan inmediatamente para buscar a la víctima o los responsables. A pesar de las solicitudes de los familiares, no se localizan los teléfonos celulares de las víctimas ni se controlan los movimientos en sus cuentas bancarias, no se obtienen las grabaciones de cámaras de seguridad (que suelen ser borradas automáticamente después de un cierto tiempo), ni tampoco se adoptan otras medidas que sólo son efectivas dentro de un determinado plazo. Por el contrario, es común que agentes del Ministerio Público y funcionarios de seguridad pública indiquen equivocadamente a los familiares que, por ley, deben esperar varios días para presentar una denuncia formal, y les aconsejan que ellos mismos busquen a la persona desaparecida en dependencias policiales y bases militares, lo cual supone un riesgo para la familia. O bien los agentes del Ministerio Público a veces determinan prematuramente que no tienen competencia para investigar el caso. Estas demoras y omisiones injustificadas provocan la pérdida irreversible de información que podría haber salvado la vida de las víctimas y ayudado a ubicar a los responsables.

Como si esto fuera poco, cuando los agentes del Ministerio Público, policías ministeriales y funcionarios de seguridad pública atienden a familiares de desaparecidos, es común que sugieran que las víctimas posiblemente fueron agredidas debido a que están implicadas en actividades ilícitas, incluso cuando no tienen pruebas para hacer tales señalamientos. Las autoridades invocan esta presunción infundada como un pretexto para no iniciar investigaciones, y así excluyen y hostigan a personas cuya colaboración podría haber sido crucial para encontrar a la víctima desaparecida. Si bien es razonable que las autoridades evalúen los antecedentes de las víctimas como una posible línea de investigación, Human Rights Watch comprobó que algunos funcionarios asumían automáticamente que las víctimas tenían algún vínculo delictivo antes de iniciar una investigación preliminar, y mantenían esta postura aun cuando las evidencias señalaban claramente lo contrario.

En los casos en que los agentes del Ministerio Público sí inician una investigación, con frecuencia solicitan a los familiares de las víctimas que se ocupen de algunas tareas que son parte de la investigación y deberían ser realizadas por funcionarios, como entrevistar a testigos e intentar localizar a presuntos responsables. Es pertinente y, sin duda, necesario que los agentes del Ministerio Público colaboren con familiares de las víctimas en la investigación de desapariciones. No obstante, en todos los casos analizados, Human Rights Watch comprobó que se dependía de manera desproporcionada, o incluso absoluta, de la colaboración de los familiares para llevar a cabo tareas de investigación básicas. Como parte de este círculo vicioso, los familiares continúan asumiendo responsabilidades que corresponden a las autoridades porque saben que los funcionarios a cargo de la investigación no actuarán por su propia iniciativa. Y en vez de cumplir con aspectos de la investigación que son de su incumbencia, algunos agentes del Ministerio Público y funcionarios de seguridad pública se acostumbran progresivamente a delegar estas tareas a familiares de las víctimas. Los familiares no sólo no están capacitados para trabajar en estos aspectos de la investigación, sino que esto puede exponerlos a un riesgo considerable: en varios casos, la iniciativa de los familiares, que actuaban a instancias de agentes del Ministerio Público, hizo que fueran objeto de amenazas y agresiones.

Además de depender excesivamente de los familiares, a menudo los agentes del Ministerio Público no adoptan medidas básicas para la investigación. Entre las omisiones más habituales documentadas por Human Rights Watch se incluyen las siguientes: no entrevistar a familiares de las víctimas, testigos u otras personas que podrían haber aportado datos relevantes; no entrevistar a posibles responsables; no seguir pasos de investigación obvios, como obtener los nombres de policías y soldados asignados a unidades implicadas en las desapariciones; y no visitar el lugar de los hechos para recabar pruebas. Incluso en los casos en que los funcionarios judiciales cumplieron pasos básicos de las investigaciones, a menudo esperaban demasiado tiempo para concretar estas tareas y, para entonces, ya no era posible identificar posibles indicios.

En algunos casos los agentes del Ministerio Público y funcionarios de seguridad pública extraviaron pruebas cruciales, como muestras de ADN de familiares de víctimas, y cometieron errores al recopilar información clave sobre los hechos, como registrar datos erróneos respecto de dónde o cuándo desaparecieron las víctimas. En algunas instancias policías y funcionarios judiciales falsificaron pruebas —por ejemplo, indicaron haber efectuado entrevistas que nunca realizaron— y en otras manipularon o destruyeron evidencias importantes, lo cual sugiere que podrían haberlo hecho con el fin de proteger a los responsables del delito.

Además de no resolver los casos individuales y exacerbar el clima general de impunidad, estas serias deficiencias en la investigación permiten que los miembros de las fuerzas de seguridad y organizaciones delictivas que llevan a cabo múltiples desapariciones cometan nuevamente estos delitos. En varios casos, Human Rights Watch encontró evidencias persuasivas de que los mismos agentes estatales, frecuentemente con la colaboración de organizaciones criminales, habían tenido intervención en varias desapariciones perpetradas en incidentes distintos. En estos casos, los agentes del Ministerio Público y funcionarios de seguridad pública no tomaron en cuenta evidencias que, si hubieran sido investigadas adecuadamente, podrían haber evitado otras desapariciones.

 

Impacto en familiares de las víctimas

Las desapariciones afectan profundamente casi todos los aspectos de la vida de las familias de las víctimas. Según manifestaron los familiares, no saber qué había sucedido a sus seres queridos es una fuente inagotable de sufrimiento, que empeora ante los débiles esfuerzos de los agentes del Ministerio Público por dar con su paradero. Muchos dijeron que sienten una obligación imperiosa de postergar los demás aspectos de su vida para dedicarse de lleno a buscar a sus seres queridos. Los familiares hicieron referencia a las graves secuelas emocionales y psicológicas de la pérdida sufrida, que incluían estados de depresión y el temor constante de que a otra persona de su círculo le suceda lo mismo. Varios de los familiares en los casos documentados en este informe intentaron cometer suicidio, incluido el caso de por lo menos un menor. Las desapariciones también afectan gravemente las relaciones entre familiares de las víctimas, que sobrellevan de manera distinta, y a veces opuesta, los desacuerdos que a veces tienen sobre cuestiones trascendentales como, por ejemplo, si seguir buscando a la persona desaparecida.

Las familias que siguen intentando encontrar a las personas desaparecidas, discuten públicamente sus casos o exigen a las autoridades que investiguen lo sucedido a menudo son objeto de hostigamiento, amenazas y agresiones. Estos actos hostiles generalmente procuran disuadir a los familiares de que exijan justicia, y manipulan el profundo temor que sienten las víctimas a perder a otro ser querido. Asimismo, tales actos aterrorizan no sólo a las personas a quienes están dirigidos, sino también a otros familiares de desaparecidos y miembros de la sociedad en general, que temen exponerse a riesgos si reclaman justicia.

En México, las desapariciones también tienen consecuencias económicas devastadoras para las familias de las víctimas, y afectan especialmente a grupos vulnerables como los hijos y las familias que viven en condiciones de pobreza. Las personas desaparecidas en los casos documentados por Human Rights Watch son, casi en su totalidad, hombres de escasos recursos que, en muchos casos, representaban el único sostén económico de familias con varios hijos. Debido a su ausencia, sus cónyuges y parejas debieron reaccionar rápidamente para adaptarse a la pérdida del ingreso y poder mantener a sus familias. Esta dificultad económica se ve agravada por el sistema de asistencia social de México, en el cual se supedita la prestación de algunos servicios a que uno de los miembros de la familia tenga empleo. Por lo tanto, la desaparición puede suspender el acceso a beneficios sociales como atención de la salud y cuidado infantil. A fin de conservar el acceso a estos servicios indispensables, los familiares debieron iniciar procedimientos burocráticos costosos y prolongados para que las autoridades reconocieran que la persona estaba desaparecida o muerta, lo cual acentuó su sufrimiento.

 La Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (PROVÍCTIMA) se creó en 2011 para brindar asistencia emocional, económica y legal a familiares de víctimas, con especial énfasis en la atención de familias de personas desaparecidas. La mayoría de las familias entrevistadas por Human Rights Watch nunca habían estado en contacto con este organismo, y tenían un conocimiento mínimo o nulo de los servicios que ofrecía. Por su parte, más de 30 familias de víctimas que sí habían acudido a PROVÍCTIMA para recibir ayuda dijeron a Human Rights Watch que este organismo no cumplía con los compromisos asumidos, como por ejemplo, prestar asistencia médica para que familiares pudieran someterse a intervenciones quirúrgicas. Asimismo, la gran mayoría de estas familias dijeron que PROVÍCTIMA presionó a familiares para que asumieran que sus seres queridos habían muerto, a pesar de que no existían pruebas que justificaran esta conclusión, lo cual agravó aún más su padecimiento.

 

Un nuevo enfoque: el ejemplo de Nuevo León

En los últimos años, Nuevo León ha sido uno de los estados más gravemente afectados por desapariciones. Las estimaciones al respecto indican que podría haber más de 600 personas desaparecidas (de acuerdo con datos oficiales) o incluso más de 1.000 (según señalan defensores de derechos humanos locales) desde el inicio del gobierno de Calderón. En 2010 y 2011, Human Rights Watch llevó a cabo varias visitas de investigación a Nuevo León para recabar datos sobre desapariciones forzadas y otros abusos, y pudo comprobar que existía un clima de impunidad casi absoluta similar al observado en varios otros estados de México. A pesar de que había evidencias claras sobre desapariciones forzadas, en general los agentes del Ministerio Público no investigaban a los militares y policías implicados. Esto generó una profunda desconfianza hacia las autoridades entre las víctimas y sus familiares, e incluso los agentes del Ministerio Público que intentaban de manera genuina investigar estos delitos prácticamente no tenían incentivos para hacerlo. En un círculo vicioso de desconfianza y anomalías, cuanto menos colaboración hay entre víctimas y funcionarios para la resolución de estos delitos, más arraigado se torna el clima de impunidad.

Pero luego se produjo un cambio. Por medio de un movimiento de base que congrega a víctimas, y asociados con una organización de derechos humanos local, los familiares de desaparecidos exigieron en forma colectiva que las autoridades impulsaran las investigaciones con seriedad. Ante las insistentes presiones, los funcionarios del estado aceptaron trabajar con las familias en la investigación de las desapariciones. En un primer momento, existía desconfianza de ambas partes. Sin embargo, a medida que los agentes del Ministerio Público —impulsados ahora por las familias a investigar los hechos y enfrentados a tener que rendir cuentas— comenzaron a examinar los hechos con seriedad, pudieron recuperar gradualmente la confianza de los familiares de las víctimas. Y los familiares, por su parte, empezaron a colaborar de manera más directa con los agentes del Ministerio Público. La combinación de esfuerzos genuinos por parte de los agentes del Ministerio Público y la ayuda y orientación de los familiares generó una nueva dinámica que permitió que algunas investigaciones avanzaran por primera vez en años.

Los resultados conseguidos en investigaciones concretas, aun si fueron limitados, despertaron la esperanza de que se pudieran resolver estos crímenes aberrantes, en muchos de los cuales parecían estar implicados agentes estatales. El círculo vicioso dio paso a un incipiente círculo virtuoso: a medida que los agentes del Ministerio Público ampliaban las investigaciones, se fortalecía la confianza de los familiares de las víctimas y se conseguían mayores avances. Por su parte, los agentes del Ministerio Público tomaron las tácticas y los conocimientos sólidos que habían adquirido en la investigación de casos individuales y los aplicaron a otros casos de desapariciones que estaban a su cargo. Más de 50 presuntos responsables han sido consignados en siete averiguaciones previas abordadas a través de “reuniones de trabajo” con familiares y defensores de derechos humanos. Incluso en los casos en que no hubo consignados, las investigaciones igualmente tuvieron avances, ya que los agentes del Ministerio Público adoptaron medidas hasta entonces relegadas—como citar a interrogatorios a presuntos implicados, identificar a testigos y exigir a las compañías telefónicas que entreguen los registros de los teléfonos celulares de víctimas—con mayor determinación y urgencia.

Estas mejoras cualitativas en el trabajo vinculado con causas específicas han estado acompañadas por reformas institucionales y legales más amplias, destinadas a fortalecer la capacidad de las autoridades de investigar y procesar estos delitos, como la aprobación de reformas que tipifican las desapariciones forzadas, la asignación de policías ministeriales especializados a la investigación de desapariciones y la redacción de un manual de investigación que describe los pasos fundamentales que deben seguir todos los agentes del Ministerio Público cuando intervengan en casos de desaparición.

A pesar de todos los avances que se han logrado en la investigación de desapariciones ocurridas en Nuevo León, aún subsisten enormes obstáculos que se interponen a la posibilidad de investigar estos hechos de manera efectiva y encontrar a quienes están desaparecidos. Algunas autoridades cuyos aportes son clave para impulsar investigaciones a menudo no cooperan con los agentes del Ministerio Público en la resolución de los casos o, peor aún, obstaculizan deliberadamente estos esfuerzos. Es entendible que, frustrados ante los escasos avances conseguidos en las investigaciones, algunos familiares duden del compromiso de las autoridades—sobre todo teniendo en cuenta sus experiencias anteriores—, pierdan esperanzas en el proceso y dejen de colaborar con los agentes del Ministerio Público. Y los agentes del Ministerio Público del estado han actuado con una lentitud alarmante al aplicar las rigurosas prácticas de investigación definidas a través de las “reuniones de trabajo” a otros cientos de casos de desapariciones que no son supervisados directamente por familiares y defensores de derechos humanos, y a veces incluso han repetido los mismos errores y omisiones en la investigación de nuevos casos.

Debido a estos y otros graves obstáculos, los avances en las investigaciones han sido limitados. El paradero de casi la totalidad de las personas desaparecidas aún se desconoce. Y a pesar de que más de 50 personas han sido consignadas como presuntos responsables en investigaciones relacionadas con las “reuniones de trabajo”, los agentes del Ministerio Público aún no consiguieron que ninguna de ellas sea condenada. Sin embargo, haber superado el clima de incredulidad y desconfianza que prevalecía constituye un logro concreto. De esta manera, el proceso de trabajo en Nuevo León ofrece un modelo sobre cómo superar algunos de los obstáculos más significativos al avance de la investigación no sólo de desapariciones, sino de todas las violaciones de derechos humanos en México.

 

2. Principales recomendaciones[2]

Al poder ejecutivo federal:

• Presentar ante el Congreso un proyecto de reforma del sistema de justicia militar para garantizar que todas las presuntas violaciones de derechos humanos, incluidas las desapariciones forzadas, cometidas por militares contra civiles sean investigadas y juzgadas en la justicia penal ordinaria.
• Dictar un decreto por el cual se exija que todas las personas detenidas sean puestas inmediatamente a disposición de agentes del Ministerio Público y que en ningún caso los detenidos sean trasladados a bases militares, dependencias policiales o centros de detención clandestinos para ser interrogados.
• Trabajar con organismos federales, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, para establecer procesos especiales expeditos que aseguren que los familiares de personas desaparecidas no pierdan el acceso a servicios sociales básicos como consecuencia de la desaparición.
• Pedir al Senado que reconozca la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir denuncias de desapariciones forzadas presentadas por personas y Estados (de conformidad con los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas).
• Librar una invitación al Comité contra la Desaparición Forzada para que realice una visita de investigación a México.
• Crear una base de datos nacional sobre personas desaparecidas donde se incluya información clave que ayude a identificar a personas desaparecidas, como información genética (ADN) de familiares de la víctima, evidencias de la participación de actores estatales e investigaciones que se hayan iniciado sobre el caso. Los criterios para identificar y recabar estos datos deberían ser estandarizados por las distintas agencias del Ministerio Público, comisiones de derechos humanos, morgues y otras instituciones relevantes, a fin de asegurar la utilidad del sistema.
• Crear una base de datos nacional de restos humanos no identificados, que contenga información genética (ADN) y otras características distintivas. Los criterios para identificar y recabar estos datos deberían estar coordinados con la información recogida para la base de datos de personas desaparecidas.
• Comparar exhaustivamente la base de datos nacional de personas desaparecidas con el registro nacional de restos humanos no identificados para buscar coincidencias entre los datos.

 

A los agentes del Ministerio Público federal y de los estados:

• Llevar a cabo investigaciones completas e inmediatas de todos los presuntos casos de desaparición, incluidos los documentados en el presente informe, para que se juzgue a todas las partes responsables por estos delitos de conformidad con la legislación nacional y el derecho internacional.
• Abstenerse de transferir de la justicia penal ordinaria a la jurisdicción militar los casos en que se acuse a militares de haber participado en una desaparición forzada u otras violaciones de derechos humanos.
• Poner fin a la práctica por la cual se exige a las familias de las víctimas que recaben pruebas de la desaparición de sus seres queridos, como la posible participación de miembros de las fuerzas de seguridad.
• Capacitar a equipos de expertos en la exhumación e identificación de restos humanos, para que estos puedan ser convocados rápidamente cuando se descubran fosas comunes u otros cuerpos no identificados.
• Desarrollar, con la colaboración de funcionarios vinculados a la seguridad pública, un protocolo nacional para la búsqueda oportuna y exhaustiva de personas cuya desaparición haya sido denunciada. Estas acciones deberían realizarse sin demora, con la intervención de todas las fuerzas de seguridad y demás autoridades.

A los legisladores federales y de los estados:

• Modificar o incluir el tipo penal de desaparición forzada en los distintos códigos penales, tanto a nivel federal como en los estados, para garantizar que sea coherente en las diferentes jurisdicciones y que incluya todas las conductas contempladas en las definiciones establecidas por la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. En especial, asegurar que la definición incluya las desapariciones cometidas por organizaciones o personas que actúen con la autorización de funcionarios estatales, o con su apoyo directo o indirecto, su consentimiento o aquiescencia.
• Reformar el Código de Justicia Militar para garantizar que todas las presuntas violaciones de derechos humanos, incluidas las desapariciones forzadas, cometidas por militares contra civiles sean investigadas y juzgadas en la justicia penal ordinaria.
• Modificar la definición y el proceso de declaración de ausencia establecido en el Código Civil Federal para evitar que los familiares de personas desaparecidas pierdan el acceso a servicios sociales básicos.
• Modificar las leyes imprecisas sobre flagrancia que se aplican actualmente para justificar detenciones y medidas de prisión preventiva arbitrarias. Estas leyes deberían aplicarse únicamente en casos excepcionales, cuando se descubre a una persona en el momento mismo en que comete un delito.
• Reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir denuncias de desapariciones forzadas presentadas por personas y Estados.