Las familias son organizaciones dinámicas que se deben adaptar a los cambios demográficos, sociales y económicos presentes en la sociedad. El Estado, por su parte, tiene la obligación de implementar políticas públicas, acciones y programas para fortalecerlas; al interior de esa estructura social se debe atender y erradicar la violencia contra las niñas, las mujeres y las personas mayores y con discapacidad, a partir de reconocer en sus conformaciones la existencia de multiplicidad de grupos de personas unidas por vínculos y afectos diferentes al matrimonio.
Algunos datos recientes del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (https://www.gaceta.unam.mx/hay-17-diferentes-formas-de-familia/) muestran que en la sociedad mexicana existen diferentes tipos de familias, por ejemplo, las que están integradas por un papá, una mamá y los hijos e hijas; los hogares encabezados por madres o padres solteros (as); parejas sin hijos o hijas que han postergado su paternidad; unipersonales, con personas que viven solas; parejas del mismo sexo, y parejas reconstituidas que han tenido relaciones o matrimonios previos, al igual que hijos e hijas.
La protección jurídica de las familias en México cruza el marco constitucional, convencional y reglamentario; diversos ordenamientos establecen derechos y obligaciones de las personas como integrantes de las familias. Sin embargo, en ocasiones se requiere de actividades muy concretas para garantizar el derecho a tener las convicciones éticas, de conciencia y de religión que libremente decidan.
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