En el inicio de 2022, es necesario insistir, una vez más, en que los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la democracia -como una forma de vida- son elementos prioritarios para construir mejores sociedades, garantizar el acceso de las personas a una vida digna, y establecer las obligaciones de los gobiernos para su cumplimiento. La premisa, entonces, es que los derechos humanos deben estar en el centro de todos los programas, acciones y políticas públicas que se lleven a cabo, incluidas, desde luego, las que tienen que ver con la rendición de cuentas. Es preciso que todas las autoridades asuman que la esencia del poder es servir con integridad, responsabilidad, conciencia y un profundo sentido de solidaridad y compromiso social, sin pasar por alto que la existencia de gobernabilidad requiere, además de los procesos de transparencia, de la participación de las y los gobernados.
El objetivo 16 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible promueve el fortalecimiento de los Estados, las instituciones, la paz, la seguridad y la justicia, e incluye como meta “reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas.”
El Programa Universitario de Derechos Humanos reitera que la corrupción afecta gravemente el ejercicio efectivo de los derechos humanos, ya que en la medida en que ese fenómeno se hace presente en la sociedad, se precariza el cumplimiento de la ley y la exigibilidad de los derechos fundamentales; debilita los niveles, actividades y áreas de las funciones públicas; propicia y ayuda a perpetuar la desigualdad, pobreza y exclusión, y es causa directa de la impunidad. En consecuencia, la corrupción es factor de destrucción del tejido social, debilita al Estado de Derecho y al sistema democrático, razón por la cual existe la apremiante necesidad de replantearnos diversos procesos organizacionales y estructuras jurídicas para su prevención y eliminación, a fin de que respondan de mejor manera a la situación actual del país y propicien la erradicación de los binomios: corrupción e impunidad, pobreza y desigualdad, e inseguridad y violencia.
Reflexionar sobre la necesaria erradicación de la corrupción propicia la construcción de indicadores claves para mostrar que los actos delictivos se han incrementado, que la persecución penal y condena de quienes son probables responsables de la comisión de delitos se mantiene en un nivel bajo, y que en diversas entidades federativas se vive una crisis de derechos humanos.
Es imperativo promover acciones de observancia de políticas públicas; proporcionar capacitación en materia de derechos humanos, así como profesionalizar la administración pública a través del desarrollo de habilidades específicas de las y los servidores públicos en su quehacer cotidiano, trabajar para incrementar las capacidades y habilidades de las personas en la lucha contra la corrupción, a efecto de asegurar la plena vigencia del Estado de Derecho y la mejora de las condiciones de vida de la población, así como centrarse en superar las causas estructurales como la pobreza y la exclusión social.
Ante esos grandes retos, no queda duda que para transformar a la administración pública en una estructura al servicio de las y los gobernados, el único camino posible es el de los derechos humanos y la legalidad, los cuales debemos interiorizar en cada persona como una forma de vida. Se debe trabajar por una transformación cultural que considere estrategias eficientes que inhiban la comisión de ilícitos, desde una perspectiva integral en la que participen todos los sectores, con el objetivo de crear una conciencia cívica basada en el respeto al Estado de Derecho.
La capacitación y actualización de los operadores, tendrá que ver con los métodos para la solución de conflictos entre derechos; con el dominio de las técnicas de interpretación, que además de tomar en cuenta los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, deberá reconocer el contexto social, económico y cultural de las personas, de forma que consideren la vulnerabilidad y desventajas de grupos que recurrentemente han sufrido violaciones a sus derechos.
Por tanto, el respeto a la dignidad humana, el enfoque de derechos basado en estándares de protección de los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales y la educación en derechos humanos, deben ser las bases para la elaboración, implementación y seguimiento de leyes, planes, programas y políticas públicas que posibiliten la convivencia social.
Es urgente la atención a los problemas de seguridad y justicia bajo un enfoque integral, preventivo, que se ocupe del conjunto de factores que generan o propician las actividades delictivas, tales como la pobreza, la exclusión, la falta de oportunidades, o la carencia de opciones educativas de calidad.
En este sentido, la inversión transparente y una adecuada rendición de cuentas, favorece una buena gobernanza y la participación de la población para incidir en el cómo, en qué, y para qué se gastan los recursos públicos. En la medida que los mecanismos de recaudación y distribución sean óptimos, equitativos, eficientes y efectivos; se privilegie a los sectores donde hay mayores carencias; a los grupos indígenas, personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, entre otros, tendremos una mejor calidad de vida.
Los editores