Suprema Corte de Justicia de la Nación

Comunicado No. 226/2021
Ciudad de México, a 30 de julio de 2021

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de su Segunda Sala, resolvió cinco amparos en revisión en materia de autonomía y libertad sindical, de los cuales derivaron importantes criterios que dieron lugar a diversas jurisprudencias.

Entre otros temas, en ellas, la Sala estableció que la obligación contenida en el artículo 358, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, impuesta a las directivas de los sindicatos, federaciones y confederaciones, de rendir cuenta completa y detallada de la administración de su patrimonio, no constituye una violación a los derechos de autonomía y de libertad sindical, al tratarse de una medida que busca garantizar que los trabajadores conozcan el destino y el fin de sus aportaciones.

Comunicado No. 234/2021
Ciudad de México, a 10 de agosto de 2021

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión del Tribunal Pleno, invalidó el capítulo VI, denominado “Educación indígena” y el VIII, denominado “Educación inclusiva”, ambos del Título Segundo, de la Ley Número 464 de Educación del Estado Libre y Soberano de Guerrero, expedida mediante decreto publicado el 23 de octubre del 2020.

La SCJN determinó que los preceptos invalidados incidían directamente en los intereses de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como de las personas con discapacidad, por lo que existía la obligación de consultar a dichos grupos previo a la expedición de la ley, de conformidad con los artículos 1º y 2° de la Constitución General, 6 del Convenio 169 de la OIT y 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo cual no fue llevado a cabo.

Comunicado No. 236/2021
Ciudad de México, a 12 de agosto de 2021

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión del Tribunal Pleno, invalidó el Capítulo VI, denominado “De la Educación Indígena” (artículos 31 a 33), y el Capítulo VIII, denominado “De la Educación Inclusiva” (artículos 37 a 41), ambos del Título Segundo de la Ley de Educación del Estado de Baja California, expedida mediante el Decreto No. 188 publicado el 28 de diciembre de 2020.

La SCJN determinó que los preceptos invalidados contenían medidas susceptibles de afectar directamente los intereses o derechos de las comunidades indígenas, y de incidir en los intereses y/o la esfera jurídica de las personas con discapacidad, por lo que existía la obligación de consultar a dichos grupos previo a la expedición de la Ley, de conformidad con los artículos 2 de la Constitución General, 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales y 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, no se realizaron las consultas requeridas.

Comunicado No. 237/2021
Ciudad de México, a 12 de agosto de 2021

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los propietarios de las páginas electrónicas que sirven como plataforma intermediaria entre ofertantes y solicitantes de empleos no serán responsables por los actos de discriminación en los cuales lleguen a incurrir los empleadores al formular las ofertas de empleo.

Esta decisión emana de un juicio civil promovido en contra de dos empresas por una asociación dedicada a combatir la discriminación, en el que reclamó, entre otras cuestiones, la declaración de nulidad de ofertas de trabajo publicadas en un portal de internet perteneciente a una de las demandadas. El Juez de origen negó la acción intentada. Inconforme con la decisión, la asociación interpuso un recurso de apelación en cuya resolución el Tribunal de Apelación modificó la sentencia ordenando la declaración de nulidad, el retiro de los anuncios y la publicación de la sentencia, negando las demás formas de reparación reclamadas. En desacuerdo, tanto la asociación como la empresa dueña de la página electrónica promovieron juicios de amparo directo. El Tribunal Colegiado del conocimiento negó el amparo a la asociación y concedió la protección federal a la empresa para que se le absolviera de las prestaciones a las que fue condenada. No conforme con esta decisión, la asociación interpuso recursos de revisión.

Comunicado No. 242/2021
Ciudad de México, a 19 de agosto de 2021

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió el amparo a una asociación civil, así como a personas integrantes de la comunidad LGBTI+ y sus familiares en contra de la decisión del Congreso del Estado de Yucatán de votar por medio de cédulas secretas una iniciativa de reforma constitucional local, en materia de matrimonio igualitario, la cual culminó con su no aprobación, sin dar a conocer públicamente el sentido del voto de las y los legisladores que participaron en la sesión.

En el fallo, la Sala consideró que el artículo 106 del Reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo de Yucatán dispone expresamente que las votaciones serán nominales siempre que se trate de minutas de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por consiguiente, la Sala determinó que la imposición de una votación por cédulas secretas con motivo del “Dictamen para reformar la Constitución Política del Estado de Yucatán con el objetivo de permitir el matrimonio igualitario en la entidad”, es inconstitucional por ser violatoria de los principios de legalidad y seguridad jurídicas, al contravenir la legislación orgánica y reglamentaria del propio Congreso de la entidad.

Comunicado No. 245/2021
Ciudad de México, a 19 de agosto de 2021

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión del Tribunal Pleno, invalidó el artículo 16, segundo párrafo, fracción IV, en la porción normativa “y no haber sido condenado por algún delito”, de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa, reformado mediante Decreto 487, publicado el 11 de septiembre de 2020.

El mencionado precepto contenía tal requisito para acceder al cargo de integrante del Comité de Participación Ciudadana del mencionado Sistema Anticorrupción.

Conforme a sus precedentes, el Pleno determinó que dicho requisito violaba el derecho de igualdad y no discriminación, previsto en el artículo 1º de la Constitución General, pues excluía genéricamente a cualquier persona condenada por la comisión de algún delito, aun cuando ello no se relacionara directamente con la función a desempeñar.

Comunicado No. 271/2021
Ciudad de México, a 07 de septiembre de 2021

El día de hoy, la Suprema Corte resolvió por unanimidad de diez votos que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales.

Así, la Corte declaró la invalidez del artículo 196 del Código Penal de Coahuila que establecía una pena de prisión a la mujer que voluntariamente practicara su aborto o a quien la hiciere abortar con el consentimiento de aquella, pues vulnera el derecho de la mujer y de las personas gestantes a decidir.