7 de diciembre de 2020

• Detenciones, multas y acoso a disidentes

(Washington D.C.) – El gobierno cubano está utilizando normas destinadas a prevenir la transmisión del Covid-19 para acosar, intimidar y detener a disidentes, señaló hoy Human Rights Watch.

El 26 de noviembre de 2020, fuerzas de seguridad cubanas detuvieron a 14 artistas y disidentes, muchos de ellos pertenecientes al Movimiento San Isidro, luego de acusar a uno de ellos de haber violado las normas contra el Covid-19 al no realizarse nuevamente una prueba. Las detenciones ocurrieron tras numerosos casos en los cuales agentes de las fuerzas de seguridad y fiscales detuvieron a disidentes, acusándolos del delito de “propagación de epidemias”, y les aplicaron multas por presuntas violaciones de las restricciones vinculadas con el Covid-19. Con el pretexto de hacer cumplir las reglamentaciones sobre Covid-19, las autoridades han realizado detenciones arbitrarias, abriendo procesos penales abusivos y deteniendo a personas en celdas insalubres que favorecen la propagación del Covid-19.

“Las autoridades cubanas se han aprovechado de las normas contra el Covid-19 para ampliar la larga lista de herramientas represivas que utilizan en contra de sus críticos”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Esto forma parte de un patrón más amplio en el cual el gobierno utiliza de forma descarada cualquier excusa para reprimir el disenso sistemáticamente”.

Entre julio y noviembre de 2020, Human Rights Watch entrevistó por teléfono a 35 personas en Cuba, incluyendo a víctimas, sus familiares y sus abogados. Human Rights Watch también consultó informes periodísticos, sentencias judiciales, registros de multas impuestas a disidentes o personas que las autoridades parecen haber percibido como críticas, y corroboró videos publicados en redes sociales.

Human Rights Watch documentó abusos contra 34 víctimas, en cuyos casos las autoridades invocaron normas relativas a la pandemia para actuar en contra de críticos del gobierno y otras personas. De 20 personas detenidas, tres fueron procesadas de manera arbitraria, otras tres fueron multadas y 14 fueron amenazadas con ser procesadas por “propagación de epidemias”. Ocho personas que no fueron detenidas recibieron multas aparentemente arbitrarias, sobre la base de normas vinculadas con el Covid-19, y otras dos fueron amenazadas con la posibilidad de persecución penal.

Treinta de las víctimas fueron detenidas, acosadas, multadas o amenazadas con la posibilidad de ser procesadas penalmente por supuestamente violar normas relacionadas con el Covid-19; entre ellas, nueve fueron acusadas de no usar la mascarilla (que en Cuba se llama “nasobuco”) correctamente. Otras dos personas fueron amenazadas con ser perseguidas penalmente por “propagación de epidemias” debido a que difundieron información sobre casos de Covid-19 en la isla. En otros dos casos, funcionarios invocaron normas relacionadas con la pandemia sin referirse a faltas específicas establecidas en la legislación cubana. Un disidente, por ejemplo, fue multado por no haber denunciado que un amigo suyo no estaba usando la mascarilla de la manera correcta.

A ninguno de los detenidos se le permitió hacer una llamada telefónica. Algunos sufrieron violentas golpizas, y varios enfrentaron procedimientos penales sin contar con un abogado que los representara.

La mayoría de las personas multadas en los casos documentados por Human Rights Watch —11 en total— negó haber transgredido las normas. En algunos casos, los agentes de seguridad las amenazaron con procesarlas por “desacato” debido a que negaban haber infringido las normas contra el Covid-19. Algunos de los multados sostienen que nunca se les informó de qué se les acusaba.

El delito de “propagación de epidemias” está penado con multas y hasta nueve meses de prisión. El Código Penal lo define ampliamente como “infrin[gir] las medidas o disposiciones dictadas por las autoridades sanitarias competentes para la prevención y control de las enfermedades transmisibles, así como los programas o campañas para el control o erradicación de […] epidemias de carácter grave o peligrosas”.

Asimismo, las autoridades cubanas han promulgado legislación específica sobre la pandemia. En mayo, el gobierno aprobó una resolución que exige el uso de una mascarilla cuando las personas salen de sus hogares. Un decreto del mes de agosto, vigente solamente en la provincia de La Habana, impone multas de 2.000 pesos cubanos (USD 77) —aproximadamente el doble del salario mensual promedio— a quienes realicen fiestas, utilicen la mascarilla de manera incorrecta o “dificulte[n] en cualquier forma el cumplimiento de las medidas sanitarias”, entre otras transgresiones. Las multas se duplican si no son pagadas en un término de 10 días. Con arreglo al Código Penal cubano, quienes no paguen sus multas podrán recibir condenas de hasta seis meses de cárcel.

El 12 de abril, policías detuvieron a Keilylli de la Mora Valle, del grupo opositor Unión Patriótica de Cuba, cuando estaba fumando un cigarrillo en la ciudad de Cienfuegos, y señalaron que no estaba usando la mascarilla correctamente. En la estación de policía, de la Mora Valle comenzó a quitarse la ropa a modo de protesta. Un policía la tomó del cuello, la llevó a una celda y comenzó a darle puntapiés en el muslo y en la rodilla.

Después de un juicio que tuvo lugar el 7 de mayo, en el cual no contó con representación legal, de la Mora Valle fue condenada a un año y medio de prisión por “desacato”, “resistencia”, “desobediencia” y “propagación de epidemias”. Hasta la fecha continúa detenida. Una persona de su familia dijo a Human Rights Watch que de la Mora Valle intentó quitarse la vida en dos oportunidades a causa de amenazas y acoso por parte de guardias carcelarios.

Con arreglo al derecho internacional, ciertos derechos básicos no pueden ser restringidos ni siquiera en períodos de emergencia. Estos incluyen la prohibición de los malos tratos, los principios fundamentales del acceso a un juicio justo y a no sufrir detención arbitraria, el derecho a la revisión judicial de las detenciones y la libertad de pensamiento. Es posible restringir otros derechos, como la libertad de expresión y asociación, a causa de una emergencia de salud pública grave. Sin embargo, estas restricciones solo están justificadas cuando tienen un fundamento legal, son estrictamente necesarias y proporcionadas respecto al objetivo de salud pública, están basadas en evidencia científica, tienen una duración limitada, son respetuosas de la dignidad humana, están sujetas a revisión y no son arbitrarias ni discriminatorias en su aplicación. El gobierno cubano también tiene la obligación de adoptar medidas eficaces para prevenir la propagación del Covid-19 y proteger el derecho de las personas a alcanzar el más alto nivel posible de salud.

Para continuar leyendo:
https://www.hrw.org/es/news/2020/12/07/cuba-gobierno-usa-normas-sobre-covid-19-para-intensificar-la-represion
(20/12/20)