¿Justicia ilegal?

La orden del Presidente de la República a varios de sus colaboradores de no cumplir disposiciones constitucionales socava gravemente el Estado de derecho y el régimen democrático.

            El Presidente alega que entre la legalidad y la justicia no hay que dudar: debe sacrificarse la primera para que prevalezca la segunda. El alegato suscita preguntas acuciantes: si no es la ley o la resolución judicial la que determina lo que es justo, ¿quién lo va a dictaminar?, ¿cómo puede el ciudadano oponerse a un acto de autoridad que vulnera sus derechos?

            El gobernado interpelaría al gobernante: sus actos son contrarios a derecho y me resultan perjudiciales; si no rectifica, voy a acudir a un juez o a un organismo público de derechos humanos para defenderme de su arbitrariedad. El gobernante respondería: sí, mis actos transgreden normas jurídicas, pero son justos. Esto significa solamente que a él le parecen justos o que así lo indica para justificar sus atropellos.

            Durante la gestión de López Obrador como Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal proliferaron los linchamientos (como proliferan ahora mismo). La Procuraduría General de Justicia capitalina no hizo nada porque fueran castigados a pesar de que la ley le impone el deber de perseguir esos gravísimos delitos. Interrogado al respecto por reporteros, el Jefe de Gobierno sentenció que con los usos y costumbres del pueblo, del México, profundo, era mejor no meterse.

            Tres policías federales que cumplían con su deber fueron quemados vivos en Tláhuac después de ser apaleados con saña por varias horas por una turba. El linchamiento era presenciado en todo el país pues lo transmitían en vivo las dos televisoras más importantes, Televisa y TV Azteca. La muchedumbre sólo interrumpía la paliza para que los policías fueran entrevistados por los reporteros. Ellos suplicaban a sus jefes que los libraran de ese infierno, como era su deber. No se hizo nada por salvarlos: los usos y costumbres por encima de la ley; la barbarie derogatoria del derecho, de los derechos.

            Por supuesto, una ley puede ser injusta, y en ese caso es necesario reformarla o derogarla. Pero esa reforma o derogación debe ser fruto primero de un cuidadoso análisis de los especialistas en la materia y después del proceso legislativo en el que se escuchen y se ponderen las diferentes opiniones de los legisladores.

            Lo que es inaceptable es que el Presidente ordene la desobediencia a normas jurídicas vigentes arguyendo que tales normas son injustas. Se está arrogando una facultad que no le corresponde. Una sola voluntad impera sobre la de decenas de millones de ciudadanos de un país.

            El autoritarismo —el ejercicio del poder sin limitaciones— es enemigo mortal de la democracia, la cual no se limita a la elección de las autoridades mediante el sufragio sino que supone una serie de principios básicos entre los cuales destaca el de la legalidad: todo acto de autoridad debe estar fundado en la ley.

            En el Estado democrático de derecho toda autoridad está obligada a ceñirse a lo que señalan las leyes, y la ley de mayor jerarquía es la Constitución. Por eso los servidores públicos se comprometen cumplir y a hacer cumplir suprema y las leyes que de ella emanen.

            Cuando el titular del Poder Ejecutivo ordena que deje de cumplirse con disposiciones constitucionales está golpeando el corazón del Estado democrático de derecho y está incumpliendo la protesta que hizo al tomar posesión del cargo.

            Los partidos de oposición que creen en la democracia, los organismos defensores de los derechos humanos, quienes gozamos del privilegio de disponer de un espacio en algún medio de comunicación y todos los demócratas debemos alzar la voz: “¡no aceptamos el autoritarismo: las autoridades deben acatar invariablemente la Constitución, las leyes y los reglamentos!”

            La apertura de cauces democráticos en nuestro país ha sido resultado de la convicción y el trabajo paciente de mexicanos decididos a jugar su papel de ciudadanos. No ha sido nada fácil. Nuestra democracia padece deficiencias e insuficiencias inocultables, pero es una democracia —el menos malo de los sistemas de gobierno, entre otras cosas porque ofrece opciones para combatir las arbitrariedades— y puede ir mejorando gradualmente. Es preciso defenderla. Ω