Laura Elisa Pérez Gómez
Resumen
El diseño, implementación y evaluación de políticas sociales basados en una perspectiva integral de derechos humanos puede constituir una oportunidad estratégica para consolidar procesos de desarrollo con equidad y avanzar hacia sociedades más justas en las Américas, en línea con los objetivos de la Agenda 2030. Los reincidentes desafíos que enfatizan la enorme desigualdad y falta de efectividad de los derechos humanos, imperantes en la región, sobre todo para las personas que viven en pobreza —valorada como fenómeno multidimensional—, reafirman la necesidad de contar con instrumentos que, partiendo de evidencias sistemáticas y objetivas, permitan desmenuzar la evaluación de políticas o programas públicos contando con elementos suficientes para lograr su reformulación, considerando simultáneamente todos los principios y estándares de derechos humanos aplicables. El mecanismo de monitoreo para el Protocolo de San Salvador posee un instrumento basado en más de 700 indicadores, que además es coherente con otros instrumentos de evaluación regionales y globales, cuya aplicación permite a los Estados parte de este Protocolo contar con un seguimiento efectivo de las políticas públicas destinadas al cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que también propicia su exigibilidad.
Derechos humanos, eje para la reducción de la pobreza y la desigualdad
La región de las Américas, la más desigual del mundo, enfrenta importantes desafíos de carácter político, económico y social. De acuerdo con los últimos resultados presentados por la CEPAL[1], la pobreza y la pobreza extrema registran aumentos a partir del 2015 alcanzando al 30% de la población, además de que diversos indicadores de cobertura y desempeño sobre derechos laborales y sociales muestran importantes brechas en grupos de población discriminados o excluidos[2], al tiempo que el gasto social de los gobiernos ha representado en promedio (2014) menos del 11% del PIB, lo que constituye menos de un tercio de la media observada en los países de la OCDE (34%)[3]. Sigue leyendo