- Las protestas ponen al descubierto abusos, impunidad, corrupción y falta de capacitación
(Washington, DC) – Los abusos policiales cometidos recientemente en todo México deberían movilizar al presidente Andrés Manuel López Obrador a poner en marcha un proceso nacional para profesionalizar a las fuerzas policiales y exigir que rindan cuentas, señaló hoy Human Rights Watch.
El pasado mes de junio, se produjeron manifestaciones en ciudades de todo México en respuesta a una serie de escandalosos asesinatos de civiles no armados perpetrados por policías locales y municipales. En algunos casos, las autoridades golpearon y detuvieron a manifestantes.
“Las fuerzas policiales de México tienen una lamentable reputación debido a hechos de corrupción y uso de tortura y violencia, así como nexos con el crimen organizado”, indicó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Estas protestas, que siguen la línea de la indignación que desató en todo el mundo el asesinato de George Floyd por policías en EE. UU., también expresan la profunda y arraigada desconfianza y frustración que muchos mexicanos sienten ante las abusivas fuerzas policiales”.
Las protestas empezaron luego de que circulara en redes sociales un video que registró la detención violenta del albañil Giovanni López Ramírez, de 30 años, que luego murió bajo custodia policial. López Ramírez fue detenido a principios de mayo en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, presuntamente por no llevar puesto cubrebocas, cuyo uso era obligatorio en el estado debido a la pandemia.
Su historia fue publicada en una entrevista en una página de noticias a principios de junio. En la entrevista, la tía y el hermano de López Ramírez afirmaron que, al presentarse a buscarlo en la estación de policía el día siguiente a la detención, les indicaron que se dirigieran directamente a la morgue. Allí encontraron el cuerpo de López Ramírez, que presentaba contusiones y un orificio de bala en la pierna. Los agentes les dijeron que a los policías se les había “pasado la mano”. El hermano de López Ramírez también señaló a los periodistas que el presidente municipal de la localidad había ofrecido a la familia 200 mil pesos (USD 10 mil) a cambio de que no dieran a conocer la historia, y amenazado con matarlos si lo hacían.
El hecho provocó protestas en la capital del estado, Guadalajara, así como en el resto del país. Los manifestantes rompieron las puertas de acceso a la sede del Palacio de Gobierno del estado, quemaron vehículos policiales y también prendieron fuego a un policía. En respuesta, agentes sin uniforme que se desplazaron en camionetas sin matrícula, armados con palos y bates de béisbol, amenazaron y detuvieron a manifestantes. Un representante de la organización de derechos humanos Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, de Guadalajara, dijo a Human Rights Watch que los policías sin uniforme obligaron a los manifestantes a subirse a la parte trasera de los camiones y camionetas y los dejaron varados en una zona rural en las afueras de la ciudad. Más tarde, los manifestantes señalaron a periodistas que los agentes los habían golpeado hasta que perdieron el conocimiento.
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, sostuvo que las protestas habían sido organizadas por partidos opositores y que las órdenes a la policía de reprimir manifestantes no habían sido impartidas por su institución, sino por carteles delictivos. Sugirió, de este modo, que la policía del estado no se encuentra bajo su control.
También han salido a la luz varios asesinatos de civiles cometidos por policías en los últimos tiempos. En Tijuana, Baja California, Yair López Jiménez murió asfixiado mientras lo detenían. En un video del incidente se ve a un policía que pisa a López Jiménez en el cuello con su bota hasta que pierde el conocimiento. En Xalapa, Veracruz, Carlos Andrés Navarro murió luego de ser detenido. Los registros oficiales indican que la muerte se debió a un paro cardíaco; sin embargo, su familia sostiene que recibió una golpiza letal, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha pedido que se inicie una investigación. En Oaxaca, Alexander Martínez, de 16 años, salió a hacer un recado para su madre y recibió un disparo mortal de un policía que, supuestamente, lo confundió con otra persona.
En México, los asesinatos cometidos por policías, las detenciones arbitrarias, la tortura bajo custodia policial y la cooperación entre policías y carteles delictivos son algo habitual. En el censo más reciente de personas detenidas que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México, se detectó que casi dos terceras partes habían recibido golpes u otros maltratos al momento de la detención, más de un tercio habían sido estranguladas o sometidas a simulacros de ahogamiento y un quinto habían recibido descargas eléctricas. En casi la mitad de los casos, la persona que llevó a cabo la detención no se identificó como funcionario de seguridad pública, y en una quinta parte de los casos la persona fue detenida sin una orden judicial y llevada a un lugar privado, de ubicación desconocida, en vez de a una dependencia policial.
La brutalidad policial no ha generado una reducción de la criminalidad. En la última década, los delitos violentos han tenido un aumento vertiginoso en México y la impunidad ha sido casi absoluta.
El comportamiento abusivo de las fuerzas policiales de México es el resultado de múltiples factores, incluida la impunidad sistemática, la falta de claridad y cumplimiento de reglamentaciones que limitan el uso policial de la fuerza, la corrupción y la intimidación generalizadas por parte de la delincuencia organizada, y las décadas de abandono institucional, apuntó Human Rights Watch.
En México, la mayoría de los delitos no se denuncian, ni tampoco se investigan o reciben castigo. Según la organización no gubernamental Impunidad Cero, las autoridades mexicanas resuelven apenas cerca del uno por ciento de los delitos, incluidos abusos policiales. En varias ocasiones, se han puesto al descubierto intentos de las autoridades por encubrir abusos denunciados u obstaculizar su investigación. No hay estadísticas oficiales sobre la cantidad de personas a quienes mata la policía cada año en México.
Para continuar leyendo el comunicado:
https://www.hrw.org/es/news/2020/07/24/mexico-debe-reformar-las-fuerzas-policiales
(26/07/2020)