La noticia habrá causado, seguramente, severa irritación al público: tres secuestradores más de la banda de Los Zodiaco, —entre ellos René Vallarta, hermano de Israel Vallarta, detenido este último junto con Florence Cassez— los cuales habían sido condenados con penas de 37 a 58 años de prisión, fueron absueltos por un magistrado debido —dicen los diarios y los noticiarios— a una minucia, y “pese a otras evidencias criminales” (Reforma, 19 de noviembre). Nunca se aclara cuáles son esas evidencias.
Con la reciente absolución de René Vallarta, Ulises Zenil Villegas y Julio César Díaz Noriega, son ya seis los plagiarios pertenecientes a esa banda —así les llaman los medios: no acusados de plagio, sino plagiarios— liberados: anteriormente, habían sido eximidos la citada Florence Cassez y los hermanos Juan Carlos y Alejandro Cortez Vallarta, sobrinos estos dos de Israel Vallarta. Aún quedan 11 en prisión en espera de las resoluciones judiciales que decidirán su suerte y marcarán su vida para siempre: libertad o cárcel prácticamente perpetua.
Los lectores y escuchas de noticias se preguntarán: ¿cómo es que por una minucia —menudencia, cortedad, cosa de poco valor y entidad, enseña el Diccionario de la Real Academia Española— se libera en México a culpables de uno de los delitos más devastadores y repugnantes? Los comentarios en línea a la nota aparecida en Reforma son feroces: tecnicismos para proteger delincuentes, yo asesinaría a este juez hijo de su puta madre, lana es lana y otras lindezas por el estilo.
Pero leamos las notas sobre la vilipendiada resolución. El magistrado Guadalupe Suárez Correa la basa en dos consideraciones: a) al identificar las víctimas a los acusados en la cámara de Gessel o en fotografías, los abogados defensores no estuvieron presentes, y b) las declaraciones de otros secuestradores y de familiares de las víctimas no precisan la participación de los acusados en los secuestros ni ofrecen dato incriminatorio alguno. ¿Minucias?
La identificación de los autores o partícipes del delito es un elemento probatorio fundamental. Si el defensor no está allí cuando la víctima o el testigo señala incriminatoriamente al acusado, nada impide al agente investigador inducir el señalamiento. No es una minucia. En México ha sido frecuente la fabricación fraudulenta de culpables. Por “resolver” un caso, por anotarse un “éxito” profesional, fiscales y policías sin escrúpulos en numerosas ocasiones han solicitado a un declarante que reconozca falsamente, mintiendo, a un detenido. Así fue identificada, en el caso que más pasiones ha encendido en lo que va de este siglo, Florence Cassez.
Por otra parte, si ni los otros acusados ni los familiares de las víctimas ni las propias víctimas manifestaron en qué consistió la intervención de los enjuiciados en los secuestros ––captura o custodia de los secuestrados, exigencia del rescate, negociación respecto del monto–– ni aportaron algún dato que los incrimine, no se cuenta con la narrativa indispensable para motivar una sentencia condenatoria. La condena a un acusado requiere el relato en el que quede inequívocamente de manifiesto cuál fue la conducta delictiva realizada.
Si el magistrado Suárez Correa no incurre en falsedad al exponer los argumentos de la absolución, parece claro que el sentido de su fallo es el correcto: no debe condenarse a un acusado si no se le identifica como exige la ley ni los testigos le hacen imputación de una conducta delictiva ni obra en el expediente dato incriminatorio alguno en su contra. Estos argumentos no los he extraído del expediente sino de los propios textos en que la prensa escrita da cuenta de la sentencia.
¿Se inventó la existencia de la temible banda de Los Zodiaco? ¿La banda existe, pero los acusados son ajenos a ella? ¿Los acusados formaron parte de la banda, pero el Ministerio Público no lo demostró? ¿Cómo es que los acusados que siguen presos no han recibido una sentencia definitiva después de tantos años? Sean cuales fueren las respuestas, el corolario es brutal: nuestro Ministerio Público, por su ineficacia y su propensión a inventar culpables —el peor crimen que la infamia puede soportar— es una institución deplorable.