Por Luis de la Barreda Solórzano
22 de junio de 2023
El sojuzgamiento
del Poder Judicial es la vía más directa a la dictadura. Eliminada la
independencia de los jueces, magistrados y ministros, los gobernantes
—presidente de la República, gobernadores, jefa o jefe de gobierno, alcaldes y
autoridades de toda índole— y los legisladores pueden servirse con la cuchara
grande de la arbitrariedad, con actos y normas jurídicas inconstitucionales,
abusivos, violatorios de los derechos humanos.
El lastimoso
gobernador de Veracruz, ansioso de caerle bien al titular del Poder Ejecutivo,
vino a la capital del país a incitar a los facinerosos que bloquean la entrada
de la sede de la Suprema Corte de Justicia a portar ataúdes con la efigie de la
presidenta de nuestro máximo tribunal y a vomitar violentas consignas contra
los ministros no sometidos al poder presidencial.
Aunque la agresión
hubiese quedado en eso, sería suficientemente grave, atentatoria contra la
independencia judicial —se trata de una conducta con propósito intimidatorio— y
exhibiría al mandatario veracruzano como un hombre capaz de bajezas propias de
un barbaján, mismas que hacen recordar las palabras de don Quijote para
referirse a cierta clase de personas: gente baja y canalla.
Pero el gobernador
ha ido más lejos, ha franqueado una línea que en un régimen democrático es
infranqueable: ha encarcelado, con la abyecta complicidad del fiscal de su
estado y un juzgador de consigna, y con acusaciones tan vagas como “delitos
contra la fe pública” y “tráfico de influencias”, a Angélica Sánchez Hernández,
juez de Cosamaloapan.
Ya había fracasado
en su afán de mantenerla presa. El día 5 de este mes fue detenida en Veracruz
sin orden de aprehensión. Para simular que la detención fue en flagrante
delito, los policías que la detuvieron no sólo colocaron en su vehículo drogas
y un arma, sino que la obligaron a disparar. Fue liberada porque no había
prueba alguna en su contra.
El gobernador no
quedó conforme. El 16 de este mismo mes se detuvo por segunda ocasión a la juez
Sánchez Hernández, esta vez en la Ciudad de México, a pesar de que, según ha
explicado su defensor público, contaba con una suspensión para impedir que se
le detuviera por delitos para los que no se prevé prisión preventiva oficiosa,
y se le trasladó al penal de Pacho Viejo, en Coatepec.
La saña del
gobernador se debe a que la juez liberó a un acusado, Itiel Palacios, dentro
del proceso que se le sigue por el homicidio del diputado priista Juan Carlos
Molina, después de que un juzgado de amparo ordenó que se revisara la orden de
aprehensión por deficiencias en la carpeta de investigación. El acusado radica
en Guanajuato y se encontraba en León al momento del asesinato, ocurrido en
Veracruz.
El Presidente de la
República manifestó su respaldo al gobernador y anunció: “Nosotros vamos a
hacer lo mismo”. A eso hemos llegado: la máxima autoridad del país apoyando el
atropello contra una juzgadora y anunciando que va a emular al autor del mismo.
El juez de control
impuso a la juez detenida como medida cautelar prisión preventiva “justificada”
—denominación cruelmente irónica— por un año, con el señalamiento de que estaba
prófuga, lo que es burdamente falso. La juez Sánchez Hernández se dirigía,
justamente cuando se le detuvo, a la Suprema Corte a solicitar audiencia con la
presidenta Norma Piña.
Como certeramente
ha escrito Sergio Sarmiento: “La 4T ha perdido el pudor” (Reforma, 19 de
junio). La Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas, el Instituto
Federal de la Defensoría Pública y la Asociación de Magistrados de Circuito y
Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación han solicitado a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares a favor de la
juez encarcelada a fin de evitar daños irreparables a sus derechos, su vida y
su integridad. Amnistía Internacional exige que se respeten sus derechos.
La juez Angélica Sánchez Hernández debe ser
liberada ya. Estamos ante una arbitrariedad propia de las peores dictaduras.
Fuente:
https://www.excelsior.com.mx/opinion/luis-de-la-barreda-solorzano/sojuzgar-al-poder-judicial/1593688
(26/6/22)
