A finales de septiembre y principios de octubre del año en curso, tuvieron lugar dos eventos importantes en los que participó el Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) conjuntamente con otras entidades académicas de la Universidad Nacional Autónoma de México: el primero, Ciencia, sociedad y derechos humanos y, el segundo, el Congreso Internacional Mujeres y niñas desde una doble perspectiva: género y derechos humanos en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible. El primer evento académico responde a una de las líneas de investigación del Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH), en particular, los estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad, y los de Comunicación de las Ciencias y las Humanidades.
En el siglo XXI la ciencia está en todas partes, pues juega un papel crucial en el desarrollo de nuevas tecnologías y en el modo en que vemos y transformamos nuestro entorno. La ciencia es un conocimiento fascinante y avanza rápidamente, por ello es importante llevar a cabo estudios críticos desde la interdisciplina acerca de las consideraciones éticas y legales asociadas a las investigaciones científicas, en particular, se deben analizar las prácticas de las comunidades científicas en el marco de los derechos humanos.
Es importante recordar que el acceso a la ciencia es un derecho humano que no ha sido lo suficientemente visibilizado por los Estados Nacionales que están obligados a protegerlo y fomentarlo. Ha sido reconocido desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 que en su artículo 27 dispone que “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”, y a nivel interamericano, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (1948) y el Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales de 1988 hacen referencia a este derecho incorporando la prerrogativa a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico.
El derecho a la ciencia implica no solo el derecho de toda persona de acceder -sin discriminación alguna- al conocimiento científico, sino que incluye su difusión, divulgación, la colaboración en la creación científica y la libertad indispensable para la investigación, la participación en las políticas científicas, el marco de responsabilidades de quienes hacen ciencia y la generación de un entorno propicio que fomente la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la tecnología, entre otros aspectos.
En una sociedad democrática, todos los ciudadanos deberían estar suficientemente informados para poder participar en los debates sobre la pertinencia de los distintos proyectos científicos y sus aplicaciones. La ciencia nos ha ayudado a sobrevivir, pues puede transformar nuestro mundo y, por tanto, no debe ser un conocimiento ajeno a la sociedad. Tiene una gran influencia en todos los ámbitos humanos, como la cultura, la economía, el medio ambiente, entre otros. Estas influencias pueden ser benéficas para las personas, pero también pueden entrar en conflicto con los derechos humanos, especialmente cuando el conocimiento queda en manos de unos cuantos.
Precisamente, en este ciclo de conferencias se discutió algunos temas relacionados con el impacto de la ciencia en la sociedad, así como las problemáticas asociadas a los avances científicos desde la perspectiva de los derechos humanos. El Mtro. Felipe López Veneroni del Centro de Estudios Teóricos e Interdisciplinarios de Ciencias Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM abordó la divulgación del conocimiento en el marco de los derechos de las audiencias; la Mtra. Aleida Rueda del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM y de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, se refirió al periodismo de ciencia y su conexión con los derechos humanos; el Dr. Luis Pineda del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas destacó que no es posible que las máquinas tengan libre albedrío; la Dra. Patricia de Lourdes Frías del Instituto de Investigaciones Filosóficas abordó la observancia ética en los animales usados con fines científicos y la Lic. Ximena Pérez del Posgrado en Derecho de la UNAM disertó sobre la protección del patrimonio genético desde los derechos humanos.
Este evento contribuyó a posicionar una máxima consistente en que todos los avances en el conocimiento científico y tecnológico deben estar a la disposición del bienestar de la humanidad a partir de un enfoque de derechos humanos.
Por su parte, en el segundo evento académico, se reflexionó acerca de los desafíos a los que se enfrentan las instancias del Estado y de gobierno, las Instituciones Públicas de Educación Superior, las familias y la sociedad en general para cristalizar los objetivos de desarrollo sostenible, particularmente en lo que se refiere a lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas a partir de la generación de acciones desde una doble perspectiva: Género y Derechos Humanos.
Cada día enfrentamos situaciones que obligan a implementar nuevos y mejores mecanismos para garantizar los derechos humanos, erradicar la violencia contra la mujer, lograr la igualdad entre los géneros, fortalecer el nuevo paradigma en el que niñas y adolescentes son titulares plenos de derechos, fortalecer el Estado de Derecho, la democracia y la pluralidad, así como generar una cultura de paz y respeto a la legalidad.
Las grandes asignaturas pendientes en materia de protección y defensa de los derechos humanos hacen indispensable una decidida voluntad política y un compromiso social inquebrantable para sumar esfuerzos en el marco de una visión en la que la dignidad de las personas y la realización de sus derechos sean una prioridad.
En el marco de este Cuarto Congreso Internacional se expresó enérgicamente la desaprobación hacia los estereotipos, prejuicios y creencias que justifican o toleran la vulneración de la dignidad, integridad y derechos de las mujeres y niñas, y se refrendó el compromiso de acompañarlas en la lucha por la justiciabilidad y exigibilidad de sus derechos, así como contribuir a potenciar su voz para lograr cambios profundos en el funcionamiento de las instituciones y las interacciones en la sociedad.
La prevención y atención de las distintas problemáticas que enfrentan mujeres y niñas, sin lugar a dudas, requiere de estrategias de Estado diferenciadas, de políticas públicas integrales, transversales y, desde luego, permanentes, que articulen la participación conjunta de los sectores público, social y privado. Requieren, también, de la inclusión transversal de la perspectiva de género para identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género.
Las desigualdades de género, afirma el Comité de los derechos del niño, se hacen más evidentes durante la adolescencia, de forma que los estereotipos, la inequidad y la discriminación contra niñas y adolescentes redunda en violaciones a sus derechos tales como el matrimonio forzado, el embarazo a temprana edad, la violencia física, mental y sexual por razón de género; la servidumbre o la explotación y trata de personas, las cuales, en numerosos casos, han finalizado en privación de la vida.
Debe tenerse presente que los compromisos adquiridos por México en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, contemplan en el Objetivo 5, entre otros, eliminar todas las formas de violencia contra todas las niñas y mujeres; eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio y embarazo forzado o a temprana edad; asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública, y aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.
Para posibilitar que mujeres y niñas desplieguen su máximo potencial, es indispensable que el Estado y los sectores social y privado respeten, promuevan, protejan y garanticen el acceso y ejercicio pleno de sus derechos humanos e incorporen un enfoque diferenciado que valore la diversidad de identidades, vivencias y opiniones de ellas, de acuerdo a su edad, la zona geográfica en que residen, los roles de género que imperan en su comunidad, así como su condición de salud o socioeconómica de sus familias.
El trabajo transversal entre las autoridades, las familias, las instituciones educativas y las organizaciones de la sociedad civil, permitirá generar un México más justo, incluyente e igualitario, donde las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres puedan sentirse libres y seguras de luchar por conseguir sus objetivos.
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