Lo que sucede en Egipto es un pedagógico ejemplo de lo extremadamente difícil (¿imposible?) que resulta la instauración de la democracia en las sociedades de mayoría islamista. En ese país cientos de jóvenes murieron y miles sufrieron prisión durante la revuelta popular que finalmente depuso a la dictadura castrense de Hosni Mubarak. A la caída del dictador se celebraron, por primera vez en el país, elecciones libres.

El voto mayoritario llevó a la presidencia a Mohamed Morsi, dirigente de los Hermanos Musulmanes, un movimiento religioso que había sufrido persecución durante décadas. Los perseguidos se volvieron persecutores en cuanto llegaron al poder. Los cristianos coptos, que son el 10% de la población, fueron víctimas de feroz hostigamiento y asesinatos. Los derechos humanos dejaron de estar vigentes en virtud del reinado de la sharía: se sometió a las mujeres a diversas formas de discriminación y se les obligó al uso del velo, se suprimió la enseñanza laica y mixta, se impusieron severas restricciones al derecho a la información, y en sólo un año se arruinó la economía y el orden público se volvió caos permanente.

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El concepto de jurisdicción universal —solamente utilizado en materia penal— surge del afán de combatir la impunidad de ciertos crímenes considerados los más graves. Se trata de una jurisdicción que ejerce un tribunal nacional sin importar el lugar donde se cometió el delito o la nacionalidad del inculpado o de la víctima, ni ningún otro vínculo o punto de conexión con dicho tribunal.

Las legislaciones nacionales que admiten tal jurisdicción imponen límites a sus alcances, por ejemplo que la víctima sea un nacional (en contradicción restrictiva al concepto doctrinario) y que el presunto responsable no sea un gobernante que goce de inmunidad.

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Creo que una de las razones más importantes por las cuales en varias entidades de nuestro país se han disparado ciertos delitos, tales como el secuestro y la extorsión, es la de que las víctimas se sienten absolutamente indefensas frente a los criminales, pues les parece que denunciar el delito y solicitar auxilio a la autoridad no sirve de nada o incluso es contraproducente.

Sufrir un delito, o padecer la amenaza de un delito, y sentir que no hay ninguna instancia a la cual acudir, produce una amarga sensación de que se vive a la intemperie, a merced de hampones sin escrúpulos.

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Es asombroso que en los funerales de uno de los dirigentes políticos más relevantes de la historia, Nelson Mandela, el hombre contratado para traducir los discursos al lenguaje de señas (es decir, para los sordomudos), Thamsanqa Jantjie, haya hecho durante cinco horas movimientos de manos, gesticulaciones y aspavientos que nada tenían que ver con ese lenguaje. El asombro aumenta al enterarnos de que el supuesto intérprete tiene experiencia en esa clase de ceremonias.

Jantjie ha ofrecido una posible explicación, no menos pasmosa, de su conducta: quizá le sobrepasó la magnitud del acto o le embargó un exceso de felicidad durante todo el día, sobreexcitación perjudicial para su trabajo. En cualquier caso —afirma—, sufrió un episodio de esquizofrenia: oía voces y veía ángeles, lo que le impidió seguir los discursos en el estadio Soccer City de Johannesburgo.

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Solamente desde la demagogia más pedestre y desde la postura más fundamentalista se puede anunciar, como lo ha hecho Andrés Manuel López Obrador en su reaparición pública tras el infarto que lo puso temporalmente fuera de combate, que se presentará, en el país y las instancias internacionales correspondientes, una denuncia contra el Presidente Enrique Peña Nieto por el delito de traición a la patria, cometido, según el líder de Morena, por haber promovido la reforma energética.

El puro anuncio, como advierte Julián Andrade (La Razón, 8 de enero), es “un verdadero disparate por la ausencia de fundamentos jurídicos” y “lanza un tufillo de intolerancia que por lo visto será la esencia de la narrativa de la izquierda radical”. Los artículos 123 a 125 del Código Penal Federal incluyen 20 supuestos distintos de traición a la patria, en ninguno de los cuales encuadra la apertura del sector de los hidrocarburos a la inversión privada nacional y extranjera.

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Se comprende que, en comunidades en las que el crimen organizado impone su dominio por medio de la extorsión y el terror cotidianos, los habitantes, hartos de padecer tal pesadilla en una situación de indefensión absoluta, se sientan tentados a defenderse a sí mismos, función que en un Estado de Derecho corresponde a las autoridades.

De ahí que entre los pobladores de los municipios asolados haya quienes vean con cierta simpatía el surgimiento de los denominados grupos de autodefensa, que justifican su existencia en la perentoria necesidad de enfrentar a las organizaciones criminales dueñas, de facto, de territorios en los que la ley es una entelequia. Las autodefensas están integradas por gente de los pueblos que se ha armado —no sólo de armas sino también de arrojo— para liberar a sus coterráneos de los criminales que les cobran derechos de piso, trafican con drogas ilícitas, se adueñan de carreteras y senderos, secuestran y asesinan. Las autodefensas serían una suerte de bandas de Robin Hood que han salido a socorrer a la gente que no ha sido protegida por las autoridades municipales, estatales ni federales.

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Muchos deseos me vendrían a la mente si me encontrara la lámpara de Aladino. La gran mayoría, lo confieso, serían cosas buenas —salud, bienestar, alegría— para mis seres queridos y para mí en el ámbito estrictamente personal. Pero en el supuesto de que el genio de la lámpara sólo concediera anhelos concernientes a la vida pública, le pediría el surgimiento en México de un partido de izquierda democrático, progresista, congruente y razonable. Nunca lo hemos tenido.

La izquierda mexicana —al menos la que se hace oír, no contrariada públicamente por la silenciosa, si la hay— se ha vuelto, como la mujer de Lot, una estatua de sal, absorta en la glorificación de su propio pasado, victimista, clientelista, incongruente y con dudosas credenciales democráticas.

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