13 de febrero, 2015 — El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED) instó a las autoridades de México a tomar una serie de medidas para cumplir con sus obligaciones como Estado signatario de la Convención Internacional sobre el tema.

La exhortación fue incluida en las observaciones finales del Examen que el Comité realizara a ese país, divulgadas hoy en Ginebra.

Ese documento señala que se observa un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio mexicano, muchas de las cuales podrían calificarse de forzadas.

El Comité concluyó que el grave caso de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre en el estado de Guerrero, ilustra los serios desafíos que enfrenta México en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas, así como en la búsqueda de personas desaparecidas.

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Comunicado Conjunto SEGOB-SRE

• Los pasados 2 y 3 de febrero, México sustentó su primer informe ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED), en donde dio cuenta de los avances y retos que registra en esta materia, mediante un intercambio técnico con los expertos de dicho Comité

• México recibe las recomendaciones emitidas el día de hoy por el Comité contra la Desaparición Forzada en virtud de dicha sustentación

El Gobierno de México recibió las observaciones finales y recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada, en respuesta al informe que presentó sobre la implementación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada y a su sustentación, que tuvo lugar el 2 y 3 de febrero, en Ginebra, Suiza. Dicha sustentación tuvo como propósito evaluar el alcance de las medidas adoptadas por el Estado mexicano para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del mencionado tratado internacional desde su entrada en vigor en 2010. México ratificó la Convención en 2008 y es hoy uno de los 44 Estados parte.

Durante la sustentación de su informe, México proporcionó al Comité información relacionada con los avances y retos existentes en el país en materia de desaparición forzada, tales como: i) la armonización del marco jurídico en todo el país, ii) la depuración permanente de los registros de personas desparecidas, iii) la puesta en práctica en todo el país de los protocolos de búsqueda iv) el fortalecimiento de los servicios forenses, vi) la atención integral de las víctimas y, vii) las acciones adoptadas por las entidades federativas en materia de desaparición forzada.1)

Las recomendaciones emitidas por el Comité no reflejan adecuadamente la información presentada por México ni aportan elementos adicionales que refuercen las acciones y compromisos que se llevan a cabo para solventar los retos mencionados. Tal como lo acreditó ante el Comité, México tiene el firme compromiso de redoblar los esfuerzos dirigidos a transformar la forma en que se conciben, reconocen y aplican los principios que deben regular la prevención, investigación y búsqueda de personas desaparecidas, a fin de asegurar el cumplimiento de los fines que persigue la Convención.

(El texto completo de la respuesta de México se enscuentra en el vínculo siguiente:)

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CED/Shared%20Documents/MEX/INT_CED_RLI_MEX_19337_S.pdf

Fuente: http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/5589-060

(23/02/2015)

El Comité de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés), en sus observaciones finales sobre México, determinó que las desapariciones se han generalizado en el país, e instó al Gobierno a tomar medidas para prevenir las desapariciones y resolver los casos pendientes. El CED también emitió recomendaciones específicas al gobierno. Sorprendentemente, pocas horas después de que el CED publicó sus conclusiones y recomendaciones, el gobierno mexicano contestó a las conclusiones al decir que  “no aportan elementos adicionales” para abordar el problema.

“El gobierno mexicano no parece dispuesto a reconocer la gravedad de la crisis, y su posición en relación con estas recomendaciones puede indicar que va a ignorar cualquier crítica a sus estrategias fallidas en materia de seguridad pública. Esta decisión es extremadamente alarmante en el frágil contexto de derechos humanos que enfrenta el país “, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

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