Luis de la Barreda Solórzano
El juez tercero de distrito en materia administrativa, Martín Santos Pérez, ha concedido un amparo que ordena permitir a los padres de Graciela importar medicamentos elaborados con base en el cannabidiol —una sustancia química no psicoactiva de la cannabis, planta de la que se obtiene la mariguana— para el tratamiento médico de su hija, quien padece el síndrome de Lennox-Gastaut, el cual le provoca numerosas crisis epilépticas diariamente.
El Consejo de Salubridad General, que agrupa a todos los órganos de salud del gobierno federal, había respondido a la solicitud de autorización con un oficio en el que dictaminó que no hay evidencia científica sobre la eficacia del cannabidiol u otras sustancias derivadas de la cannabis, las cuales —añade— en el caso de niños podrían empeorar la situación.
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El móvil del crimen múltiple de Iguala-Cocula —aventura el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)— pudo haber sido que el quinto autobús, el Estrella Roja 3278, el tercero tomado en la central camionera por los estudiantes, pudo llevar escondido, sin que éstos lo supieran, un cargamento de droga (tal vez heroína) o dinero.
El GIEI sospecha que la agresión se debió a que los narcos y sus cómplices no podían permitir que los normalistas se llevaran ese vehículo con su valiosa carga. Basa su hipótesis en la investigación, encabezada por la fiscal federal estadunidense Nicol Kim, de acuerdo con la cual el grupo criminal Guerreros Unidos adapta autobuses de pasajeros con compartimentos para ocultar droga.
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La sentencia condenatoria dictada a Leopoldo López —13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión— pone de manifiesto, una vez más, que en Venezuela se ha instaurado una dictadura.
Es verdad que Hugo Chávez y Nicolás Maduro llegaron al poder por la vía electoral —aunque el segundo en una contienda absolutamente inequitativa y cuestionada, sin garantías para la oposición y apenas alcanzando la mayoría—, pero por esa misma vía llegaron Hitler y Mussolini.
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Ochenta y siete académicos han expresado su respaldo incondicional al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investiga el caso Iguala-Cocula, en tanto que Isabel Miranda de Wallace y Samuel González Ruiz, de Alto al Secuestro, demandan que el GIEI sea excluido de la investigación, pues trabaja sin bases científicas y su actuación se ha politizado. Ninguna de las dos posturas es razonable.
Un respaldo incondicional es un acto de fe: se apoya todo lo que concluya el GIEI sin importar el sustento probatorio o lógico. En este mismo espacio advertí que el informe presentado por ese grupo carece del rigor y la consistencia deseables. Respecto del móvil, por ejemplo, se basa en una elucubración: uno de los autobuses del que se apoderaron los estudiantes probablemente iba cargado de droga sin que éstos lo supieran. No se podía permitir que se llevaran ese camión con tan valiosa carga.
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