Comisión Interamericana de Derechos Humanos
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Corte Interamericana de Derechos Humanos
Amnistía Internacional
Human Rights Watch
Comisión Nacional de Derechos Humanos
Suprema Corte de Justicia de la Nación
Editorial
Perseo comienza un año crucial para México —elecciones federales (presidencial y legislativas) y locales (gubernaturas, municipios y congresos) en 30 entidades— con el comunicado del primer informe sobre pobreza y derechos humanos en América que elabora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el documento completo —cuyo vínculo de internet se proporciona— se reconocen avances, pero se advierte sobre los riesgos de retroceso y la persistente situación de pobreza y pobreza extrema en muchas regiones del continente. El documento incluye recomendaciones puntuales sobre las medidas que los gobiernos deben adoptar para enfrentar el acuciante problema que propicia las más graves violaciones a los derechos humanos.
En La duda (reflexiones de un educador sobre el mundo actual), Luis Íñigo Fernández discurre sobre los signos de decadencia que marcan a la cultura occidental —opulencia y pobreza extremas, descrédito de la democracia, desinterés en la política, desaparición de la ética del trabajo y el esfuerzo personal, materialismo sin ambages, búsqueda del placer fácil y rápido, rechazo visceral al compromiso y culto ilimitado al dinero—. Nos advierte sobre el peligro de estar confundiendo la tolerancia humanista con el relativismo corrosivo y nos invita a retomar los principios básicos de la dignidad del ser humano y los derechos inalienables del individuo para fortalecer la democracia y el progreso conjunto y equitativo.
Gustavo Enrique Molina Ramos nos presenta la primera parte —de tres— de su exhaustivo ensayo El principio de interés superior del menor en la impartición de justicia infantil, en el que explica cómo los principios procesales dispositivo, de paridad procesal, de litis cerrada, de carga de la prueba y de publicidad deben vincularse con el de interés superior del menor y cumplirse en las controversias judiciales en materia infantil.
En clásicos, Perseo tiene como huéspedes a Benjamin Rosenblatt —escritor ruso-estadounidense de fines del siglo XIX y principios del XX— con su tragicómico relato Zelig, y a Juan de Dios Peza —de la misma época, en la que fue uno de los poetas más conocidos en México— con su melancólico y filosófico poema Reír llorando.
La ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la CNDH y la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos asoman a sus resoluciones e información más importantes.
Cosas veredes reflexiona ahora sobre el despropósito que sería amnistiar a los facinerosos del crimen organizado, la república amorosa prometida utópicamente por uno de los principales contendientes por la presidencia del país, el legado magnífico de Charles Chaplin y los derechos de quienes nacen con el llamado tercer sexo —una anatomía sexual que no encuadra precisamente o en la masculina o en la femenina—.
La visita a Perseo termina con los divertimentos habituales. Ω
Informe sobre pobreza y derechos humanos en América
5 de diciembre de 2017
Comunicado 202/17
Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta el “Informe sobre pobreza y derechos humanos en América”, el primer informe temático en abordar esta materia.
En la última década se lograron importantes avances en la región en materia de derechos sociales, económicos, culturales y ambientales (DESCA), que permitieron a grandes sectores de la población salir de la pobreza y la pobreza extrema. Sin embargo, estos logros se encuentran hoy en riesgo de retroceso. A través de este informe, la Comisión Interamericana busca contribuir a los esfuerzos para reducir y erradicar la pobreza en América, con recomendaciones orientadas a mejorar y fortalecer la legislación, las políticas y acciones de los Estados a fin de garantizar que los derechos humanos de las personas que viven en la pobreza sean debidamente respetados y protegidos.
La CIDH observa con preocupación que la persistente situación de pobreza y pobreza extrema en los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se traduce en graves obstáculos para el goce efectivo de los derechos humanos. La CIDH ha constatado en sus visitas a países que las personas que viven en la pobreza enfrentan obstáculos geográficos, económicos, culturales y sociales para ejercer sus derechos.
En muchas regiones, las personas en situación de pobreza, viven alejadas de los lugares de trabajo, de las plazas comunales, de los mercados y se les dificulta el acceso a los servicios públicos, tales como agua potable, saneamiento, red de energía, centros de salud, escuelas y a las instituciones que prestan servicios sociales. Asimismo, en ocasiones, se ven expuestas a recorrer largas distancias y transitar por caminos, infraestructuras y carreteras en mal estado, poniendo en peligro su propia vida.
Estos obstáculos que enfrentan cotidianamente las personas, grupos y colectividades que viven en situación de pobreza se amalgaman entre sí, generando condiciones de trabajo degradantes y peligrosas, viviendas insalubres, alimentación inadecuada, riesgo a sufrir enfermedades, exposición a la violencia, acceso desigual a la justicia, y baja o ninguna participación en los procesos de toma de decisiones pertinentes a su condición.
Esta situación afecta particularmente a grupos históricamente discriminados, tales como las mujeres, niños, niñas y adolescentes, pueblos indígenas, poblaciones afrodescendientes, migrantes, personas privadas de libertad, personas con discapacidad, población LGBTI y personas mayores. La CIDH urge a los Estados considerar los factores de riesgo que enfrentan estas personas y desarrollar políticas sociales para responder y remediar su situación de pobreza, así como enfrentar activamente las múltiples formas de discriminación que han sufrido históricamente.
Los Estados tienen la obligación de adoptar pasos deliberados, concretos y orientados a cumplirlas para avanzar en la erradicación de la pobreza en América. Deben abordar la problemática de la pobreza desde un enfoque de derechos humanos, desarrollando estrategias para garantizar los derechos al trabajo digno, salud, alimentación, vivienda, y educación, garantizando el empoderamiento económico y social de las personas que viven en pobreza. Deben asimismo posibilitar la participación de las personas que viven en situación de pobreza, tomando en cuenta sus experiencias y perspectivas.
La CIDH y la Relatoría Especial para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) reafirman su compromiso de colaborar con los Estados americanos en la elaboración e implementación de políticas públicas con enfoque en derechos humanos para garantizar una vida digna a las personas que viven en la pobreza y lograr progresivamente la plena erradicación de la pobreza en el hemisferio.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Para ver el informe completo:
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/PobrezaDDHH2017.pdf
Fuente:
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/202.asp
(8/12/2017)
La duda1
(Reflexiones de un educador
sobre el mundo actual)
Luis Íñigo Fernández[1]
Es una paradoja, pero no resulta por ello menos cierta. Las sociedades occidentales languidecen en nuestros días adormecidas por el poderoso narcótico de la opulencia. El desarrollo económico que fue posible gracias, entre otras cosas, a la extensión de los valores que han hecho de Occidente lo que es, puede ahora causar su destrucción. Y no porque riqueza y libertad sean incompatibles, sino porque la riqueza ha tenido como efecto colateral e indeseable minar la base de la libertad.
En efecto, Occidente, como de algún modo le sucedió a Roma en los últimos siglos del Imperio, parece haber perdido la fe en sí mismo. Sin necesidad de compartir las jeremíacas profecías de Huntington acerca de la «decadencia moral», el «suicidio cultural» y la «desunión política» de Occidente, a nadie se le escapa que nuestra civilización exhibe ya ciertos síntomas preocupantes, cuando menos similares a los que, en épocas pasadas, han jalonado la lenta marcha de los pueblos hacia la decadencia.
Una prueba evidente de la pérdida de fe en sí misma de la civilización occidental es el descrédito de la democracia y sus instituciones. Tanto en Estados Unidos como en Europa, disminuye día a día el interés de los ciudadanos en la política; la participación en las consultas electorales es baja; la afiliación a partidos y sindicatos, exigua; la dificultad para percibir diferencias entre las opciones, creciente, lo que va extendiendo la idea, una vez que se ha hecho evidente el fracaso histórico del comunismo, de que todos los líderes políticos son iguales y actúan movidos más bien por intereses personales que por el deseo de servir a la colectividad. Esta actitud, sin embargo, no es sino un pretexto tras el que una sociedad embotada por la opulencia y el materialismo oculta su escasa disposición a ejercer con responsabilidad las funciones propias de la ciudadanía consciente y responsable.
Por desgracia, no se trata de un hecho aislado. La desaparición progresiva de la ética del trabajo y el esfuerzo personal se ha extendido a todas las dimensiones de la vida. Las famosas palabras de Kennedy que aconsejaban a los jóvenes no usar su tiempo como una hamaca, sino como una herramienta, caen hoy cada vez con más frecuencia en saco roto. Por todo Occidente, el modelo de familia vigente hasta hace unas décadas entra en crisis, dejando a los hijos huérfanos en normas y de modelos. La escuela, transmutada en guardería de niños y jóvenes, confunde igualdad de oportunidades con igualdad de resultados, y trata de alcanzar ésta aun al precio de enmascarar su fracaso. Los medios de comunicación, siervos sumisos de la imparable maquinaria del consumo, siembran sin miramientos en las conciencias cada vez más indefensas valores bien distintos de los que proclama la doctrina oficial de las democracias de Occidente. Materialismo sin ambages, búsqueda del placer fácil y rápido, rechazo visceral al compromiso y culto ilimitado al dinero son las verdaderas pautas de comportamiento en que la sociedad occidental educa a sus nuevas generaciones.
Mientras esto sucede, gana terreno a cada paso la confusión entre tolerancia y relativismo. La tolerancia supone el respeto hacia valores, creencias o actitudes que no se comparten desde una postura de firme convicción acerca de la validez de las propias. El individuo o la colectividad se creen en posesión de la verdad, pero aceptan que pueda haber también verdad, o al menos una parte de ella, en las ideas de otros y las respetan por ello, aunque con ciertos límites. El relativismo, por el contrario, al negar por completo la existencia de la verdad, o al menos la posibilidad de alcanzarla, coloca en plano de igualdad todas las creencias y termina por no abrazar ninguna. Si la tolerancia es deseable, y un claro signo de madurez de una sociedad, el relativismo no lo es, porque priva a la colectividad que lo padece del poderoso elemento de coherencia que se desprende de la posesión de unos valores compartidos y porque, en mucha mayor medida, convierte en imposible la tarea de socializar a las nuevas generaciones. Y es el segundo, bajo el nombre de la primera, el que en realidad se extiende sin cesar en las sociedades occidentales.
Pero el relativismo alcanza su máximo poder disgregador cuando se une a otro indicio preocupante que hoy exhibe nuestra cultura: el complejo de culpa. Durante las últimas décadas ha llegado a convertirse en un lugar común, en especial del pensamiento «políticamente correcto», la necesidad de pedir perdón al mundo por el daño que Occidente le ha hecho. Esta actitud, en sí misma, no es mala; es más, se trata incluso de un rasgo propio de nuestra cultura, la única que ha producido una conciencia crítica lo bastante fuerte para superar, al menos de manera parcial, el etnocentrismo característico de toda civilización. Pero una cosa es denunciar cuanto de malo ha hecho —y hace— Occidente y otra bien distinta renunciar a defender cuanto tiene y hace de bueno.
Lo que de malo ha hecho Occidente lo sabemos todos. Europa utilizó su superioridad técnica y demográfica para someter al mundo a sus dictados e imponerles sus creencias y valores. Cientos de millones de seres humanos, iguales a nosotros en derechos y dignidad, padecieron mucho por ello, e innumerables culturas sufrieron pérdidas irreparables o incluso se extinguieron. Lo que de malo sigue haciendo tampoco podemos negarlo. Países enteros sufren la explotación inclemente de indignas clases políticas que actúan en connivencia con grandes empresas multinacionales y gobiernos sin escrúpulos que sacrifican a las personas en el altar de sus interés políticos y económicos. Debemos avergonzarnos de ello; estamos obligados a criticarlo. Pero si tenemos ese deber es, precisamente, porque formamos parte de una cultura que propugna como principios básicos la dignidad del ser humano y los derechos inalienables del individuo; una cultura que ha inventado la democracia y que ha logrado que una parte al menos de la humanidad haya alcanzado cotas de progreso como nunca antes se habían conocido. Estos logros constituyen las señas de identidad de Occidente y debemos estar orgullosos de ellos. Y es, asimismo, en ellos en donde debemos trazar una nítida frontera entre lo que podemos respetar en otras culturas y lo que no podemos aceptar en ningún caso de ellas, ni tolerarlo en aquellos de sus miembros que desean vivir entre nosotros. Algunos, quizá muchos, de los valores y actitudes que Occidente ha tratado de imponer, no son universales, aunque hayamos tratado de venderlos como tales a las demás culturas. Otros sí lo son. Sin ellos, la evolución de la humanidad hacia mayores cotas de bienestar y progreso, simplemente, no será posible. Por supuesto, no podemos imponerlos, pero es nuestra obligación ayudar a todos los pueblos a alcanzarlos. Quizá conocer la historia de Occidente y reflexionar sobre la manera en que ha llegado a ser como es hoy puede hacer que lo entendamos así… Ω
[1] (1966-…) Educador, historiador y escritor español.
Impactos del principio de interés
superior del menor en la impartición
de justicia en materia infantil
(Primera de tres partes)
Gustavo Enrique Molina Ramos[1]
Introducción
La mayor parte de las referencias a los principios del derecho, sea que se remita a los principios generales, a los principios procesales, o a cualquier otro tipo de principios, implican su conceptualización como “pilares básicos” sobre los que se asienta una determinada concepción del Derecho , aunque –matizando lo anterior- hay que recalcar que a lo largo de la Historia ha habido muchas y muy distintas concepciones del Derecho y, por lo tanto, muchos y muy distintos principios de Derecho.
En consecuencia, considero importante relativizar el concepto de principios del derecho, para no sobrevalorarlos y entenderlos en su justa medida.
Desde mi perspectiva, los principios del derecho no son inmutables y eternos, como parece sostenerse retóricamente, sino más bien coyunturales e históricos y, por tanto, mutables. Los principios del derecho no son categorías lógicas universales, pues responden a la lógica de la época , es decir, a la ideología dominante en el lugar y momento históricos en que se formulan.
Independientemente de lo anterior, las funciones que tradicionalmente se atribuyen a los principios del derecho son las de crear, interpretar e integrar el sistema jurídico; sin embargo, a partir de que en los últimos años el legislador ha introducido la práctica de incorporar a las leyes que emite disposiciones que explicitan los principios que las rigen, se ha sostenido que, al menos éstos principios “legalizados” cumplen una función potenciadora de sí mismos, pues en tanto que son contenido de normas jurídicas, resulta obligatorio para el Juzgador interpretar y aplicar las leyes que los contienen de la manera que mejor expresen a esos principios, y que genere su mayor expansión posible.
Ahora bien, los principios procesales son una expresión monodisciplinaria de los principios generales del derecho, y consecuentemente, responden a la misma lógica y coyuntura histórica que éstos, de manera que puede sostenerse que aquéllos están subordinados a éstos, respecto de los cuáles cumplen funciones instrumentales.
En materia de derecho familiar, uno de los principios que ha irrumpido con mayor fuerza, influyendo notoriamente en la interpretación normativa, es el principio del interés superior del menor (ISM) que rige en México como consecuencia de haber suscrito la Convención sobre los Derechos de los Niños que entró en vigor en nuestro país desde el 26 de enero de 1991, día siguiente a la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El sentido y alcance conceptual de éste principio ha sido objeto de una intensa discusión, no obstante lo cual parece haber un consenso en considerar que consiste en la necesidad jurídica de todas las autoridades del Estado Mexicano, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, de todas las personas y, en general, de la sociedad, de velar porque siempre que se presente una situación en la que se vea involucrado un menor de edad, la misma sea enfrentada de la manera que resulte más beneficiosa para su desarrollo.
La aplicación del ISM así conceptualizado ha generado importantes impactos en la vida jurídica del país, pues con motivo de él se han promulgado o reformado múltiples textos normativos , para concretarlo se han establecido políticas públicas, se han creado dependencias públicas cuya acción se pretende sea inspirada por él, se han ampliado o se han fortalecido las facultades de dependencias públicas ya existentes para instrumentar su defensa, y se ha modificado drásticamente la interpretación de muchas normas, tanto sustantivas como adjetivas, pues –se dice– el ISM debe ser utilizado como tamiz para la aplicación de todas las normas, siempre que esté involucrado un menor de edad.
En materia procesal el PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR ha sido invocado como fundamento de innumerables resoluciones y ha propiciado la modificación de añejos criterios de interpretación que, en algunos casos, se consideraban pilares de nuestro sistema de impartición de justicia, y se remontaban hasta el Derecho Romano Clásico.
Los cambios o afectaciones que el principio del interés superior del menor ha provocado, junto con la reforma de oralidad procesal, han profundizado la necesidad de especialización de órganos jurisdiccionales, y han impactado de tal manera a instituciones y principios procesales de trascendental importancia, que con base en ellos puede hablarse ya, en mi opinión, de un derecho procesal familiar esencialmente distinto al derecho procesal civil.
Entre los principios e instituciones procesales que se han visto afectados por la aplicación del ISM tenemos al principio de “cosa juzgada”, al de paridad de partes, el principio dispositivo, el principio de la carga probatoria, la suplencia de la queja, la legitimación ad procesum, la capacidad de ejercicio para declarar ante un tribunal, la valoración de la prueba, la caducidad de la instancia, el interés jurídico legitimante, las formalidades de la prueba, el principio de litis cerrada, etc., y se han generado nuevas e importantes presunciones procesales, así como nuevos principios.
I. Principios procesales afectados
Tradicionalmente se estableció, y así fue universalmente aceptado en nuestro medio, que los procedimientos jurisdiccionales en los que se involucraran exclusivamente intereses de particulares tendrían naturaleza adversarial, y se regirían por los principios inherentes a tal tipo de procedimiento de impartición de justicia, es decir, a procedimientos para resolver controversias entre sujetos de derecho que se enfrentan, y que son titulares absolutos de la acción y de la excepción (como acción de defensa), en los que el Estado interviene como árbitro imparcial, resolviendo sobre los hechos que las partes invocan, con los medios de convicción que éstas aportan, considerando que “lo que las partes no aportaron al expediente, no existe para el caso”, y en respuesta a la iniciativa de las partes involucradas. Es cierto que esta concepción era matizada en algunos supuestos, pero indiscutiblemente sobre ella se estructuraban los procesos civiles.
Lo anterior se expresó, entre otros, en los principios dispositivo, de paridad procesal, de cosa juzgada, de preclusión, de carga de la prueba y de litis cerrada.
Ahora bien, la reforma constitucional de 2011 en materia de Derechos Humanos, con la incorporación explícita del principio del interés superior del menor, expresó una correlación social de fuerzas distinta a la que existía previamente, que había sido estructurante de los principios del derecho considerados hasta esa fecha, y modificó la conceptualización del papel que el juzgador debe desempeñar en los procedimientos jurisdiccionales en que se ven involucrados y/o pueden llegar a ser afectados las personas y/o los intereses y/o los derechos de menores de edad, impactando en consecuencia en los principios que rigen tales procedimientos, sobre todo a partir de la obligación que se ha impuesto a los jueces de que, al resolver, realicen un control ex officio de la convencionalidad y de la constitucionalidad del derecho aplicable al caso.
Ahora, el principio de interés superior del menor y la obligación de control ex officio de la convencionalidad y de la constitucionalidad son los pilares en los que descansa –o debe descansar– la nueva práctica jurisdiccional en los asuntos que involucran a menores de edad.
Por virtud del primero (ISM) el juez (y con él todas las autoridades del Estado) debe considerarse a sí mismo, como el sujeto que, dentro de sus ámbitos de competencia, está obligado a proteger activamente los derechos e intereses de los menores de edad, a fin de que como resultado de su intervención se generen las mejores condiciones posibles para su sano y pleno desarrollo como seres humanos, partiendo de la idea de que su especial condición de vulnerabilidad exige una “protección reforzada” de sus derechos.
Por virtud del segundo (control ex officio) es obligación del juez vigilar que, independientemente de lo que las partes expresamente planteen en un juicio, cuando de los hechos probados resulte una determinada consecuencia conforme a los “derechos fundamentales”, la situación se resuelva conforme a tales derechos fundamentales, aún y cuando ello sea contrario a lo pactado por las partes, a los usos y costumbres, o a la ley secundaria, pues ni el convenio, ni los usos y costumbres, ni la ley secundaria deben prevalecer sobre los derechos fundamentales, cuya salvaguarda corresponde a la autoridad.
1.1. El principio dispositivo y el interés superior del menor
Conforme al principio dispositivo, corresponde a las partes de un juicio determinar el contenido material de los litigios y el ritmo del proceso, de manera que la intervención del juzgador se limita a resolver conforme a Derecho las peticiones que formulan las partes, tanto en lo procesal, como en lo sustantivo.
En nuestro derecho procesal, este principio, como es sabido, no es absoluto, pues ha sido matizado mediante disposiciones que imponen al juzgador algunas cargas específicas para dar continuidad al procedimiento en algunos momentos procesales, sin necesidad de petición de parte, por lo que actualmente debe considerarse que no es absoluto y solo puede expresarse como una regla general, pues actualmente la necesidad de impulso procesal es vigente en los juicios en los que se ventilan controversias entre particulares, siempre que la Ley no faculte al juzgador, de manera expresa, para actuar de oficio.
Ahora bien, actualmente en los asuntos en los que el litigio involucra a la persona, los intereses o los derechos de algún menor de edad, el principio dispositivo matizado a que me he referido ha sido modificado por la acción de los tribunales invocando el ISM
En efecto, conforme a diversas resoluciones de tribunales federales basadas en el argumento de que corresponde al Juez vigilar y garantizar el pleno respeto a los derechos e intereses de los menores de edad en los procedimientos que los involucren, algunas de las cuáles constituyen jurisprudencia, ahora el juzgador debe adoptar una actitud proactiva en defensa de dichos intereses, por lo que es su responsabilidad dictar las medidas necesarias para generar el escenario que más les beneficie, pues –se llega a afirmar– la acción procesal (en estos casos) no solo corresponde a las partes, pues también está encomendada al Juzgador .
Así pues, conforme al principio del interés superior del menor, los procedimientos jurisdiccionales que involucran a la persona, los intereses o los derechos de menores de edad, no se rigen más por el principio dispositivo, en la medida en que de éste pueda llegar a afectarse a menores de edad, sino por el principio inquisitivo y, en consecuencia, estos procedimientos, que eran por definición adversariales, deben desarrollarse inquisitorialmente en todas las actuaciones procesales que afecten o puedan llegar a afectar a menores de edad, toda vez que corresponde al Juzgador garantizar que obren en el expediente todos los elementos de prueba que sean necesarios para que la resolución se dicte considerando la verdad histórica, y que la defensa de los intereses de los menores de edad se lleve de manera adecuada, con las consecuencias que esto implica respecto de otros principios procesales, antes indiscutibles y ahora puestos en revisión.
Además, es de apuntar que en estas condiciones, el interés superior del menor exige que el juzgador dicte resoluciones “en justicia”, lo que no necesariamente coincide con la letra de la ley, que —incluso— puede llegar a quedar inaplicada como consecuencia y con fundamento en el control ex officio, que es su obligación llevar a cabo.
Todo esto lleva a preguntarnos contra quien se litiga en estos procedimientos, si el juzgador tiene encomendada la acción junto con las partes, aunque para la defensa de los menores. En una primera reflexión, pareciera que esta nueva condición exige que, para evitar situaciones que pudieren ser calificadas de parcialidad, se introduzca en el derecho procesal familiar la división de funciones entre juez instructor y juez resolutor, como se ha hecho ya respecto de los procedimientos penales, para armonizar la protección a los derechos de los acusados, con los derechos de las víctimas.
1.2. Principio de paridad procesal e interés superior del menor
El principio de paridad procesal es, indudablemente, uno de los principios procesales más afectados por la aplicación del principio del interés superior del menor.
En efecto, el principio de paridad procesal es consustancial al procedimiento conceptualizado como adversarial. Conforme a este principio las partes son adversarios que, en un plano de igualdad, someten sus diferencias al órgano jurisdiccional, al que aportan elementos fácticos, probatorios y argumentativos, a fin de que, cerrada la instrucción, éste resuelva cuáles de los hechos invocados por las partes quedaron debidamente acreditados mediante las pruebas aportadas por ellas; y cuáles de sus pretensiones son efectivamente procedentes como consecuencia jurídica de los hechos probados, y cuáles no, expresando claramente, en todos los casos, los motivos y los fundamentos de Derecho de su resolución.
Ahora bien, como vimos anteriormente, como consecuencia del ISM los tribunales federales consideran que en los casos en los que se involucran personas, intereses o derechos de menores de edad, la acción está encomendada tanto al juzgador como a las partes, lo que impone al primero la obligación de velar porque se aporten al juicio todos los medios de prueba que pueden llegar a demostrar la veracidad o la falsedad de los hechos en que se funda la acción o la defensa, en lo que sea conveniente para la persona, los intereses o los derechos de los menores de edad involucrados.
En consecuencia, en estos procedimientos el juzgador ya no tiene el papel de árbitro imparcial, sino que debe tomar partido por los menores de edad, lo que significa que, en primer lugar, tiene que dilucidar cuál de los litigantes defiende el interés del menor, si es que hay alguno que lo haga, o qué aspectos del interés superior del menor son defendidos por cada litigante; hecho ello, en segundo lugar, debe completar, corregir, e incluso suplir las intervenciones de las partes en juicio para tutelar ese interés, generando una situación de disparidad procesal, en la que una parte, o ambas en algunos aspectos, tiene como coadyuvante al Juzgador. En otras palabras, como consecuencia de su Interés Superior, se considera a los menores de edad como una parte procesal, independiente de representación formal o legal que tengan en el procedimiento; por lo que, además de las tradicionales parte actora y parte demandada, los menores son considerados una tercera parte, cuyo interés es defendido por el Juez, circunstancia que provoca que las partes no puedan tener claridad respecto de contra qué o contra quién se enfrentan, ni sobre los medios de prueba que deben aportar al juicio, ni sobre los argumentos que deben rebatir, pues para defender el interés superior del menor, con base en elementos que no son puestos en la mesa del debate por las partes, el Juzgador podría mejorar los planteamientos, argumentos, pruebas y peticiones de la contraria. Un sector de la doctrina, con base en esta característica que se atribuye a los procedimientos referidos a menores de edad, ha considerado que, en éstos rige un nuevo principio, al que ha denominado como principio de socialización del proceso.
1.3. Principio de litis cerrada e interés superior del menor
Tradicionalmente se ha considerado que el sistema procesal civil mexicano es de litis cerrada, es decir, que en un procedimiento judicial solo pueden ser materia de sentencia las pretensiones que fueron definidas por las partes como puntos de litis en la etapa inicial de juicio conocida como “etapa postulatoria” o “de planteamiento de la litis”, y precisamente con los escritos de demanda y contestación de demanda, de manera que una sentencia que resuelva sobre un punto no sometido por las partes al arbitrio del juez, aunque tenga relación con el caso y resulte de los elementos que obran en el expediente, sería violatoria del principio de congruencia que debe regir toda actuación judicial.
No obstante lo anterior, de conformidad con algunas resoluciones de los tribunales de amparo, en asuntos que involucran a las personas, intereses o derechos de menores de edad no es aplicable este principio “de litis cerrada”, o al menos no es aplicable en forma rigurosa, pues –se argumenta- en cumplimiento del artículo 4º constitucional el juzgador está obligado a atender todas las circunstancias o hechos que se relacionen con la niñez, ya sea que formen parte de la litis o que surjan en el procedimiento, y por ello está obligado a ordenar la práctica, repetición o ampliación de diligencias probatorias si ello resulta pertinente para estar en posibilidad de dictar una resolución referida a todas las situaciones que afectan a los menores (aunque no las hayan planteado los contendientes) con plena convicción de que lo decidido no resultará nocivo o contrario a la formación y desarrollo integral de los menores involucrados , sino que al contrario, será lo que mayormente los beneficie.
Así pues, en asuntos que involucren menores de edad, debido al imperativo derivado del Interés Superior del Menor, la litis quedará siempre abierta para que el juzgador tenga la posibilidad de impactar con su resolución cualquier circunstancia nociva o contraria a la formación y desarrollo integral de los menores involucrados, de la que pudiere tomar conocimiento con motivo del procedimiento. Otra vez, el principio que impera es el ya mencionado de la socialización del proceso.
Ahora bien, esta situación hace pensar en que pareciera ir avanzando una concepción del Estado que puede ser catalogada como TOTALITARIA, concepto que se desarrolla en la Teoría del Estado, y que se refiere a aquél tipo de Estado que considera como su responsabilidad intervenir en todos los ámbitos de la vida de su población, con la finalidad de lograr mayor eficacia en la búsqueda del bienestar general y del bien común, lo que parece contradictorio con la idea de un Estado Democrático actuando en una sociedad civil madura y consciente, que defiende y garantiza la individualidad y la dignidad humana, pues en ocasiones, con el concepto de Interés Superior del Menor parece eliminarse el ámbito privado e íntimo de la familia como espacio de “formación” de personas, en aras de la pretensión de garantizar las condiciones más favorables posibles para el desarrollo de la persona y de la personalidad de los menores de edad.
1.4. Principio de carga de la prueba e interés superior del menor
Íntimamente relacionada con los dos puntos anteriores encontramos la afectación que el ISM ha generado al principio de carga de la prueba establecido en todos los códigos de procedimientos del país, conforme al cuál, “a la parte actora corresponde probar los elementos constitutivos de su acción, y a la parte demandada los de sus excepciones”.
En efecto, no obstante que no hay ninguna regla especial que determine alguna variante al principio de carga de la prueba en materia de menores, el juez tiene la obligación de proveer para que se aporten a juicio todas las pruebas necesarias para proteger el interés del menor, es decir, para que se desahoguen y, en consecuencia, posteriormente puedan ser valorados en sentencia por él, todos aquellos medios de prueba conducentes para sustentar la resolución que se dicte, pues es su responsabilidad que ésta sea la más favorable posible a la persona, a los intereses y a los derechos de los menores involucrados, y habiendo considerado todos los hechos y circunstancias que pudieren ser relevantes para ello, sin importar si las partes las ofrecieron y aportaron a juicio, o no, o incluso en el caso de que las hayan ofrecido o aportado en forma defectuosa. Y hay que hacer notar que esta circunstancia no tiene qué ver con la facultad que tradicionalmente se otorga a los juzgadores para ordenar pruebas para mejor proveer, pues en los asuntos de menores no es una cuestión facultativa para el Juez, sino que es su obligación y responsabilidad, de manera que causa agravio al interés de los menores el hecho de que el Juez sea omiso al respecto.
Esta obligación para el juzgador, que deriva de la encomienda que se le hace de la acción —en lo que repercuta en los menores de edad— implica que prácticamente se asuma como defensor de éstos en el litigio y, como dije antes, que deba analizar cuál de las partes es la que defiende el Interés del Menor, para sumarse a ella, o para sustituirla o complementarla en mayor o menor medida, actuando en forma subsidiaria a ella; o en el peor de los casos, implica que el Juzgador actúe fácticamente casi como una parte formal más, representando el interés de los menores involucrados. Esta circunstancia, además, puede colisionar con el rol que la Ley otorga al Ministerio Público, que es el portador oficial del interés menor y del interés público , aunque puede decirse que más bien es una función complementaria de protección al interés de los menores.
Así pues, con motivo del principio del interés superior del menor, más allá de la carga probatoria de las partes, corresponde al Juez velar porque se aporten efectiva y eficazmente al juicio las pruebas necesarias para probar la veracidad o falsedad de los hechos invocados en el planteamiento de la litis, y de los derivados de éstos, para que en la sentencia se resuelva lo que efectivamente sea más conveniente para el menor . Esta situación impacta evidentemente al principio de la defensa privada que se considera característico de los sistemas procesales privatísticos, en los que se confrontan dos intereses privados.
En otro orden de ideas, es claro que esta modificación al principio de carga de la prueba provocada por la aplicación del ISM, refuerza la idea de que en este tipo de procedimientos rige ahora el principio de socialización al que hice referencia anteriormente.
1.5. El principio de publicidad de las actuaciones judiciales y el interés superior del menor.
En los procedimientos jurisdiccionales tradicionales existe el principio (y la disposición legal) según el cual las audiencias deben ser públicas, es decir, deben desarrollarse en un espacio y de una manera que permitan que el público en general observe al juzgador en acción, en aquéllas actuaciones procesales que no sean contrarias a la moral o a las buenas costumbres. Lo anterior se potencia –evidentemente– en la modalidad de los juicios orales, cuyas actuaciones procesales se realizan prioritariamente en audiencias.
El principio de publicidad implica, en consecuencia, no que la información sobre los casos que se ventilan ante los tribunales se haga del conocimiento del público en general, sino que existe la posibilidad de que incluso personas que no tienen “interés jurídico” en el proceso, asistan a las actuaciones judiciales y tomen conocimiento directo de lo que en ellas sucede y se plantea.
Ahora bien, en los casos que involucran a menores de edad, por su interés superior, en función del respeto a su dignidad y a su intimidad, y de impedir situaciones que pudieren llegar a afectar negativamente su proceso de desarrollo personal, se han dictado disposiciones y se han generado prácticas que restringen el principio de publicidad, tanto en relación con la posibilidad de asistencia del público a las actuaciones judiciales en las que el menor de edad participará directamente, como en relación a su privacidad misma y, por ende, a sus datos personales. Así, no es admisible el público en las actuaciones judiciales en las que se recibe la declaración de un menor de edad ; y en toda constancia judicial que, por alguna razón, deba ser hecha del conocimiento de terceras personas ajenas al juicio en trámite, deben eliminarse todos los datos personales que pudieren servir para identificar al menor de edad. Además, en los juicios familiares se ha incorporado la práctica de preguntar a las partes presentes, antes del inicio de una audiencia, si tienen o no inconveniente de la presencia de público y, en caso negativo, se lleva a cabo la audiencia en privado, lo cual deriva de considerar que las controversias de familia involucran información sensible de las partes, que tienen el derecho a su protección.
Por lo anterior, podría sostenerse que en los litigios que involucran menores de edad, y en general en las controversias de derecho de familia, el principio que rige es el de privacidad.
Bibliografía consultada
Abel Benabentos, Omar, Teoría General del Proceso, T 2, Argentina, Editorial Juris, 2005, 216 pp.
Abal Oliú, Alejandro, Derecho Procesal, T I, 2ª. ed, Uruguay, Ed. FCU, 2001, 331 pp.
Carretta Muñoz, Francesco, La desformalización del proceso judicial de familia e infancia, Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile, 2014, 1er. Semestre, pp. 481-495
De Pina, Rafael y José Castillo Larrañaga, Instituciones de Derecho Procesal Civil, 29ª ed, México, Porrúa, 2007, 546 pp.
Molina Ramos, Gustavo Enrique, El Interés Superior del Menor, ponencia en la semana nacional de los niños, niñas y adolescentes, 24 de noviembre de 2015, Casa de la Cultura Jurídica de León, Guanajuato.
Monroy y Gálvez, Juan, Introducción al Proceso Civil, T. I, s/p, Ed Temis, s/f, 272 pp.
Semanario Judicial de la Federación (IUS), en el Portal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/tesis.aspx”
[1] Académico del Centro Interdisciplinario de Máximo Aprendizaje en León, Guanajuato.
Zelig1
Benjamin Rosenblatt[2]
El viejo Zelig era mirado con recelo por sus compañeros. Ninguno se dignaba llamarlo “Reb” (‘señor’) Zelig ni anteponer a su nombre el equivalente estadounidense: “Mr.” “El viejo es un barril con agujero”, declaraban sabiamente sus vecinos. “Nunca gasta un centavo y no pertenece a ningún lugar”. Porque “pertenecer”, en el lado oeste de Nueva York, no es de poca importancia. Significa ser miembro de alguna de las numerosas congregaciones. Todo judío decente debe incorporarse a “Una Asociación que Entierre a sus Miembros” para ser proveído cuando menos de un nicho al final del largo camino. Zelig todavía no era miembro de alguna de ellas. “Solitario, como un campanario”, suspiraba su esposa con frecuencia. Sigue leyendo
Reír llorando
Viendo a Garrick, actor de la Inglaterra,
el pueblo al aplaudirle le decía:
Eres el más gracioso de la tierra
y el más feliz…
Y el cómico reía. Sigue leyendo
Día Mundial del Sida: menos de la mitad
de los hombres con VIH se encuentran
en tratamiento
01 de diciembre, 2017 — Los hombres son más propensos que las mujeres a comenzar el tratamiento del VIH tarde, a interrumpirlo y a ser inaccesibles a la hora del seguimiento terapéutico, revela un informe de ONUSIDA publicado este viernes con motivo del Día Mundial del Sida. Sigue leyendo
México debe redoblar esfuerzos
para proteger a sus periodistas
04 de diciembre, 2017 — “México debe redoblar esfuerzos para proteger a los periodistas”, declararon dos expertos de derechos humanos este lunes al concluir su misión oficial de una semana para evaluar la libertad de expresión en el país. Sigue leyendo
Se encomia veredicto por crímenes
de lesa humanidad durante
dictadura argentina
05 de diciembre, 2017 — Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos acogió con beneplácito la condena de 48 personas acusadas de cometer torturas, asesinatos y desapariciones forzadas, durante la última dictadura militar en Argentina. Sigue leyendo
Impresionante nivel de violencia sexual
contra niños y hombres refugiados sirios
06 de diciembre, 2017 — Un nuevo estudio de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que involucró a decenas de testigos y discusiones con casi 200 refugiados en Iraq, Líbano y Jordania a finales de 2016, indica que la violencia sexual y la tortura de niños y hombres en Siria por parte de múltiples actores del conflicto es mucho más común de lo que se pensaba anteriormente. Sigue leyendo
Aumenta la pobreza en América Latina,
revela la CEPAL
21 de diciembre, 2017 — Después de más de una década de reducción en la mayoría de los países, los niveles de pobreza y pobreza extrema aumentaron en América Latina en 2015 y 2016. Eso fue el hallazgo del informe Panorama Social de América Latina 2017 presentado el miércoles por Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en conferencia de prensa en las oficinas del organismo en la Ciudad de México. Sigue leyendo
La UNESCO condena el asesinato
del periodista mexicano
Gumaro Pérez Aguilando
23 de diciembre, 2017 — La directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Audrey Azoulay, condenó el viernes el asesinato del periodista Gumaro Pérez Aguilando ocurrido el 19 de diciembre en la ciudad de Acayucan, en el Estado de Veracruz, en el norte de México. Sigue leyendo
El gobierno de Colombia es responsable
de doce desapariciones forzadas
y una privación arbitraria de la vida
en Vereda La Esperanza, Antioquia1
San José, Costa Rica, 30 de noviembre de 2017.- En la Sentencia notificada el día de hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado de Colombia responsable por la desaparición forzada de 12 personas, entre ellos tres niños, así como la privación arbitraria de una de ellas entre el 21 de junio y el 27 de diciembre de 1996 en la Vereda ‘‘La Esperanza’’ del municipio de El Carmen de Viboral, Departamento de Antioquia. La Corte también consideró responsable al Estado por la violación al derecho al acceso a la justicia en perjuicio de las víctimas y sus familiares por las investigaciones de esos hechos. Igualmente, por la violación al derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas directas, así como al derecho de propiedad e inviolabilidad del domicilio por el allanamiento y destrucción de los bienes muebles e inmuebles de dos de las víctimas. Sigue leyendo
El gobierno de Honduras es responsable
de no investigar el homicidio
de un candidato a diputado
San José, Costa Rica, 19 de diciembre de 2017.- En la Sentencia , emitida el 15 de noviembre de 2017 y notificada el día de hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado de Honduras responsable por la falta de una investigación diligente del homicidio de Ángel Pacheco León, quien era candidato a diputado por el Partido Nacional en el Departamento de Valle. Sigue leyendo
El gobierno de Ecuador cumplió
con la sentencia en el Caso García Ibarra
—asesinato de un joven por un policía—
y otros
San José, Costa Rica, 20 de diciembre de 2017.- Ecuador cumplió con todas las reparaciones ordenadas a favor de las víctimas del Caso García Ibarra y otros Vs. Ecuador en la Sentencia de 17 de noviembre de 2015. Por tanto, la Corte Interamericana decidió dar por concluido y archivar el caso, según señala la Resolución de 14 de noviembre de 2017, notificada el día de hoy. Sigue leyendo
El gobierno de Perú es responsable
de violar el derecho al acceso
a la justicia y el derecho al trabajo
de funcionarios cesados
San José, Costa Rica, 20 de diciembre de 2017.- El Estado de Perú es responsable de violar los derechos al acceso a la justicia y al trabajo de 164 trabajadores del sector público cesados durante la década de los noventa. Así lo determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia dictada el 23 de noviembre de 2017, y notificada el día de hoy, en el Caso Trabajadores Cesados de Petroperú y otros Vs. Perú. Sigue leyendo
Gobiernos de todo el mundo incumplen
su deber de proteger de manera efectiva
a defensores de derechos humanos
Estados de todo el mundo no impiden los asesinatos y desapariciones de quienes defienden los derechos humanos
Estados de todo el mundo están incumpliendo su deber de proteger de manera efectiva a quienes defienden los derechos humanos, lo que da lugar a una escalada de asesinatos y desapariciones forzadas que se podrían prevenir, ha afirmado hoy Amnistía Internacional. Sigue leyendo
El gobierno de Honduras despliega
tácticas peligrosas e ilegales
para silenciar a la población
El gobierno hondureño está desplegando tácticas peligrosas e ilegales para silenciar las voces de disenso en el marco de una de las peores crisis políticas que ha atravesado el país en una década, entre otras, evitando que abogados o activistas de derechos humanos visiten a manifestantes detenidos, indicó Amnistía Internacional luego de una visita a Honduras después de las disputadas elecciones presidenciales del 26 de noviembre. Sigue leyendo
Kosovo: mujeres víctimas de violación
en tiempos de guerra reciben
indemnización, pero no justicia
Casi dos decenios después de que miles de mujeres y niñas fueran violadas sistemáticamente en Kosovo durante el conflicto armado de 1998-1999, las sobrevivientes están a punto de recibir el reconocimiento y la indemnización largamente esperados por la violación y la tortura que soportaron. Sin embargo, sólo unos cuantos de los autores de estos delitos han sido condenados por ellos, y las sobrevivientes siguen luchando por la justicia. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe. Sigue leyendo
La política inmigratoria de Trump
tiene efectos devastadores
Diciembre 5, 2017
(Washington, DC) – El aumento en las detenciones inmigratorias de personas que viven en Estados Unidos durante el gobierno de Trump tiene un impacto devastador para inmigrantes que están desde hace mucho tiempo en el país y tienen lazos sólidos allí, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy.
México debe atender
la crisis de desplazados en Chiapas
Diciembre 22, 2017
(Washington D.C.)—Las autoridades mexicanas deberían investigar los ataques armados en Chiapas que han provocado el desplazamiento de más de 5.000 personas, y brindar asistencia a quienes la necesitan, señaló hoy Human Rights Watch. Sigue leyendo
Recomendación 67/2017 a SEMARNAT,
PROFEPA, FONATUR y municipio
de Benito Juárez, Quintana Roo,
por la remoción de manglar
para el proyecto Tajamar
que es violatorio de derechos humanos
Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2017
Comunicado DGC/426/17
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 67/2017, dirigida al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Rafael Pacchiano Alamán; al Procurador Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Guillermo Haro Bélchez; al Director General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), Miguel Alejandro Alonso Reyes, y al Presidente Municipal de Benito Juárez, Remberto Estrada Barba, por la remoción de manglar para la realización del desarrollo “Malecón Cancún” (Proyecto Tajamar) en el Estado de Quintana Roo. Sigue leyendo
Recomendación M-7/2017
al Instituto Nacional de Migración
por mantener instalaciones
que no garantizan estancia digna
y segura a migrantes
Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2017
Comunicado DGC/428/17
La falta de instalaciones adecuadas para garantizar una estancia digna a las personas en contexto de migración en las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales ubicadas en Acapulco, Guerrero; Morelia, Michoacán; Monterrey, Nuevo León; Cancún y Chetumal, Quintana Roo; Agua Prieta, Hermosillo y Nogales, Sonora, así como Tuxpan y Veracruz, en el estado de Veracruz, dio origen a la Recomendación M-7/2017, que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) dirigió al Comisionado del Instituto Nacional de Migración. Sigue leyendo
Recomendación 58/2017
a la Comisión Nacional de Seguridad
por la agresión en Durango
de policías federales a dos personas,
una de las cuales perdió
la movilidad de las piernas
Ciudad de México, a 19 de diciembre de 2017
Comunicado DGC/433/17
Al acreditar que dos personas fueron víctimas del uso excesivo de la fuerza y vulneración de su derecho al acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, atribuido a elementos de la Policía Federal en la Ciudad de Lerdo, Durango, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 58/2017, dirigida al Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia. Sigue leyendo