¿Qué opinan los mexicanos de los grandes temas nacionales? Suelen difundirse los pareceres de gobernantes, expertos, columnistas, partidos, ONGs o agrupaciones gremiales, pero no los del grueso de la población.

      La doctora Julia Flores, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ha dirigido el ambicioso proyecto que ha culminado en la colección Los mexicanos vistos por sí mismos: los grandes temas nacionales, que recoge las voces de la sociedad a través de 25 encuestas nacionales interpretadas por especialistas. En esta nota me referiré a algunos de los interesantísimos —varios de ellos escalofriantes–– resultados de la encuesta sobre derechos humanos, discriminación y grupos vulnerables.

      Menos de dos de cada 10 habitantes creen el rumor de que las comisiones públicas de derechos humanos defienden delincuentes. La mayoría absoluta, 58.9%, está convencida de que esas comisiones defienden mucho —12.8 por ciento— o algo —46.1 por ciento— los derechos humanos. Solamente nueve de cada 100 mexicanos consideran que tales derechos se respetan suficientemente. 15 de cada 100 opinan que no se respetan en absoluto. Entre esos dos extremos una amplia franja afirma que se respetan poco —30.4 por ciento— o algo —44.4 por ciento—. Apenas cinco de cada 100 se consideran muy protegidos de los abusos de autoridad.

      Los encuestados señalan mayoritariamente —33.8 por ciento— a su policía municipal como la autoridad que más viola derechos humanos. El segundo lugar lo ocupa el Ministerio Público —26 por ciento—. Entre nueve y 11 de cada 100 mencionaron a las Fuerzas Armadas, las policías estatales y la Policía Federal. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, únicamente fue señalado por uno de cada mil mexicanos. El más alto grado de confianza en autoridades judiciales es el que ha conquistado la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

      Respecto al derecho a manifestarse, sólo uno de cada 10 mexicanos señaló que excluye la agresión a particulares, y sólo cuatro de cada 100 indicaron que ese derecho no faculta a agredir a la policía.

      La mayoría absoluta de los encuestados, un abrumador 60.7%, opina que los usos, costumbres y tradiciones de los pueblos deben respetarse siempre, y solamente 35% sostiene que sólo cuando no afecten los derechos humanos.

      Únicamente 15 de cada 100 creen que los derechos humanos son invariablemente un obstáculo para garantizar la seguridad pública. 37% está convencido de que no lo son. 43.8% respondió “más o menos, depende”.

      La mayoría absoluta —67.2 por ciento— está en desacuerdo con que la policía o las Fuerzas Armadas hagan daño a una persona ya sometida —67.2 por ciento— y desaprueba que se torture a un detenido —62.6 por ciento—. Pero, asimismo, la mayoría absoluta, 56.7%, estaría de acuerdo en que se reimplantara la pena de muerte para los delitos más graves.

      Más de cuatro de cada 10 están de acuerdo en que sea castigada la mujer que aborte. Trece de cada 100 aún creen que el maltrato de un hombre a una mujer es un asunto privado en el que la autoridad no debe intervenir.

      Tres de cada 10 consideran que no existen límites para corregir a los hijos. De quienes dicen que sí debe haberlos, más de la mitad, no creen que tales límites sean los golpes que causen dolor ni los actos o palabras que humillen, y la mitad opina que son legítimos los actos o palabras que causen angustia o temor.

      La cuarta parte de la población estaría de acuerdo en que se penalizaran las muestras públicas de homosexualidad. Tres de cada 10 no tolerarían que su vástago manifestara que es homosexual, y cuatro de cada 10 que usara vestimenta del sexo opuesto o solicitara cambiar de sexo. También cuatro de cada 10 están en desacuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo.

      Siete de cada 10 creen que las personas con alguna discapacidad mental deben ser recluidas en un centro psiquiátrico sólo en razón de dicha discapacidad, respuesta ligeramente matizada por tres de cada 10 que contestaron “sí, depende”.

      Menos de siete de cada 10 afirman que el gobierno debe proteger a los migrantes que cruzan el país del crimen organizado; 15% respondieron “sí, depende”, y 14.6% se atrevieron a declarar que el gobierno no debe protegerlos.