Amnistía Internacional

05 de mayo de 2021

Ante el anuncio por el gobierno estadounidense de su apoyo a la exención de las protecciones de la propiedad intelectual para las vacunas contra la COVID-19, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha declarado:

“Hoy, Estados Unidos ha dado un paso audaz para la solidaridad global. Al apoyar la exención de las protecciones de la propiedad intelectual para las vacunas contra la COVID-19, la administración Biden ha puesto la vida de las personas de todo el mundo delante de los beneficios de un puñado de gigantes de la industria farmacéutica y sus accionistas.

“Otros Estados ricos, como Australia, Brasil, Reino Unido y la Unión Europea, deben seguir ahora su ejemplo. Únicamente compartiendo conocimientos y tecnología puede acelerarse la producción de vacunas para llegar al mayor número de personas con la máxima rapidez posible. La única forma de acabar con la pandemia es acabar con ella globalmente. La única forma de acabar con ella es poner a las personas antes que los beneficios”.

14 de mayo de 2021

El día de hoy, 14 de mayo de 2021, la Secretaria General de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, envió una carta abierta al Presidente Iván Duque en la que expresa la preocupación del movimiento por la grave crisis de derechos humanos que vive Colombia en el contexto del Paro Nacional y las multitudinarias manifestaciones que vienen celebrándose en todo el país desde el 28 de abril y le pide al presidente que intervenga inmediatamente para poner fin a las violaciones de derechos humanos.

Amnistía Internacional ha documentado el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y múltiples violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, incluyendo la desaparición forzada y la violencia sexual.

En la carta, Amnistía Internacional insta al gobierno de Iván Duque a:

17 de mayo de 2021

Las fuerzas israelíes han mostrado un escandaloso desprecio por la vida de la población civil palestina llevando a cabo una serie de ataques aéreos contra edificios residenciales, en algunos casos matando a familias enteras —incluidos menores—, y causando destrucción injustificada de bienes civiles en ataques que podrían constituir crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

La organización ha documentado cuatro mortíferos ataques de Israel lanzados sin previo aviso contra viviendas palestinas y pide a la Corte Penal Internacional que los investigue con urgencia. Sigue en aumento el número de víctimas mortales en Gaza, con al menos 198 personas palestinas muertas, entre ellas 58 menores, y hay más de 1.220 personas heridas. En Israel, los ataques palestinos han causado la muerte a 10 personas —entre ellas 2 menores— y lesiones a al menos 27.

“Los ataques aéreos de Israel contra edificios residenciales y viviendas familiares en Gaza evidencian un patrón terrorífico; en varios casos, familias enteras han quedado sepultadas bajo los escombros al derrumbarse los edificios donde vivían. En los casos documentados infra no se avisó a la población civil residente para que pudiera escapar. Según el derecho internacional humanitario, todas las partes deben distinguir entre objetivos militares y bienes de carácter civil, y lanzar ataques únicamente contra los primeros. Al llevar a cabo los ataques han de tomarse todas las precauciones posibles para minimizar los daños a civiles”, ha manifestado Saleh Higazi, director adjunto de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

De Encarni Pindado & Duncan Tucker*
23 de mayo de 2021

Al llegar al Amatillo, un pueblo modesto en la frontera entre Honduras y El Salvador, varias personas se arremolinan rápidamente alrededor de los coches. Ofrecen todo tipo de servicios: vigilar el carro, limpiar los cristales, cargar las maletas, cambiar dinero, drogas, formularios migratorios, pasar por el río sin sellar migración, y un servicio nuevo: la prueba PCR negativa de COVID-19. El documento parece de lo más verídico del mercado ilícito. Incluye sello, firmas, membrete a color, y sin necesidad de meter un hisopeado hasta el fondo de las fosas nasales. Todo por un precio accesible y mucho más barato que la prueba real.

“Esto es la frontera”, dice uno de los vendedores, “aquí se consigue lo que necesites”.

Desde hace años, las personas que huyen de la violencia, represión, desigualdad económica y los efectos de la crisis climática en Centroamérica han enfrentado barreras aterradoras en su camino. Se han arriesgado a la extorsión, los secuestros y la violencia sexual, entre otros peligros, en sus intentos de llegar a un lugar seguro donde pueden reconstruir sus vidas. Ahora, en la época de COVID-19, la ruta es aún más complicada. No solo deben evitar contagiarse, sino también tienen que lidiar con los costos prohibitivos de las pruebas, y los funcionarios corruptos que les extorsionan tengan o no las pruebas, todo mientras navegan un terreno complejo donde los gobiernos están tomando medidas para dificultar la migración.