Amnistía Internacional

26 de agosto de 2022

El Departamento de Policía de Nueva York ha recibido la orden de facilitar miles de documentos que demuestran que las fuerzas policiales adquirieron y utilizaron tecnología de reconocimiento facial contra manifestantes del movimiento Black Lives Matter (BLM), después de que la Corte Suprema de Nueva York fallara a favor de Amnistía Internacional y el Proyecto Supervisión de la Tecnología de Vigilancia (proyecto STOP) en la demanda conjunta en virtud del artículo 78 que éstas habían presentado.

“La población neoyorquina que exige justicia racial tiene derecho a conocer todos los detalles del uso de tecnología de reconocimiento facial que la policía de Nueva York efectuó durante las protestas de BLM. Esta sentencia reconoce que la policía de Nueva York quebrantó la ley al retener esa información, y es un paso importante para exigir a esta fuerza policial que rinda cuentas por el uso de medidas de vigilancia discriminatoria. El hecho de que fuera necesaria una demanda judicial es una señal inequívoca de la falta de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía por parte de la policía de Nueva York”, ha manifestado Matt Mahmoudi, investigador de Amnistía Internacional sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos.

4 de agosto de 2022

• Bases militares establecidas en zonas residenciales e incluso en escuelas y hospitales.
• Ataques lanzados desde áreas habitadas por civiles.
• Estas violaciones no justifican en modo alguno los ataques indiscriminados de Rusia, que han causado la muerte y heridas de innumerables civiles.

“Las fuerzas ucranianas ponen a la población civil en situaciones de riesgo al establecer bases y operar sistemas de armas en zonas habitadas por civiles, incluso en escuelas y hospitales, para repeler la invasión rusa que comenzó en febrero”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

11 de agosto de 2022

Una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU prevista para hoy debe dar prioridad urgentemente a la protección civil y la rendición de cuentas por la letanía de crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas, y pedir que se ponga fin a la agresión de Rusia contra Ucrania, ha manifestado Amnistía Internacional.

Rusia solicitó que la sesión del Consejo de Seguridad se centrase en la creciente preocupación por la militarización de una central nuclear en Zaporiyia, en el sur de Ucrania. El secretario general de la ONU ha advertido de que cualquier daño en esa u otras centrales nucleares podría tener consecuencias “catastróficas” en las inmediaciones y mucho más allá.

• Es necesario dar con el paradero de los estudiantes que faltan por localizar, reparar el daño integralmente y garantizar que este tipo de casos no se repitan. 
• El informe de la Comisión para la Verdad, que concluye que la persecución y desaparición forzada de los jóvenes fue un crimen de Estado, debe ser una ruta para continuar con el esclarecimiento de los hechos.

El reciente informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, creada por el gobierno del presidente López Obrador hace tres años, concluye que la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fue un “crimen de Estado”. Las recientes órdenes de aprehensión dictadas a petición de la Fiscalía General de la República contra el que fuera procurador general de la república y contra mandos militares, policías municipales y estatales, entre otros, son avances sustanciales en la búsqueda de la verdad y la justicia en este atroz crimen, señaló Amnistía Internacional.

A casi ocho años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el asesinato de tres personas más y la tortura y persecución en contra de estudiantes, las autoridades mexicanas han mostrado avances en las investigaciones sobre la política de encubrimiento del gobierno de Enrique Peña Nieto, bajo la cual se construyó una “verdad histórica”, que fue una investigación plagada de irregularidades, violaciones a los derechos humanos y otros crímenes, con la determinación absoluta de ocultar los hechos en vez de garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias.