Ochenta y siete académicos han expresado su respaldo incondicional al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investiga el caso Iguala-Cocula, en tanto que Isabel Miranda de Wallace y Samuel González Ruiz, de Alto al Secuestro, demandan que el GIEI sea excluido de la investigación, pues trabaja sin bases científicas y su actuación se ha politizado. Ninguna de las dos posturas es razonable.

Un respaldo incondicional es un acto de fe: se apoya todo lo que concluya el GIEI sin importar el sustento probatorio o lógico. En este mismo espacio advertí que el informe presentado por ese grupo carece del rigor y la consistencia deseables. Respecto del móvil, por ejemplo, se basa en una elucubración: uno de los autobuses del que se apoderaron los estudiantes probablemente iba cargado de droga sin que éstos lo supieran. No se podía permitir que se llevaran ese camión con tan valiosa carga.

Pero el GIEI no explica por qué ni uno solo de esos muchachos, los únicos que supuestamente se llevaban un camión con droga, fue detenido ni figura en la lista de desaparecidos. Tampoco por qué ese vehículo no fue perseguido por la policía municipal, al servicio de los narcos, sino por la policía federal, que dejó ir a los alumnos una vez que recuperó el camión.

La expulsión del GIEI propuesta por Alto al Secuestro sería un acto propio de Chávez o Maduro: que nadie interfiera en nuestra soberanía, así se trate de un asunto gravísimo de derechos humanos. Con esa decisión parecería que el gobierno mexicano está ocultando la verdad y así dando la razón a las voces que descalifican sin matices la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR).

A un año de la noche triste de Iguala-Cocula, no puede sostenerse que estemos ante otro caso de impunidad, pues hay más de 110 procesados en prisión preventiva, incluyendo al exalcalde de Iguala y su mujer; pero aún quedan cabos sueltos. El informe preliminar presentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) —ese sí riguroso y consistente—, semanas antes de que el GIEI presentara el suyo, advierte la falta de respuesta respecto de las razones que llevaron a los estudiantes a Iguala, cómo se conformó el grupo, quiénes lo organizaron, por qué era mucho mayor el número de alumnos de primer año y si las autoridades escolares tuvieron injerencia en el viaje. La Procuradora respondió que atendería los señalamientos; pero ni siquiera ha sido citado a declarar el director de la escuela (Excélsior, 22 de septiembre). ¿Por qué?

Una crónica de Jan Martínez Ahrens, del diario español El País (21 de septiembre), relata que, de acuerdo con las declaraciones de dos militares, el 27 batallón de infantería destacado en Iguala y el cuartel central de la 35 zona militar estaban recibiendo información de los acontecimientos. Un soldado acudió al lugar —dice la nota— donde la policía municipal rodeaba uno de los camiones ocupados por los normalistas, y tomó fotografías. Ese contingente de estudiantes fue entregado a los sicarios. A partir de ese momento se sucedieron las peticiones de ayuda de ciudadanos. Los soldados empezaron a patrullar las calles, acudieron al hospital donde se habían refugiado normalistas heridos y escucharon sus relatos de terror.

Ningún testigo vio a militares disparar ni participar en las detenciones. Pero si los mandos estaban siendo enterados de lo que ocurría, ¿no estaban obligados a defender a los estudiantes de la salvaje agresión? ¿Podían hacerlo? El general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, declaró en entrevista a Jorge Fernández Menéndez que el cuartel estaba vacío pues los soldados atendían fuera de la ciudad el accidente de una pipa. Pero entonces, ¿cuántos patrullaron la ciudad? Por su parte, el exprocurador Jesús Murillo Karam arguyó que los militares no pueden actuar sino a petición de la autoridad civil. En Iguala esa autoridad era José Luis Abarca, precisamente el jefe de los agresores. ¿Pero el mando militar no debió informar al gobernador y a la Secretaría de la Defensa lo que estaba ocurriendo para recibir las instrucciones pertinentes?

A un año del atroz crimen, siguen sin aclararse puntos cruciales.

La sentencia condenatoria dictada a Leopoldo López —13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión— pone de manifiesto, una vez más, que en Venezuela se ha instaurado una dictadura.

Es verdad que Hugo Chávez y Nicolás Maduro llegaron al poder por la vía electoral —aunque el segundo en una contienda absolutamente inequitativa y cuestionada, sin garantías para la oposición y apenas alcanzando la mayoría—, pero por esa misma vía llegaron Hitler y Mussolini.

En Venezuela, como apunta Rubén Cortés (La Razón, 15 de septiembre), se han reeditado los procesos de Moscú de 1938. El fiscal Vichinski llamó a los acusados soviéticos perros rabiosos. La ministra de prisiones de Maduro dijo: “Hay justicia y le salió barato al monstruo”.

¿Cuál es la monstruosidad que se atribuye a Leopoldo López? Encabezó una manifestación no autorizada. Las manifestaciones contra el régimen que está devastando a Venezuela han sido reprimidas no sólo por la policía sino por las pandillas fascistoides chavistas que actúan violentamente contra los manifestantes con impunidad garantizada. Los heridos y los muertos son obra de esa represión.

En el derecho penal democrático nadie responde sino por su propia conducta. Leopoldo López no ha hecho jamás una instigación a la violencia. Solamente desde la abyección puede sostenerse, como lo ha hecho Juan Carlos Monedero, del partido español Podemos, que las tácticas de López son similares a las de la organización terrorista ETA.

Leopoldo López ha sido un opositor pacífico. Quiere, como millones de venezolanos, terminar con el régimen chavista por la vía del sufragio. Es, por tanto, un preso de conciencia. Su encarcelamiento —en una prisión militar— y su juicio —en el que se desechó a 58 de los 60 testigos propuestos por la defensa, pero los dos aprobados no se presentaron porque la policía los intimidó— han sido objeto de la reprobación de la ONU, la Unión Europea, Amnistía Internacional y Human Rights Watch. No es el único preso por su militancia opositora. Sus coacusados también han sido condenados aunque a penas menores que la impuesta a López. Son, asimismo, presos de conciencia.

Ante semejante injusticia los gobernantes latinoamericanos han callado, salvo el gobierno chileno, el cual, en una actitud que lo honra, ha expresado su esperanza de que se observen las garantías judiciales de un debido proceso y la eficacia de los recursos disponibles para que los afectados puedan reclamar su inconformidad con las sentencias de primera instancia.

La reacción de Maduro ha sido la previsible en un gobernante de su calaña. El régimen chavista acusa al gobierno de Michelle Bachelet de emitir “juicios de carácter injerencista en los asuntos internos de un Estado de derecho democrático, soberano e independiente como la República Bolivariana” y lo insta a no inmiscuirse “en los asuntos internos por acción directa e influencia de potencias externas”.

Esa iracunda respuesta que apela a la soberanía de la República Bolivariana es de la misma índole por la cual el gobierno venezolano ha abandonado el sistema interamericano de derechos humanos: nadie del exterior tiene derecho —asevera el régimen— a cuestionar sus actos soberanos. Ese concepto de soberanía es una trampa que no resiste el menor análisis. No es la soberanía ciudadana sino la del gobernante que, escudándose en ella, aplasta o aniquila a sus gobernados exigiendo no ser incomodado por ninguna crítica internacional. Pero, como sostienen los expresidentes chilenos Eduardo Frei y Ricardo Lagos (El País, 15 de septiembre), “cuando se violan los derechos humanos no hay fronteras y es legítimo levantar la voz”.

En México no sólo el gobierno sino también los partidos políticos han guardado vergonzoso silencio, con la sola y plausible excepción del PAN, que pedirá a la Secretaría de Relaciones Exteriores que promueva acciones a favor de López y coacusados.

A Maduro le da instrucciones desde ultratumba Hugo Chávez, quien se le aparece en forma de pajarillo. Maduro no quiere escuchar las voces democráticas que se afanan en hacerlo entrar en razón sino tan sólo los trinos de esa ave fantasmal.

El móvil del crimen múltiple de Iguala-Cocula —aventura el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)— pudo haber sido que el quinto autobús, el Estrella Roja 3278, el tercero tomado en la central camionera por los estudiantes, pudo llevar escondido, sin que éstos lo supieran, un cargamento de droga (tal vez heroína) o dinero.

El GIEI sospecha que la agresión se debió a que los narcos y sus cómplices no podían permitir que los normalistas se llevaran ese vehículo con su valiosa carga. Basa su hipótesis en la investigación, encabezada por la fiscal federal estadunidense Nicol Kim, de acuerdo con la cual el grupo criminal Guerreros Unidos adapta autobuses de pasajeros con compartimentos para ocultar droga.

El GIEI desestima como posibles móviles del ataque el de que habría sido una represalia porque los normalistas acudieron a Iguala a reventar un acto del alcalde, y el de que los normalistas habrían sido confundidos con el grupo de Los Rojos, rival de Guerreros Unidos.

En efecto, el primer supuesto no es sostenible, no sólo porque la represalia habría sido absolutamente desmesurada y demencial sino porque la llegada de los alumnos a Iguala ocurrió, y así estaba prevista, cuando el acto del presidente municipal ya había concluido. En cambio, el segundo móvil señalado no es inverosímil: en sus disputas las bandas del crimen organizado perpetran las más crueles atrocidades.

Por el contrario, la tesis de que el móvil pudo haber sido la droga o el dinero oculto en el camión presenta una seria fisura: ninguno de los estudiantes que tomaron y se trasladaban en ese vehículo figura en la lista de desaparecidos, es decir ninguno de ellos fue asesinado ni está entre los de paradero ignoto. El GIEI relata que policías federales bajaron a los normalistas de ese quinto autobús sin haberles disparado y no les impidieron huir al cerro o refugiarse en viviendas cercanas. Después ordenaron al chofer que siguiera su camino.

Arrebatado el camión a los alumnos, ¿qué sentido tenía, si el móvil era el que sugiere el GIEI, asesinar o desaparecer a los que no tomaron ese vehículo ni se trasladaron en él? Me asombra que en las numerosas entrevistas concedidas por los integrantes del GIEI esa pregunta (elemental, mi querido Watson) no se les haya formulado.

La atención de los medios se ha centrado en el dictamen asumido por el GIEI —que contradice a peritos de prestigio internacional—, según el cual en el basurero de Cocula no pudieron ser incinerados 43 cadáveres. Esa discrepancia no invalida lo esencial de la llamada verdad histórica de la Procuraduría General de la República: las víctimas fueron capturadas por la policía municipal, amontonadas en un vehículo, transportadas y entregadas a Guerreros Unidos. Es decir, éstos fueron los autores de los crímenes con la complicidad de los policías municipales.

Lo verdaderamente inquietante del informe del GIEI es el señalamiento de que los militares y los policías federales, enterados de lo que estaba sucediendo, no hicieron nada por defender a los agredidos. Esa omisión podría ser también un delito gravísimo. Pero, por una parte, hay que preguntarse si el número de policías federales que se encontraba en Iguala era suficiente para repeler la agresión de decenas de municipales y, por otra, según el general Salvador Cienfuegos, el cuartel estaba vacío, pues los soldados habían salido a atender el accidente de una pipa que traía un líquido tóxico y regresaron hasta la noche.

Finalmente, el informe explica el porqué del viaje al escenario del crimen: los normalistas buscaron autobuses en Chilpancingo para tomarlos y trasladarse a la manifestación del 2 de octubre en la Ciudad de México, y como no lograron su propósito decidieron mejor ir a Iguala. ¿Era menos difícil hallar autobuses en Iguala que en la capital del estado? ¿Quién y por qué dio la instrucción de trasladarse a Iguala? ¿Cuál era la actitud del director de la escuela —un internado— respecto de esos viajes? Si para la manifestación del 2 de octubre faltaban seis días, ¿por qué tenían que tomarse autobuses con tanta anticipación? El GIEI no se formula estas preguntas en su informe.

El juez tercero de distrito en materia administrativa, Martín Santos Pérez, ha concedido un amparo que ordena permitir a los padres de Graciela importar medicamentos elaborados con base en el cannabidiol —una sustancia química no psicoactiva de la cannabis, planta de la que se obtiene la mariguana— para el tratamiento médico de su hija, quien padece el síndrome de Lennox-Gastaut, el cual le provoca numerosas crisis epilépticas diariamente.

El Consejo de Salubridad General, que agrupa a todos los órganos de salud del gobierno federal, había respondido a la solicitud de autorización con un oficio en el que dictaminó que no hay evidencia científica sobre la eficacia del cannabidiol u otras sustancias derivadas de la cannabis, las cuales —añade— en el caso de niños podrían empeorar la situación.

Los padres de la niña han probado sin éxito todos los tratamientos a su alcance. La pequeña tiene ocho años y no puede hablar, caminar, comer ni ir al baño sola. El juez condiciona la importación del cannabidiol a que un especialista en Lennox-Gastaut indique la posibilidad de mejoría con el medicamento y advierta sobre sus riesgos, y a que se pruebe que se obtuvo legalmente en el país de elaboración.

National Geographic informó en su número de junio de este año, entre otros, del caso de Lily Rowland, una niña estadunidense de nueve años que a diario sufría decenas de violentas convulsiones. Su familia se mudó a Colorado, que legalizó la mariguana en 2012, para que la enferma fuera tratada con un aceite derivado principalmente del cannabidiol. El medicamento no funciona para todos, pero Lily ahora normalmente no tiene crisis y en sus peores días solamente sufre una o dos.

La cannabis ha acompañado a la humanidad desde siempre. En China, India y Grecia, por ejemplo, la utilizaban como medicina hace miles de años. Durante la mayor parte de la historia del mismísimo Estados Unidos fue legal y se localizaba en tinturas y extractos.

En 23 estados de la Unión Americana y en el Distrito de Columbia está autorizada para fines médicos. La mayoría de los estadunidenses está a favor de que se permita también para uso recreativo. Muchos han encontrado en ella un remedio para aliviar el dolor, conciliar el sueño, abrir el apetito o disminuir el estrés. A muchos otros les ha servido como analgésico, antiemético, broncodilatador o antiinflamatorio.

A mediados del siglo XX no se sabía casi nada acerca de la mariguana. La prohibición penal hacía que los científicos se inhibieran de estudiarla pues consideraban que su reputación estaba en juego. Pero en 1963 un joven químico orgánico israelita, Raphael Mechoulam, inició su investigación sobre la cannabis, a la que llama “tesoro médico escondido en espera de ser descubierto”.

Hoy, Israel tiene uno de los programas de uso médico de la mariguana más avanzados del mundo, en el que las aportaciones de Mechoulam han sido cruciales. Más de 20 mil pacientes utilizan cannabis a fin de tratar padecimientos tales como glaucoma, enfermedad de Chron —en la que el sistema inmunitario ataca el intestino produciendo inflamación—, pérdida de apetito, síndrome de Tourette —trastorno neurosiquiátrico caracterizado por múltiples tics— y asma.

Mechoulam no está de acuerdo en el uso recreativo de la cannabis, sobre todo por parte de los jóvenes. Advierte que no es inocua: el consumo prolongado de variedades de mariguana altas en tetrahidrocannabinol —componente que altera la mente— puede cambiar la manera en que crece un cerebro en desarrollo, causar ataques graves e incapacitantes de ansiedad o desencadenar la aparición de esquizofrenia en quienes tengan predisposición genética; pero defiende que nadie debe ir a la cárcel por poseerla.

En la Universidad de Colorado, el equipo de Nolan Kane, experto en biología evolutiva, investiga las potencialidades transformadoras de la cannabis. Kane adelanta que transformará las industrias de la medicina, la agricultura y los biocombustibles.

Por lo pronto, algunos padres, como los de Graciela, después de agotar todas las demás opciones, buscan la planta perseguida para ayudar a sus hijos enfermos. Lectora, lector, ¿ustedes no harían lo mismo?