Human Rights Watch

La generación abandonada
—de adultos mayores— en Venezuela

Conocí a Fernando Arvelo (seudónimo), un venezolano de 74 años, en un comedor comunitario en Cúcuta, la principal ciudad colombiana al otro lado de la frontera del estado Táchira en Venezuela. Fernando se mudó a Táchira desde su estado de origen —que queda a unas 20 horas de allí— poco después de que su esposa, hijos y nietos se fueran al extranjero, huyendo de la crisis. No quería ser una carga para su familia y no tenía fuerzas para empezar de cero en otro lugar a esta altura de su vida.

            Cada día, Fernando cruza a pie la frontera, expuesto a temperaturas agobiantes de hasta 40 grados Celsius, para comer en el comedor. “¿Cuánto tiempo voy a aguantar yo así?”, me dijo con la voz quebrada mientras miraba fijo su plato de plástico con arroz, papa y carne. Sigue leyendo

EE. UU.: Son inaceptables los juicios
penales por delito grave, masivos
y abusivos, contra migrantes ilegales
no reincidentes o que no tienen
antecedentes penales

(Washington D.C.) – Los procesos penales masivos contra migrantes durante el gobierno del presidente de EE. UU. Donald Trump han aumentado drásticamente, pese a que formalmente se puso fin a la práctica de separar a las familias, señaló hoy Human Rights Watch al representar un documento analítico de preguntas y respuestas.

           En abril de 2018, el fiscal general Jeff Sessions anunció la política inmigratoria de “tolerancia cero” del gobierno y dio instrucciones a los fiscales federales en la frontera sur de que procesaran todos los casos de ingreso ilegal en EE. UU. “en la medida en que esto fuera posible”. Sigue leyendo

Cómo frenar la cacería de opositores
en Nicaragua

El presidente Daniel Ortega logró imponer su voluntad y aplastar las protestas mediante el terror. Desde que los manifestantes levantaran barricadas en todo el país, lo que inicialmente era una represión brutal se transformó en una cacería indiscriminada. Policías y pandillas “parapoliciales” han detenido arbitrariamente, secuestrado y desaparecido a decenas de personas.

            En la década de 1980, la comunidad internacional adoptó el término “desaparición forzada” para los casos en que las autoridades o grupos que actúan con su connivencia privan de la libertad a una persona y se niegan a reconocer que fue detenida o a informar su paradero o destino. La definición legal se creó, en parte, como respuesta a las dictaduras militares que utilizaron secuestros masivos para sembrar el terror en Argentina y Chile. La comunidad internacional estableció una prohibición absoluta de este crimen con el objetivo de impedir que vuelva a ocurrir. Pero ahora, en Nicaragua, como ha ocurrido en varios momentos en la región, hay casos de flagrantes desapariciones forzadas cometidas por el gobierno de Daniel Ortega. Sigue leyendo

Los “robots asesinos” violan
los principios morales y legales,
y deben prohibirse

  • Principios y conciencia pública exigen una prohibición preventiva

(Ginebra) – Los valores básicos de la humanidad y la conciencia pública apoyan la prohibición de las armas totalmente autónomas, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Los países que participan en la reunión internacional que se celebrará próximamente sobre dichos “robots asesinos” deberían acordar negociar una prohibición sobre el desarrollo, la producción y el uso de estos sistemas de armamentos.

            El informe de 46 páginas, Heed the Call: A Moral and Legal Imperative to Ban Killer Robots (“Atiendan la petición: es imperativo moral y legalmente prohibir los robots asesinos”), concluye que las armas totalmente autónomas violarían lo que se conoce como la Cláusula Martens. Esta antigua disposición del derecho internacional humanitario requiere que las tecnologías emergentes sean juzgadas según los “principios de la humanidad” y los “dictados de la conciencia pública” cuando no estén ya cubiertas por otras disposiciones de los tratados. Sigue leyendo