Corte Interamericana de Derechos Humanos
[Sentencias dictadas entre el 20 y el 24 de agosto de 2018]
El gobierno de Perú es responsable
de demora excesiva —17 años—
en las investigaciones de la desaparición
forzada de Walter Munárriz Escobar,
de incumplimiento de su obligación
de adoptar disposiciones de derecho
interno debido a la tipificación
inadecuada del delito de desaparición
forzada de personas y de violación
del derecho a la integridad psíquica
y moral de los familiares de la víctima.
El caso se relaciona con la alegada desaparición forzada de Walter Munárriz Escobar desde el 20 de marzo de 1999, después de ser presuntamente detenido por personal policial y llevado a la Comisaría de Lircay, Perú, donde, supuestamente, estuvo privado de libertad. Si bien el Estado peruano argumentó que el señor Munárriz Escobar fue puesto en libertad, la Comisión alegó que no existe prueba documental alguna de la liberación, que los testimonios aducidos por el Estado y que constituyen la única prueba de la alegada liberación del señor Munárriz Escobar no cumplen con estándares mínimos de credibilidad, que existen múltiples elementos circunstanciales que tomados en su conjunto demuestran que la actuación policial en general respecto del señor Munárriz Escobar fue irregular y arbitraria. Sigue leyendo
El gobierno de Guatemala incumplió
su obligación de investigar
de manera independiente e imparcial
la masacre de once personas
el 5 de octubre de 1995,
presuntamente perpetrada
por las Fuerzas Armadas, hechos
que constituyeron presuntamente
una expresión de discriminación racial
ejercida contra el pueblo maya
durante el conflicto armado en ese país.
El caso se relaciona con la masacre presuntamente perpetrada por miembros de las Fuerzas Armadas de Guatemala el 5 de octubre de 1995, en contra de once personas, incluyendo tres niños, que formaban parte de la población indígena q’eqchi’, mam, q’anojb’al y ixil y k’iche que ocupaba la finca Xaman tras haber estado refugiada en México como consecuencia de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno. Sigue leyendo
El gobierno de Guatemala
es responsable de incumplimiento
de su obligación de proporcionar atención
médica eficaz a 49 personas
con VIH/SIDA y en situación de pobreza,
8 de las cuales fallecieron a consecuencia
de esa falta de atención.
El caso se relaciona con la presunta falta de atención médica estatal a 49 personas con VIH/SIDA y en situación de pobreza. Se plantea que la muerte de ocho de las presuntas víctimas habría tenido lugar como consecuencia de enfermedades conocidas como “oportunistas”, o bien en un marco temporal en el que no recibieron la atención que requerían por parte del Estado, o bien tras una atención deficiente. Sigue leyendo