Hablemos de Tetelcingo

Víctor Beltri

 Es urgente. El debate público se centra en temas tan triviales como la detención de un presunto estuprador —o el significado oculto en el traslado de un reo— sin poner atención en un caso que, muy posiblemente, tendrá repercusiones de mayor gravedad que, incluso, el de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa.

      El asunto no podría ser más desaseado, ni el momento menos oportuno. El informe final del GIEI se ciñe al tipo de las desapariciones forzadas, mientras que el gobierno enfrenta una crisis de credibilidad que rebasa fronteras y posterga visitas oficiales. En este contexto, las conclusiones de Ayotzinapa no serían sino un prefacio a lo que será una pesadilla: la exhumación de las fosas clandestinas de Tetelcingo.

      Las fosas clandestinas de Tetelcingo no pertenecen al crimen organizado, como podría suponerse dada su naturaleza ilegal: las fosas de Tetelcingo fueron cavadas por la Fiscalía General del Estado de Morelos, y en ellas yacen más de cien personas sin registro alguno, sin certificado de defunción, sin una orden judicial que así lo ordenase. En una palabra, desaparecidos, cuyo número finalmente forma parte de la escalofriante cifra de 27 mil víctimas reconocidas de manera oficial. En unos días, los cadáveres habrán de exhumarse para su identificación, con la participación conjunta de autoridades, organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y un grupo de expertos que se asegurará de que las diligencias se realicen de acuerdo, ahora sí, a lo dispuesto por las normas.

      Unas normas que simplemente no respetó el Estado, así haya sido el de Morelos. No hace falta ser un genio para entender el efecto devastador que tendrá, para el discurso oficial, la progresión de imágenes macabras, los cuerpos con tiro de gracia, el penoso desfile de los familiares por una fosa común llenada por las autoridades. Las declaraciones de Javier Sicilia, que ha hecho suya la causa y está dispuesto a llevarla hasta sus últimas consecuencias, advirtiendo de que la próxima a inspeccionar será la de Jojutla. Y a Jojutla tendrán que seguir otras, en otros estados, con otros expertos, con las mismas demandas y —sin duda— la misma expresión azorada ante la sevicia de unos cuantos y la indiferencia de muchos, ante la ineficacia de las autoridades y la nula aplicación de la norma: ante la pérdida total del Estado de derecho.

      ¿Cómo argüir que no fue el Estado, cuando es él quien cava las fosas? ¿Cómo defender que una fiscalía disponga, de manera ilegal, de cuerpos con el tiro de gracia? ¿Cómo recuperar la credibilidad, cómo superar unas presunciones que tan sólo parecen confirmarse con los hechos? ¿Cuántas fosas comunes clandestinas más, realizadas por las autoridades, existen en el territorio nacional? ¿Cuántos, de los 27 mil desaparecidos —que podrían convertirse en 38 mil a final de sexenio— corresponden a situaciones así?

      Hablemos de Tetelcingo. No sólo por la importancia del caso en sí, sino por el momento en el que está inscrito. El calendario es muy claro en los retos que habrá de enfrentar quien se preocupe en realidad del mal humor social: primero las elecciones, que se enturbian entre escándalos y que han generado un elevado riesgo de violencia en algunas entidades. Pero después el horror de las fosas durante todo el verano, el informe de gobierno, la ceremonia del Grito de Independencia, el aniversario de Ayotzinapa y, finalmente, el 2 de Octubre. Todo esto, en un escenario de incertidumbre financiera y en un contexto de una relación bilateral con nuestro principal socio comercial que será sometida a presiones insospechadas.

      Hablemos de Tetelcingo, hablemos de nuestros desaparecidos, hablemos de la verdad y, sobre todo, hablemos de cómo evitar que suceda de nuevo. Hablemos de cómo hemos de llegar a fin de año sin un incendio fuera de control. Hablemos de cosas importantes.

Fuente:

http://www.excelsior.com.mx/opinion/victor-beltri/2016/05/16/1092838

(19/05/2016)