Por Luis de la Barreda Solórzano
4 de agosto de 2022
El juicio de amparo ha sido en nuestro país el instrumento jurídico con el cual los particulares se han podido defender de los abusos de las autoridades. Sin ese recurso, todos quedaríamos a merced de las arbitrariedades de los servidores públicos.
El amparo siempre ha tenido una enorme importancia para proteger los derechos de cualquier individuo o persona moral (colectiva), y en los días que corren su relevancia es aún mayor pues, como es sabido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha sido capturada por el gobierno federal, y lo que ha distinguido a su titular es su complacencia ante las numerosas y graves tropelías de ese gobierno.
Ahora el juicio de amparo está siendo objeto de un ataque sin precedente. Los jueces, al admitir a trámite una queja, tienen la facultad de ordenar la suspensión del acto reclamado para evitar que, de no suspenderse el acto, cuando se resuelva el fondo del juicio los daños causados al quejoso sean de difícil reparación o irreparables. Sin la suspensión, el amparo puede perder toda su potencial eficacia y así el gobernante abusivo salirse con la suya en perjuicio de los derechos del particular.
Pero la Ley de Amparo dispone que la suspensión de los actos reclamados no será otorgada cuando, de concederse, se afecte la seguridad nacional, y en noviembre de 2021, el Presidente emitió un decreto que declara de seguridad nacional determinadas obras de su gobierno. Así se echaron abajo los amparos contra la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles.
El pasado 18 de julio, el Consejo de Seguridad Nacional, que encabeza el Presidente e integran subalternos suyos, decretó como asunto de seguridad nacional la obra del Tren Maya, cuya suspensión había sido ordenada por determinaciones de jueces federales. Además, como observa Jorge Nader Kuri: “Sin pudor, las tareas se retomaron el mismo día, sin siquiera esperar que los jueces dejaran sin efecto las suspensiones ordenadas, con la confianza en que ninguno se atreverá s declarar el incumplimiento de las suspensiones” (El Universal, 28 de julio). Es evidente que la construcción del tren nada tiene que ver con asuntos de seguridad nacional, que básicamente son aquellos que ponen en riesgo la integridad, estabilidad y permanencia del Estado.
Con ese proceder, el Presidente y los miembros del Consejo de Seguridad Nacional han asestado un golpe artero y devastador al juicio de amparo, al Estado de derecho y a los derechos humanos. El titular del Poder Ejecutivo ha mostrado, una vez más, su vocación autoritaria, así como su desprecio por la ley y la división de Poderes indispensable en una democracia. Como señalan la Asociación Nacional de Abogados, la Barra Mexicana-Colegio de Abogados y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, “el desacato a los mandamientos del Poder Judicial violenta los fundamentos del Estado constitucional y democrático de derecho y, muy particularmente, el equilibrio e independencia de los poderes públicos”.
La obra del Tren Maya se inició y se continuó sin dictamen de impacto ambiental ni proyecto ejecutivo ni plan de negocios. Las suspensiones otorgadas señalan, entre otras cosas, que la ausencia de estudios ambientales para el tramo 5 genera el riesgo de daños irreversibles al ecosistema de Quintana Roo. El Presidente no sólo las ha desatendido, sino que ha expropiado más de 100 hectáreas para esa obra, a pesar de las resoluciones judiciales de suspenderla: atropello tras atropello.
El titular del Poder Ejecutivo ha presionado públicamente a los jueces federales ordenando investigaciones en su contra o declarando que sus resoluciones obedecen a intereses creados. El Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York ha reprobado ese amago porque “socava el respeto y la independencia del Poder Judicial”.
Para defender el juicio de amparo, los jueces federales no sólo deben mantener las suspensiones, sino también aplicar la ley por su incumplimiento, y nuestro máximo tribunal debe estar a la altura que la situación exige.
Fuente:
https://www.excelsior.com.mx/opinion/luis-de-la-barreda-solorzano/al-amparo-se-lo-lleva-el-tren/1530995
(28/08/22)