Por Ismael Eslava Pérez*

Sumario: I. Contextualización del problema a partir del Estudio niñas, niños y adolescentes víctimas del crimen organizado en México. II. Aspectos relevantes de las conclusiones del Estudio. III. Propuestas. IV. Corolario.

I. Contextualización del problema a partir del Estudio niñas, niños y adolescentes víctimas del crimen organizado en México.

La violencia e inseguridad que se vive en nuestro país han permeado profundamente en nuestra sociedad. El número de víctimas y sus legítimos reclamos de justicia y verdad son muestras palpables del devastador impacto que la criminalidad y la impunidad tienen en el tejido social. No obstante, existen muchas otras consecuencias para grupos de población y escenarios que no siempre son visibles para el Estado y sus autoridades, y cuyas historias suelen ser poco escuchadas o incluso, ignoradas.

La situación de niñas, niños y adolescentes ante el crimen organizado es un ejemplo de ello. Se trata de una población que, aunque representa la tercera parte del total de habitantes en México, se enfrenta a las desventajas de vivir en un mundo adultocéntrico que aún ofrece pocos espacios para hablar, participar y exigir el cumplimiento de sus derechos, y que en gran medida depende de la estabilidad y protección que sus familias y comunidades les puedan ofrecer para ejercer plenamente sus derechos.

Es por ello que en noviembre de 2019 el Organismo Nacional de Protección de los Derechos Humanos presentó el Estudio niñas, niños y adolescentes víctimas del crimen organizado en México elaborado por Universidad Nacional Autónoma de México y supervisado por el suscrito y el entonces titular de la citada institución, con tres finalidades fundamentales: la primera, contribuir a la construcción de un panorama general de la situación de las personas menores de edad que de forma directa o indirecta han sufrido los estragos de la actuación de la delincuencia organizada; la segunda, caracterizar el impacto que la violencia, producto de la operación de grupos del crimen organizado, tiene en la población menor de edad, y tercera, reflejar de manera puntual las múltiples rutas de acción en las que se tiene que trabajar para restituir sus derechos y prevenir que se perpetúe como un modus vivendi de las generaciones venideras.

El término “víctima” a que alude el Estudio es un concepto amplio que abarca las múltiples formas en que las niñas, niños y adolescentes pueden sufrir afectaciones en sus derechos, y que van desde la mortalidad por el uso de la fuerza letal entre grupos delincuenciales, la pérdida de sus familiares, el desplazamiento forzado, la pobreza, la privación de su libertad, la explotación y trata de personas, hasta modificar su modo de vida e impedir su acceso al derecho a la educación, la salud y la seguridad social, entre otros. 

A través del análisis cuantitativo y cualitativo, el Estudio expone las consecuencias y factores de riesgo a los que está expuesta la población menor de edad, de forma que logra construir un Índice Estatal de Riesgo de Violencia asociada con el crimen organizado con impacto en niñas, niños y adolescentes, el cual registra y clasifica las condiciones de violencia de las personas menores de edad por entidad federativa.

En la parte cualitativa, el Estudio incluye cinco historias de vida de personas que durante su niñez y/o adolescencia fueron víctimas directas o indirectas del crimen organizado, y que a través de su narración dan cuenta de las consecuencias lacerantes de los vacíos estatales frente a esa problemática.

II. Aspectos relevantes de las conclusiones del Estudio.

A continuación, se hace referencia, en términos generales, a las conclusiones resultantes de dicha investigación que, al día de hoy, siguen teniendo vigencia.

Primera conclusión. En las últimas décadas el contexto de inseguridad, violencia y crimen organizado ha tenido efectos particularmente graves en niñas, niños y adolescentes, situándolos en condiciones de gran vulnerabilidad.

La multiplicidad de violaciones a los derechos humanos derivadas de la actividad de grupos delictivos, impide contar con cifras exactas del impacto que tiene en cada uno de ellos; no obstante, los indicadores sobre seguridad y violencia, brindan una aproximación. Por ejemplo, una de las formas más claras de relación de niños, niñas y adolescentes como víctimas del crimen organizado, se advierten de los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), que entre 2007 y 2017 se ha triplicado el número de víctimas de homicidio de personas entre 0 y 19 años, pasando de 1,002 en 2007 a 2,858 en 2017.

Fue entre 2016 y 2017 que el número de homicidios tuvo un incremento: 22.5%. Asimismo, en el periodo 2015-2018, a nivel estatal, Chihuahua, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y Baja California fueron las cinco entidades que registraron las mayores tasas.

El derecho a la educación se ve particularmente afectado en contextos de inseguridad y violencia generalizada debido a la falta de servicios educativos de calidad, altos niveles de ausentismo y deserción escolar. Como consecuencia, el número de adolescentes que cursan estudios superiores una vez concluida la educación obligatoria es sumamente reducido, lo que restringe sus oportunidades profesionales, fomenta su ingreso a empleos informales y contribuye a que sus condiciones laborales sean precarias.

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), para 2017 en México el 96.2 % de niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 14 años asistían a la escuela, sin embargo, a pesar de los avances en la materia, más de 4 millones de niños, niñas y adolescentes están fuera del sistema educativo y más de 600 mil se encuentran en riesgo de dejarlo. Además, en diversas escuelas figuran personas insertas en las pandillas juveniles, mismas que utilizan las aulas como zonas de reclutamiento de nuevos miembros.

En el Informe del gobierno federal “Impacto de la pandemia en Niñas y Niños”, dado a conocer el 3 de agosto de 2021 por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, se destacan diversas afectaciones a niñas, niños y adolescentes como consecuencia del confinamiento, las restricciones a la movilidad, la suspensión de clases y otros factores, entre la que destaca la afectación en su proyecto de vida derivado de la deserción escolar y el incremento de la desigualdad. Precisamente en cuanto a la deserción escolar, se calcula que 5.2 millones de estudiantes no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021 por razones relacionadas con la Covid-19 o por falta de recursos económicos. De esta cifra, 3 millones son niñas y niños.

También las estadísticas sobre personas menores de 18 años desaparecidas o extraviadas permiten problematizar la forma en que la violencia afecta a niñas y niños. De acuerdo con el entonces Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas en México a abril de 2018 existen 36,265 personas desaparecidas en el fuero común, de las cuales el 18% tienen entre uno y 17 años.

El 92.7% de esas desapariciones han ocurrido entre 2010 y 2018 con una tasa de 15.1 niñas, niños y adolescentes menores de 18 años desaparecidos por cada 100 mil habitantes. Los cinco estados con las tasas más altas son Colima (54.3%), Sonora (48.2%), Tamaulipas (45.4%), Puebla (34.7%) y Baja California (32.6%).

En México no existen datos precisos del número de personas menores de 18 años reclutadas por el crimen organizado, aunque las cifras sobre personas desaparecidas ofrecen una aproximación, pues la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, ha documentado casos sobre el reclutamiento forzoso y desaparición de niños y jóvenes por parte del crimen organizado en los estados de Chihuahua y Guerrero, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido informada de casos sobre secuestros de personas menores de edad en contexto de movilidad.

Segunda conclusión. La existencia y el incremento de la victimización en personas menores de 18 años es consecuencia de la ausencia de políticas y acciones del Estado para garantizar su protección y el ejercicio de sus derechos.

Hasta hace un par de años, México carecía de una política nacional para la atención y protección de esa población. Actualmente, aunque se identifican avances con la creación de los Sistemas Nacional y locales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, las acciones aún son limitadas e insuficientes considerando las dinámicas actuales de violencia y los altos niveles de victimización en el país.

La percepción de seguridad entre esa población es negativa. Los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018 del Instituto Nacional Electoral, evidencian que, en promedio, el 7.4% de niñas, niños y adolescentes entre 6 y 17 años no se siente seguro en casa, siendo Quintana Roo y Baja California donde consideraron el mayor nivel de inseguridad con 20.1% y 22.5%, respectivamente.

Asimismo, el 71% de las niñas y niños de esa edad manifestaron no sentirse seguros en las calles; en este caso, la Ciudad de México, Puebla, Nuevo León, Guanajuato y Estado de México son las entidades federativas con la mayor percepción de inseguridad.

El estudio advierte que en el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 se incluyó una estrategia para hacer frente a la violencia contra niños, niñas y adolescentes en todas sus formas; sin embargo, no fue posible identificar programas y acciones concretas para la atención de personas menores de 18 años víctimas de violencia asociada con el crimen organizado hasta 2014, con la adopción por parte de México de la resolución “Estrategias y Medidas Prácticas Modelo de las Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra los Niños en el Ámbito de la Prevención del Delito y Justicia Penal”.

A partir de ese año se identificaron 11 políticas y programas para la atención de esa población, de las cuales, 5 están vinculadas con su atención, pero no fueron diseñadas específicamente para atender esa problemática. No se reportaron acciones para la atención de la desaparición de personas, la violencia homicida, la trata de personas y el desplazamiento forzado de personas menores de 18 años.

Respecto a los resultados del Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a nivel federal (SIPINNA) y hasta 2019, se observa que 30% de las acciones implementadas desde su establecimiento, han estado enfocadas en la generación de Grupos de Trabajo, Comités y Comisiones, seguida de la creación de protocolos y metodologías con 18%; acompañamiento y asesoría jurídica a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia asociada con el crimen organizado con 17%; capacitación y asesorías a servidores públicos con 12.5% y a la creación de bases de datos y sistemas de información con 7%.

El 30 de abril de 2019, en la Sesión de Reinstalación de ese Sistema de Protección Integral, se acordaron siete acciones generales para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia asociada con el crimen organizado, entre las que se encuentran la creación de una ruta para la búsqueda personas menores de edad desaparecidas y  la prevención y desvinculación de grupos de la delincuencia, sin embargo, no fueron definidas las metas y objetivos de las políticas.

Tercera conclusión. Una de las frecuentes violaciones que impactan la vida de niñas, niños y adolescentes en México es la desaparición impune de sus madres, padres, hermanos y/o compañeros.

Las niñas, niños y adolescentes de quienes se habla en el estudio, han vivido en un contexto de muerte de familiares, compañeros de escuela, y personas conocidas. En su entorno social inmediato las personas han sido víctimas de desaparición, han estado sujetas a una vida precaria en todos sentidos sin beneficiarse de la intervención oportuna de las autoridades.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estima que entre 2006 y 2010, las violencias por el crimen organizado han dejado a más de 30,000 niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales.

Cuarta conclusión. Los niños, las niñas y los adolescentes en contextos de crimen organizado sufren violaciones a sus derechos a la libertad y seguridad.

Son comunes las prácticas de secuestros a cambio de dinero, tortura y tratos crueles por parte de miembros del crimen organizado para que las personas menores de edad se unan a sus filas.

No obstante, también se identifican riesgos para las personas adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley, ya que constantemente sufren de extorsiones y violaciones a sus derechos, a través de lesiones, detenciones ilegales o arbitrarias e incluso desapariciones.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal 2017, había 6,891 adolescentes en el Sistema de Justicia Penal, en donde el 92.2% es población masculina y el 7.8% femenina. La mitad de los adolescentes en el sistema penal provienen de tan solo tres estados: Jalisco (30.5%), Sonora (11.5%) y Chihuahua (9.8%).

La Encuesta revela que 82.2% de esa población contaba con una medida de sanción, de los cuales el 2.5% se dictó por delincuencia organizada. El secuestro (34.9%), seguido del acopio ilegal de armas (23.6%), la venta de droga (17.4%), homicidio (17.2%), robo (14.7%) y extorsión (1.4%), fueron las actividades por las que se acusó a las y los adolescentes.

Sus libertades de residencia y circulación se ven vulneradas por las condiciones de violencia e inseguridad imperantes en la región en la que viven, por las prohibiciones impuestas por los grupos delictivos y también por las restricciones establecidas por las autoridades, por ejemplo, de estar en las calles a determinada hora, si no están acompañados de una persona adulta.

Quienes pueden, deciden trasladarse a otro lugar para mejorar sus condiciones de vida, seguridad y protección, ya sea dentro del mismo territorio del Estado, a otra entidad federativa o a otro país; en otros casos, no tienen esta posibilidad: el crimen organizado no les permite desplazarse y los obliga a permanecer y trabajar en actos delictivos.

Quinta conclusión. El contexto institucional relacionado con la protección de niñas, niños y adolescentes no goza de eficacia suficiente.

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno se organizan en al menos 10 redes temáticas identificadas como “sistema nacional”, con atribuciones para la situación que viven niñas, niños y adolescentes víctimas del crimen organizado.

El Estudio observa que ese gran andamiaje institucional produce muchísima información y posibilita la coordinación y la comunicación entre las entidades federativas del país, sin embargo, todavía no alcanza el nivel de efectividad que permita detectar y dar seguimiento a personas víctimas del crimen organizado, quienes en casos como los que se relatan en el Estudio, han crecido y sobrevivido a la sombra de las instancias públicas, o incluso, a pesar de ellas.

Para mejorar esos sistemas de atención, se requiere mayor comprensión de las formas en que niñas, niños y adolescentes son afectados por el crimen organizado y desde luego, un abordaje desde los derechos humanos. Es fundamental identificar los puntos de interacción y comunicación institucional para que las autoridades puedan detectar situaciones donde las personas menores de edad requieren la protección del Estado, y los mecanismos para dar seguimiento no sólo a casos individuales, sino a la situación del entorno en comunidades de especial interés por sus índices de muertes violentas y de conflictividad social.

Sexta conclusión. Las distintas formas de violencia a las que están expuestas niñas, niños y adolescentes, incluyendo la derivada de la actuación del crimen organizado, requiere un tratamiento integral.

La prevención y atención de esa problemática, requiere un enfoque especializado que se refleje en el ámbito social, político, económico y normativo. No basta contar con uno de los marcos jurídicos más garantistas, ni con avances en la creación de pautas de actuación, sino que es prioritario centrar los esfuerzos en fortalecer la capacidad operativa de las instancias de protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes; invertir en capacitación de las personas servidoras públicas para poner en marcha los protocolos generados; garantizar el acompañamiento integral de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia asociada con el crimen organizado; contar con los medios adecuados para la reparación y restitución de sus derechos y ofrecer garantías de no repetición. Todo con atención al principio de interés superior de la niñez.

El Estudio enfatiza la necesidad de plantear medidas concretas para prevenir la victimización e incorporar una perspectiva de derechos y protección coordinada de niñas, niños y adolescentes, que incorpore necesariamente su opinión y la participación de los sectores público, social y privado.

Séptima conclusión. Se requieren investigaciones y estudios específicos sobre niñez y adolescencia.

Se observó la carencia de información sobre algunas problemáticas que afectan a la niñez y adolescencia, entre ellas, investigaciones sobre el derecho a la educación y crimen organizado.

También se identifican temáticas, como el desplazamiento forzado y la desaparición de personas, sobre las cuales es indispensable generar estudios específicos sobre sus efectos en niñas, niños y adolescentes; mientras que en otros, como la ausencia de cuidados parentales o la transmisión intergeneracional de la pobreza por causa del crimen organizado, deben cambiar su enfoque, pues son escasas las investigaciones que identifican ese fenómeno, así como en las trayectorias educativas y laborales.

Octava conclusión. La resiliencia frente a la violencia cotidiana de niñas, niños y adolescentes se asume como un problema privado con el que cada persona y su familia deben lidiar.

Esta forma de reservar la angustia, el dolor y la exigencia de las familias al ámbito privado, o la noción de que las historias sobre la victimización de niñas, niños y adolescentes son situaciones excepcionales, nos impide ver cómo las violencias que afectan la vida de una persona menor de edad a raíz del incremento de la actividad criminal, no son sólo hechos aislados, sino resultado de problemas estructurales que no son debidamente atendidos por el Estado.

Detrás de cada evento violento contra niñas, niños y adolescentes, se encuentra la responsabilidad de autoridades y personas adultas que deberían tomar todas las medidas de prevención y atención.

Sin importar su modo de vida, niñas, niños y adolescentes serán siempre víctimas cuando se incorporan a modos de vida de alto riesgo; cuando viven en su entorno familiar la violencia de las instituciones; cuando son objeto de la violencia o simplemente la negligencia de las autoridades. En las historias que se reúnen en este Estudio, se aprecia el difícil tránsito de las y los protagonistas para hacerse de un lugar en las vidas trastocadas por la violencia, las cuales son a menudo, objeto de la incomprensión y la estigmatización sólo por su aparente relación con la actividad delictiva.

Por ello se busca visibilizar la vida cotidiana de las personas que, por lo general, vemos representadas en las estadísticas. A través de ellas, se busca generar la empatía de los lectores con sus protagonistas y con ello hacer un llamado para superar la indiferencia por su situación.

III. Propuestas.

Ahora se procede a referir de manera sucinta, las propuestas más relevantes para la atención y prevención de este grave problema, precisando que éstas fueron elaboradas con base en las aportaciones de personas expertas en materia de derechos de la niñez y adolescencia, quienes se reunieron en grupos de enfoque, y que forman parte de la academia, las organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales e instancias públicas. En este sentido, algunas propuestas consisten en lo siguiente:

Primera. Impulsar el debate sobre modelos de crianza y el impacto de elementos estructurales como tiempo de trabajo de familiares y el abandono a personas menores de edad.

Segunda. Impulsar acciones preventivas focalizadas, más que reactivas para contener el fenómeno a futuro.

Tercera. Elaborar diagnósticos para la detección y atención de necesidades específicas de víctimas directas e indirectas por las violencias generadas por el crimen organizado y por el abandono institucional y familiar, y se subraya la necesidad de un enfoque integral que aborde el tema en su complejidad.

Cuarta. Colocar como prioridad en la agenda pública, el tema de desplazamiento forzado y comprender las nuevas estrategias de control territorial que van de lo legal a lo ilegal con organizaciones delictivas que controlan los intercambios de bienes y servicios.

Quinta. Analizar en su complejidad la articulación del crimen organizado, y comprender que en sus actividades pueden estar involucrados una diversidad de actores privados, comunitarios, sociales, e incluso personas servidoras públicos.

Sexta. Implementar políticas destinadas a la reducción de la pobreza y las brechas de desigualdad, pues son fundamentales para erradicar la violencia generalizada a través de la creación de oportunidades de desarrollo para niñas, niños, adolescentes y sus familias.

Séptima. Generar oportunidades de estudio y de inserción al mercado laboral con salarios competitivos para jóvenes e impulsar campañas para reducir la discriminación, criminalización y estigmatización en su contra.

Octava. Canalizar mayor presupuesto para la atención de niñas, niños y adolescentes, y desarrollar una estrategia de mediano y largo aliento transexenal con personas expertas, ante el reto que involucra enfrentar la violencia relacionada con el crimen organizado y su impacto en niñas, niños y adolescentes.

Novena. Reforzar ejemplos positivos relacionados con las artes, la ciencia y el deporte para niñas, niños y jóvenes a nivel nacional y local, con el objetivo de reducir la influencia local y captación por parte del crimen organizado e implementar políticas para que padres o tutores dispongan de más tiempo para atender a sus hijos.

Décima. Impulsar una reforma y depuración profunda de las instituciones de procuración y administración de justicia de fondo que permita acabar con la impunidad, la corrupción e ineficacia. En la medida que la impunidad continué siendo la regla, cualquier acción no tendrá los impactos deseados.

Décima primera. Consolidar sistemas articulados de monitoreo, indicadores, evaluación de políticas enfocadas en niñas, niños y adolescentes, así como el apuntalamiento de bases de datos actualizadas, desagregadas y transparentes.

Décima segunda. Realizar diagnósticos diferenciados cualitativos y cuantitativos en trayectorias de vida y grupos de edad para focalizar la atención de niñas, niños y adolescentes en sus distintas etapas, así como diagnósticos focalizados para la atención a nivel estatal, municipal y comunitario considerando realidades locales, pero articuladas a nivel nacional. Se debe entender que la investigación no es gasto, sino una inversión.

Décima tercera. Articular puentes y agilizar medios entre instancias de gobierno para compartir información relacionada con el crimen organizado y la atención de la población objetivo.

Décima cuarta. Fortalecer el sistema educativo en su conjunto; ampliar opciones y espacios de inserción; combatir la deserción escolar, así como diagnosticar y mapear las zonas carentes de centros escolares, así como atender cinturones de exclusión en zonas urbanas donde la falta de servicios y de presencia estatal normaliza la desigualdad y la criminalización de jóvenes.

Décima quinta. Impulsar que las universidades e instituciones de formación actualicen y renueven planes de estudio para contar con los recursos humanos especializados para afrontar la temática, y fomentar la educación por la paz y la justicia restaurativa.

Décima sexta. Actualizar modelos de atención que rebasen la perspectiva asistencialista y que se enfoquen más en la restitución de derechos de la infancia e implementar programas especiales para niñas, niños y adolescentes que han quedado en condición de orfandad por la violencia asociada al crimen organizado.

Décima séptima. Analizar la atención que reciben personas menores de 18 años víctimas de violencia en los Centros de Asistencia Social.

Décima octava. Impulsar que los SIPINNAS a nivel municipal terminen de instalarse y que a su vez cuenten con recursos y seguimiento suficiente.

Décima novena. Plantear estrategias a nivel local que involucren la participación de familias y la comunidad en su conjunto para restituir el tejido social y atender a víctimas del crimen organizado y la violencia.

Vigésima. Articular estrategias que atiendan a familias en situación de vulnerabilidad, como núcleo primario de cuidado de niñas, niños y adolescentes, así como el desarrollo de habilidades psicosociales de niñas, niños y adolescentes. Invertir en atención a la salud mental de familias, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia.

IV. Corolario

Se enfatiza que la manera más adecuada de hacer frente a la violencia y la inseguridad en México que afecta a las niñas, niños y adolescentes, es el diseño e instrumentación de políticas públicas de carácter integral que tomen en consideración las causas estructurales que originan esos problemas; el trabajo directo sobre los factores de riesgo, así como el refuerzo en la protección ciudadana desde un enfoque de derechos humanos.

El camino hacia la legalidad debe acompañarse necesariamente de una transformación social, pues el renacimiento de las comunidades que luchan contra el crimen organizado, amerita una campaña de atención integral que abarque todo: la labor de los medios de comunicación, la oferta cultural, la convivencia en las escuelas y los espacios públicos, todo ello con el objetivo de crear una conciencia cívica basada en el Estado de Derecho.

El trabajo para lograr el cumplimiento efectivo de los derechos de la niñez y adolescencia en nuestro país es arduo, y las alianzas y la actuación coordinada entre autoridades, organizaciones de la sociedad civil y las comunidades son indispensables. Se debe trabajar por una transformación cultural que considere estrategias eficientes que inhiban la comisión de ilícitos, desde una perspectiva integral en la que participen todos los sectores, con el objetivo de crear una conciencia cívica basada en el Estado de Derecho.