A cuatro años de la masacre en San Fernando, Tamaulipas, en la que 72 personas migrantes fueron asesinadas por integrantes del crimen organizado con la aparente colusión de varios policías locales, las autoridades continúan sin cumplir su compromiso de tomar medidas para garantizar la seguridad de las personas migrantes en su paso por México.
El 22 de agosto de 2010, un grupo criminal asesinó a 72 personas, en su mayoría personas migrantes procedentes de Centro y Sudamérica, en el municipio de San Fernando. Durante el año siguiente, en ese mismo municipio se descubrieron cerca de 200 cuerpos más en fosas comunes, parte de los cuales podrían pertenecer a personas migrantes aún sin identificar.