En días pasados (14 y 15 de junio), el Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (PUDH) llevó a cabo el Seminario sobre el uso de indicadores de derechos humanos para la evaluación y desarrollo de políticas públicas de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), con lo cual se dio un paso más en la promoción de instrumentos especializados para la evaluación de derechos humanos como herramientas esenciales para la mejora en su cumplimiento, además de avanzar en la vinculación con organismos internacionales fundamentales para la promoción de los derechos y en un mayor acercamiento con diversos actores de entidades especializadas, academia, sociedad civil y público en general.
En dicho evento se abordaron cuatro temáticas fundamentales. En la primera, relativa al Protocolo de San Salvador y su relevancia en las Américas, el diálogo que se generó permitió reforzar la importancia del protocolo adicional a la Convención Americana sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, “Protocolo de San Salvador”, como tratado vinculante para asegurar la garantía de los DESCA en la región de las Américas.
Desde 2010, el Grupo de Trabajo que monitorea al Protocolo ha realizado una labor continua de sensibilización, capacitación y asesoría a los Estados parte sobre la importancia de construir los indicadores como un instrumento para identificar requerimientos y mejorar el diseño de sus políticas públicas, lo que coadyuva al cumplimiento efectivo de las obligaciones específicas establecidas para cada uno de los derechos sociales protegidos.
La posibilidad de desmenuzar los componentes y elementos para la protección y garantía de los derechos sociales a través del conjunto de indicadores establecidos, los cuales reflejan los estándares internacionales que definen cada derecho, hace posible identificar y precisar aspectos de detalle en la acción pública que son susceptibles de mejora o cambio, considerando desde elementos estructurales hasta procesos específicos que se llevan a cabo en las políticas públicas. La comprensión de fondo que se logra con el monitoreo facilita a los países de la región la evaluación de sus políticas de atención.
En particular, para revertir los graves efectos derivados de la pandemia, diversos organismos internacionales coinciden en la recomendación de incorporar la perspectiva de derechos humanos en las políticas o soluciones que se implementen, señalando en particular la importancia de atacar de raíz las brechas de desigualdad que se vieron acrecentadas. El modelo de indicadores tiene la virtud de estar diseñado con base en los estándares internacionales centrales de los DESCA, por lo que resulta adecuado para diseñar o rediseñar medidas post-pandemia.
La segunda temática relativa a las Prioridades y retos en el ejercicio de los derechos culturales en la región de América Latina, dio cuenta del panorama sobre el derecho a la cultura en América Latina a partir de evidencia empírica que permitió identificar tanto aciertos como áreas de oportunidad que se requieren fortalecer para una plena garantía y disfrute del derecho a la cultura; se logró presentar la riqueza de la información con la que se cuenta para el desarrollo, análisis, monitoreo y seguimiento de las políticas nacionales existentes para garantizar el derecho a la cultura tanto desde la propuesta de la UNESCO, como a partir de la metodología del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, las cuales brindan un adecuado soporte para impulsar el establecimiento del derecho a la cultura en la agenda internacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, además de contribuir a tomar conciencia no solo del papel que juega la cultura para los países de la región, sino considerar también otros aspectos transversales como la interculturalidad y los esfuerzos por construir países más igualitarios, en los que se extinga la discriminación y el racismo, propiciando sociedades cada vez más justas que tiendan hacia la paz.
En la tercera temática vinculada con las Prioridades y retos en el ejercicio del derecho a la alimentación adecuada en la región de América Latina, se presentaron los hallazgos de la investigación realizada por el PUDH para México, donde se resaltó la importancia que significa contar con una ley marco para el derecho a la alimentación adecuada, impulsar su cumplimiento y establecer procesos adecuados de coordinación de políticas y programas, a fin de que no se encuentren fragmentados y se diluyan responsabilidades.
También se abordó la necesidad de incorporar las recomendaciones que han hecho diversos organismos internacionales como el de realizar cambios que diversifiquen los sistemas alimentarios, empoderar a los grupos marginados y vulnerables y promover la sostenibilidad, incluyendo temas relevantes como la conservación del medio ambiente, biodiversidad, agroecología, conocimiento tradicional, control de productos comestibles ultraprocesados, entre otros. Además, se resaltaron las ventajas de fijar responsabilidades a las empresas transnacionales, a fin de prevenir vulneraciones de los derechos humanos por empresas domiciliadas en su territorio o jurisdicción, sin atentar contra la soberanía de otros Estados.
Fue importante también conocer el trabajo que realiza el Programa Mesoamérica sin Hambre de la Agencia Mexicana de cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXID) y FAO, en el que, entre muchas acciones a nivel regional, se busca facilitar procesos de articulación y acción entre los responsables de diseñar e implementar políticas públicas y la academia enfocados a la lucha contra el hambre y la pobreza.
También se destacó la importancia de incorporar nuevos estándares para el derecho a la alimentación adecuada derivados de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dado que dicho Tribunal, en los últimos años, ha delineado una doctrina jurisprudencial mediante la cual ha integrado elementos relevantes para precisar las obligaciones de los Estados en materia alimentaria.
Respecto de la cuarta temática Diálogo sobre prioridades y retos en el ejercicio del derecho a un medio ambiente sano, en el contexto actual de América Latina y el Caribe, se exploraron las posibilidades que tiene el Acuerdo de Escazú para impulsar el derecho a un medio ambiente sano en la región de América Latina y el Caribe. Se trata de un visionario acuerdo que aborda aspectos fundamentales de la gestión y la protección del medio ambiente y que enfatiza los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en ámbitos tan importantes como el uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de la diversidad biológica, la lucha contra la degradación de las tierras, el cambio climático y el aumento de la resiliencia ante los desastres.
Se destacó cómo un seguimiento de este acuerdo haciendo uso de la metodología de indicadores permitiría medir avances de manera objetiva, rastrear los elementos constitutivos para su garantía, y potenciar su alcance mediante el uso de las tecnologías de información.
Finalmente, se considera relevante destacar la labor que lleva a cabo el Programa Universitario de Derechos Humanos a través de su vertiente de trabajo sobre investigación y desarrollo de indicadores para evaluación de la situación de los derechos fundamentales, mediante la cual el PUDH realiza investigaciones, proyectos y labores académicas con las que se busca estar a la vanguardia en la medición y propuestas metodológicas de evaluación y seguimiento de derechos, las cuales apuntan a contribuir a la construcción de sociedades más justas e igualitarias en las que se respeten todos los derechos humanos de todas las personas.
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