El calificativo provocó la reacción del gobierno mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El relator especial sobre la tortura de la ONU, Juan Méndez, dice en su informe sobre México que “la tortura y los malos tratos son generalizados”. Sin embargo, en la entrevista concedida al diario español El País (edición en línea, 9 de marzo de 2015), matiza: “La tortura está generalizada en México en el contexto de la lucha contra el crimen organizado. En otros niveles, puede que ocurra menos o no ocurra. Pero en la lucha contra el crimen organizado, todos los cuerpos que se ocupan de ella, desde militares a policías federales, estatales o municipales, muestran un patrón de conducta muy parecido, en métodos y duración”.

En la misma entrevista, el relator reconoce que del sexenio del presidente Felipe Calderón al del presidente Enrique Peña Nieto, “según las fuentes que he consultado aparentemente hay un descenso de un 30% de los casos reportados. Puede deberse a que haya fuerzas más conscientes, o simplemente menos casos (sic). Es un paso adelante, pero no resuelve el problema. Un solo caso de tortura es demasiado”. Un solo caso de tortura, en efecto, es inaceptable, pero, sin duda, no es lo mismo que su práctica generalizada y, sin duda, es plausible que los casos estén descendiendo.

Lo que asombrosamente no hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores en su refutación fue citar las propias palabras del relator relativizando su afirmación rotunda y reconociendo una disminución en las quejas.

En carta enviada al representante mexicano ante la oficina de las Naciones Unidas, el relator asevera que el gobierno mexicano pretende elevar el estándar de evidencia de los casos de tortura a un nivel que es complejo alcanzar dada la amplitud de su mandato, la cantidad de países que debe visitar y los escasos recursos con que cuenta. Muy bien, a lo imposible nadie está obligado, pero el relator está reconociendo, implícitamente, que sería deseable elevar el rango probatorio en sus análisis.

En su informe, el relator contrasta el número de quejas por tortura ante las comisiones públicas de derechos humanos y la cantidad de recomendaciones al respecto. Es de advertirse que el ombudsman sólo debe emitir una recomendación cuando en el expediente existan pruebas suficientes de que el abuso denunciado efectivamente existió. Por eso es tan importante que la institución cumpla su tarea con absoluta autonomía, objetividad y profesionalismo. Me parece que la cifra real de torturas está mucho más cercana de las recomendaciones que de las quejas.

El informe, presentado el 9 de marzo de este año, se ocupa de hechos de los que conoció el relator en la visita que hizo a nuestro país del 21 de abril al 2 de mayo de 2014, es decir, diez meses antes, retraso que conlleva la posibilidad de que la realidad reportada haya cambiado.

Es de exigirse que los 33 gobiernos mexicanos —el federal y los de las entidades federativas— hagan el mayor esfuerzo en abatir la tortura previniéndola y castigándola. Es deseable que los informes del relator sobre la tortura presenten el mayor rigor, eleven su estándar probatorio —para lo cual es indispensable la asignación de recursos suficientes— y se presenten poco después de las investigaciones en que se sustentan.