Los estados de la OEA deben apoyar 
a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos para que supere
la crisis financiera, que pone en riesgo 
las posibilidades de justicia
y protección para las víctimas de abusos

Junio 2, 2016

 (Washington, D.C.) – Los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) deberían asegurar prontamente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reciba financiamiento suficiente para llevar a cabo su mandato, señaló hoy Human Rights Watch. La comisión, que ha sido clave en la defensa de los derechos humanos en las Américas, atraviesa por una crisis financiera que pone en riesgo las posibilidades de justicia y protección para las víctimas de abusos a lo largo del continente.

El 23 de mayo de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que enfrenta una crisis financiera que podría obligarla a despedir a casi la mitad de su personal y a suspender las audiencias programadas para julio y octubre de este año. El financiamiento que recibe la CIDH procede de la OEA y de donaciones voluntarias de distintos países, incluidos miembros y no miembros de la OEA.

“Desde hace tiempo, la CIDH ha sido la última esperanza para víctimas de la región que durante años han luchado para hacer valer sus derechos en los sistemas judiciales nacionales”, observó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Si los Estados miembros de la OEA no atienden esta crisis financiera, sembraran serias dudas sobre su compromiso con los derechos humanos, y levantaran sospechas de que pretenden librarse del escrutinio de la comisión”.

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EE.UU.: La sentencia del Tribunal Supremo que bloquea la acción ejecutiva migratoria del presidente Obama pone en peligro a inmigrantes
de sufrir violaciones a sus derechos humanos

Junio 24, 2016

 (Washington, DC) – El empate en el Tribunal Supremo de Estados Unidos que se ha producido hoy en el caso de Estados Unidos vs. Texas deja a millones de inmigrantes indocumentados en el limbo y ante un riesgo persistente de sufrir abusos de derechos humanos, dijo hoy Human Rights Watch.

      En la práctica, el fallo bloquea la acción ejecutiva migratoria que el presidente Barack Obama proclamó en 2014 –que habría provisto de estatus legal de manera temporal a millones de inmigrantes indocumentados—, al menos hasta que las reclamaciones judiciales interpuestas por los gobiernos estatales opuestos a la acción estén completamente resueltas.

“La acción ejecutiva habría marcado una diferencia concreta y diaria en la vida de millones de familias, a pesar de que también habría excluido a muchos otros inmigrantes que también son víctimas de leyes injustas e inhumanas”, dijo Antonio Ginatta, director de incidencia del Programa sobre Estados Unidos de Human Rights Watch. “La sentencia del Tribunal Supremo en este caso subraya la urgencia para que el próximo presidente y el Congreso tomen medidas claras sobre la reforma migratoria”.

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