Por Ismael Eslava Pérez*

La violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres constituye un problema lacerante que necesariamente amerita atención urgente del Estado mexicano. Su prevalencia en prácticamente todos los ámbitos de su vida refleja la desigualdad imperante entre los géneros y la magnitud del deterioro del tejido social, pues no sólo afecta su dignidad personal, sino que debilita las bases de la convivencia pacífica y limita el desarrollo y crecimiento del país.

Las prácticas sexistas y patriarcales que persisten en la sociedad, encuentran su mejor aliado en la indiferencia, la tolerancia y la impunidad de los crímenes que se cometen a diario contra las mujeres, quienes además de hacer frente a las consecuencias de la violencia que han padecido, tienen que lidiar frecuentemente con la que ejercen las autoridades por acción, negligencia u omisión de garantizar niveles mínimos y razonables de protección a su integridad y derechos humanos.

El feminicidio es la manifestación extrema de la violencia contra las mujeres; la lucha por su tipificación expresa en los códigos penales ha tenido su fundamento ideológico en los primeros instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos de ese grupo poblacional, en particular la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) y las resoluciones de organismos internacionales, como la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el “Caso González y Otras vs México” en 2009, conocido como “Campo algodonero”. 

Con ello, se dio un primer paso para allanar, por ejemplo, el acceso a la justicia de los familiares de las innumerables víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez, y posteriormente, con el impulso de determinaciones del Poder Judicial de la Federación y los tribunales estatales, los pronunciamientos y recomendaciones de Organismos Públicos de Derechos Humanos, y el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y la academia, fue posible generar reformas normativas y reglamentarias, así como la elaboración de protocolos y modelos de atención para las víctimas de la violencia de género a partir de grupos etarios: niñas, mujeres jóvenes y mujeres mayores, cuya aplicación, observancia y estudio son de carácter obligatorio para todas las autoridades.

El Derecho es una herramienta de transformación social que aspira a realizar los valores máximos de justicia, igualdad, democracia y seguridad en beneficio de las y los integrantes de la sociedad; sin embargo, sabemos que la sola existencia de normas no garantiza su aplicación efectiva, ni la protección de las mujeres contra la violencia, pues se requiere visibilizar, denunciar, sancionar y, sobre todo,  prevenir, mediante la acción articulada de actores gubernamentales, sociales, privados y desde luego de los poderes judiciales y los Organismos Públicos de Derechos Humanos.

Es insoslayable la realización de acciones para contribuir a la erradicación del feminicidio, tales como impulsar el proceso de armonización legislativa para avanzar en la tipificación de ese delito a nivel local; insistir en la importancia que representa el mecanismo de implementación de Alertas de Género contra las Mujeres; condenar todas las formas de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, así como la emisión de informes por parte de los organismos públicos de protección de los derechos humanos y de instancias de gobierno relacionadas con el tema que buscan visibilizar el fenómeno y elaborar  propuestas de abordaje a partir de una perspectiva de género que permita señalar y cuestionar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que falazmente se pretende justificar en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, además identificar las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género.

La perspectiva de género tiene como finalidad la búsqueda de la igualdad y la eliminación de situaciones de marginación, violencia e injusticia, sin desconocer la importancia de la transversalidad de género en todas las políticas públicas a partir de la aplicación del principio de igualdad de trato, oportunidades y no discriminación.

Precisamente en marzo de 2018 se presentaron varias propuestas dirigidas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo sobre las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres, entre ellas, revisar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para aclarar los plazos de emisión de las Alertas en sus distintas fases; establecer en los reglamentos del Poder Judicial y Legislativo la facultad de actuar como interlocutores para hacer frente a la violencia feminicida; involucrar a las instancias del Estado para garantizar la transversalización de la perspectiva de género; fortalecer a las instancias federales que atienden las Alertas de Género, vigorizando la presencia de INMUJERES para acompañar y orientar este procedimiento y las acciones de la CONAVIM. Sin embargo, hasta hoy se desconoce el destino de dichas propuestas, salvo el hecho de que la Comisión de Género del Senado de la Repúblico anunció, en agosto de 2020, que se trabaja en una reforma integral al mecanismo para emitir la Alerta de Violencia de Género.

Lo anterior sin desconocer la aprobación reciente (noviembre de 2020) por el Senado de la República y en distintos momentos en diversas entidades federativas de la denominada “Ley Olimpia”  que representa el conjunto de reformas legislativas encaminadas a reconocer la violencia digital  y sancionar los delitos que atenten contra la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia.

También en mayo de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó un informe al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) con motivo de la revisión del Noveno Informe Periódico de México, en relación con la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

A su vez, el Comité recomendó al Estado mexicano: eliminar los altos niveles de inseguridad y violencia que afectan a las mujeres y las niñas; adoptar medidas para crear conciencia sobre los derechos humanos de las mujeres; eliminar la propaganda negativa de género; prevenir las muertes violentas, los homicidios y las desapariciones forzadas de mujeres, abordando las causas profundas de dicha violencia, e investigar, enjuiciar y castigar esos delitos.

De igual forma, instó a las autoridades de nuestro país a garantizar que el feminicidio esté penalizado en todos los códigos penales estatales de acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; estandarizar los protocolos de investigación policial de feminicidio; simplificar y armonizar los procedimientos a nivel estatal para activar la Alerta Amber y el Protocolo Alba; acelerar la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas; evaluar el impacto del Mecanismo de Alerta de Género; abordar la falta de medidas de protección para garantizar la dignidad y la integridad física de las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales, y fortalecer los mecanismos para recopilar sistemáticamente datos desglosados sobre la violencia contra las mujeres.

Con ello queda claro, que sociedad civil, instancias de gobierno y del Estado, tienen la responsabilidad prioritaria de combatir todas las formas de violencia contra las niñas, las adolescentes y las mujeres. Basta ya de la pasividad, tolerancia e indiferencia ante las muertes devastadoras de mujeres, adolescentes y niñas, así como del sufrimiento de las familias; es apremiante fortalecer los sistemas de justicia y capacitar permanentemente al personal de las corporaciones policiales; de las instancias de procuración y administración de justicia, de salud y educación, para eliminar estereotipos, costumbres y prácticas que conducen a la discriminación de las mujeres; es tiempo de mejorar los servicios de apoyo a víctimas sobrevivientes y a las familias; encontrar mecanismos eficientes de reparación del daño, pero sobre todo, enfocar planes y presupuestos para prevenir que sigan ocurriendo más casos.

De igual importancia es continuar con las labores de promoción de los derechos humanos dirigidas a la población en todo el país; llegar a las escuelas, centros de trabajo, comunidades indígenas, grupos religiosos, sindicatos, medios de comunicación, empresas, asociaciones y organizaciones civiles, universidades, y sobre todo a las familias y a las niñas, niños y adolescentes, pues la educación en y para los derechos humanos es la mejor herramienta para prevenir la violencia y orientar a las nuevas generaciones a asumir el compromiso de trabajar en favor del diálogo, la solidaridad, la comprensión mutua, la no violencia y la cultura por la paz.

Sólo en la medida que logremos erradicar la violencia contra las mujeres y que sus derechos cuenten con una efectiva garantía, podremos hablar de una vigencia real de los derechos humanos.

Por ello, el Programa Universitario de Derechos Humanos hace un llamado respetuoso a toda la sociedad a adoptar una cultura que no sólo promueva, sino que materialice en los hechos, la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, y a las instancias de la sociedad civil y autoridades de los tres niveles de gobierno e instancias del Estado, para una eficaz y eficiente coordinación en aras de su inmediata ejecución.

México tiene una deuda histórica con las niñas, adolescentes y mujeres, la restitución de sus derechos humanos no puede esperar más.

* Secretario Académico del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (PUDH-UNAM).