Miles de integrantes de las fuerzas armadas estadounidenses que vieron truncada su carrera militar tras denunciar una agresión sexual recibieron documentación de baja de contenido estigmatizante que impide que puedan obtener empleos y beneficios, indicó Human Rights Watch en un informe difundido hoy. El informe se elaboró luego de 28 meses de investigación a cargo de Human Rights Watch, con colaboración de Protect Our Defenders, una organización de derechos humanos que apoya y defiende a sobrevivientes de agresiones sexuales en el ámbito militar. Ante la presión de la opinión pública y del Congreso, en los últimos años las Fuerzas Armadas de EE. UU. implementaron algunas medidas de protección para miembros de las fuerzas que denuncien agresiones sexuales, pero no se han realizado acciones para reparar el perjuicio causado a quienes fueron injustamente dados de baja.
El informe de 124 páginas, titulado “Expulsados: Ausencia de recursos para sobrevivientes de violaciones sexuales en las fuerzas militares estadounidenses que recibieron irregularmente la baja” [Booted: Lack of Recourse for Wrongfully Discharged US Military Rape Survivors], concluyó que muchas víctimas de violación sexual traumatizadas fueron dadas de baja injustamente por “trastorno de la personalidad” u otra condición de salud mental que impide que puedan reclamar beneficios. Otras víctimas recibieron la baja por “Inconducta” (Other Than Honorable) en relación con las agresiones, lo cual las excluyó del acceso al sistema de atención de la salud del Departamento de Asuntos de Militares Retirados y de diversas modalidades de asistencia educativa y financiera. Las consecuencias de haber recibido “documentos descalificantes” –—es decir, cualquier tipo de baja que no sea “honrosa”— o de que se atribuya un “trastorno de la personalidad” son múltiples para los ex militares y sus familias, e inciden en aspectos como empleo, tenencia de los hijos, atención de la salud, prestaciones por invalidez e incluso derechos de sepultura, es decir, prácticamente todos los aspectos de la vida.
“Las víctimas de violación sexual en el ámbito militar básicamente quedan marcadas de por vida”, opinó Sara Darehshori, asesora sénior del programa sobre EE. UU. de Human Rights Watch y autora del informe. “No solo han perdido su carrera militar, sino que además han quedado marcadas por una condición que podría impedir que obtengan un empleo o que reciban atención de la salud, o que puedan realizar otros aspectos de la vida normal luego de su paso por las fuerzas”.
La emisión de “documentos descalificantes” ha estado asociada con índices elevados de suicidios, situación de calle y encarcelamiento entre los militares retirados que los reciben. Quienes reciben la baja por “trastorno de la personalidad” u otras causas de salud mental deben convivir además con el estigma de ser considerados “enfermos mentales”.
A pesar de las graves implicancias, es poco lo que pueden hacer los militares retirados para revertir una baja injusta, concluyó Human Rights Watch. El derecho estadounidense prohíbe que los miembros de las Fuerzas Armadas demanden a la institución por perjuicios que hayan sufrido en relación con el servicio prestado. Las Juntas para la Rectificación de Registros Militares y las Juntas para la Revisión de Bajas, es decir, los órganos administrativos responsables de corregir anotaciones injustas en los registros de miembros de las Fuerzas Armadas, se ven desbordadas por miles de casos.
Human Rights Watch, con asistencia de Protect Our Defenders, realizó más de 270 entrevistas presenciales y telefónicas, examinó documentos preparados por organismos gubernamentales federales en respuesta a numerosos pedidos de registros públicos, y analizó datos sobre casos que figuran en el portal de consultas de las Juntas de Rectificación, en los cuales se aludía a “trastorno de la personalidad” o “trastorno de adaptación”. Los investigadores hablaron con 163 víctimas que sobrevivieron a agresiones sexuales desde la época de la Guerra de Vietnam hasta el presente.
“Cuando pienso en el incidente, a veces me arrepiento de haber hablado y denunciado lo que sucedió”, dijo una víctima de violación sexual. “No puedo ni siquiera empezar a explicar cómo se ha visto afectada mi vida por todo este calvario”.
En los últimos años, se instaló ante la opinión pública el problema de los ex combatientes que son dados de baja en términos descalificantes por condiciones de salud mental o inconducta que, en realidad, podrían ser síntomas de trastorno por estrés postraumático (TEPT). El Congreso ha establecido requisitos que hicieron que sea más difícil disponer la baja de ex combatientes por motivos de salud mental sin antes evaluar la posibilidad TEPT. No obstante, las garantías adicionales no se han extendido a víctimas de agresiones sexuales, a pesar de que también sufrieron experiencias traumáticas durante su servicio en las fuerzas y de que la prevalencia del TEPT es mayor entre víctimas de violación sexual que entre ex combatientes.
Fuente:
(26/05