Las expectativas que en diversos sectores de la sociedad mexicana ha suscitado el Nuevo Sistema de Justicia Penal son enormes: una vez instaurado advendrá la epifanía en los juicios penales.

En círculos académicos y periodísticos, y en conversaciones de legos, se expresa la convicción de que de ahora en adelante las cosas serán distintas, se superarán los vicios y las deficiencias del antiguo sistema, y con el nuevo, como reza la Constitución, se esclarecerán los hechos objeto del juicio, se protegerá al inocente, el culpable no quedará impune y los daños causados por el delito serán reparados.

Hay quienes señalan que las críticas que suscita el novedoso modelo se deben a que los abogados veteranos son refractarios a las innovaciones, no quieren actualizarse, están aferrados a la inercia rutinaria del añoso procedimiento y creen, como los conservadores en todas las épocas, que todo tiempo pasado fue mejor.

A partir de ahora —se escucha y se lee— la policía será factor decisivo en la investigación de los delitos, el Ministerio Público será eficaz sin incurrir en arbitrariedades, los jueces dictarán sentencias justas, las víctimas tendrán  asesoría certera, y los defensores harán valer las pruebas y los argumentos que favorezcan a sus defendidos. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, enfatizó que con el nuevo modelo “se dice adiós a la impunidad”. Para poner en marcha ese sistema se han erogado miles de millones de pesos. Y, sin embargo…

No me gusta ser aguafiestas, pero la impunidad sólo puede abatirse si el Ministerio Público atrapa, con sólido sustento probatorio y jurídico, a una cantidad aceptable de delincuentes. Y nuestro Ministerio Público sigue siendo —en todo el país, en el fuero federal y en el común— ineficaz, negligente y plagado de corruptelas. No se comprende, entonces, el optimismo del secretario de Gobernación. Ante los jueces seguirá llegando un mínimo porcentaje de autores y partícipes de delitos por la sencilla pero irrefutable razón de que el órgano de la acusación no se ha reformado.

Por otra parte, la ONG México unido contra la delincuencia se propuso constatar el funcionamiento del nuevo sistema en las salas de oralidad penal de la Ciudad de México, donde ya está en vigencia para algunos delitos no graves, y para ello realizó un monitoreo de 912 audiencias entre marzo y diciembre del año pasado.

Las observaciones de los monitores revelan una realidad muy distante de las expectativas y los discursos. En 37% de las audiencias el juez no verificó la legalidad de las actuaciones previas y en 64% no analizó las pruebas para determinar la imposición de medidas cautelares. En 42% de las audiencias el Ministerio Público no ofreció pruebas ni las vinculó para solicitar dichas medidas, observándose su falta de capacidad técnica para fundamentar y motivar sus actuaciones; en muchos casos no conocía la carpeta de investigación.

En 99% de las audiencias el defensor público no ofreció pruebas en favor del inculpado y en 27% no tuvo comunicación con éste. Varios defensores no habían revisado la carpeta de investigación porque no se les había entregado hasta ese momento y algunos dijeron que no conocían el nuevo sistema. En la totalidad de los casos el asesor público de las víctimas se abstuvo de hacer manifestaciones diversas a las del Ministerio Público.

En un poema de Peter Weiss, todos creen que la Revolución va a darles todo: se les ha pegado el cocido y piden otro mejor; la que lamenta que su marido sea tan bajo quiere otro más alto; al que le molesta el zapato le apetece un calzado cómodo; el poeta al que no se le ocurren versos requiere ideas nuevas, y el pescador que lleva horas con el anzuelo en el agua solicita que piquen los peces. Y asaltan todas las bastillas, y luego se encuentran con que todo es como era: el caldo pegado, los versos chapuceros, el cónyuge maloliente y gastado, el pez ausente.

Ningún sistema de enjuiciamiento penal funcionará convenientemente  mientras sus protagonistas sigan siendo los mismos de siempre: policías, agentes del Ministerio Público y defensores públicos sin la preparación que se requiere ni vocación de servicio para desempeñar sus delicadas tareas.