Sería insensato que el gobierno federal trajera a México a un grupo de expertos con el encargo de esclarecer los hechos trágicos de Nochixtlán, Hacienda Blanca y Juchitán, en los que, hasta donde se sabe, perdieron la vida ocho personas y más de 100 resultaron heridas.

Sería insensato sobre todo si ese grupo no estuviera integrado por criminalistas de prestigio en investigaciones forenses, con antecedentes de rigor profesional y objetividad —lo que supone independencia de criterio, libre de servidumbres ideológicas— o que en él se incluyera a personajes que en sus países han sido fiscales que lograron sentencias condenatorias, echando mano de pruebas fabricadas o testimonios falsos.

Compete a la Procuraduría General de la República llevar a cabo la indagatoria. ¿Se duda de su imparcialidad o de sus capacidades? Contamos, para supervisar el quehacer de la Procuraduría e, incluso, para realizar su propia investigación, con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presidida por Luis Raúl González Pérez, quien –siguiendo el ejemplo de su maestro Jorge Carpizo– ha dado muestras de profesionalismo y honestidad no sólo como ombudsman sino también en todos los cargos que ha ocupado.

Estamos ante un caso gravísimo en el que, para aplicar la ley, es imprescindible que se proceda con el único afán de conocer la verdad, no para congraciarse con sectores de la opinión pública, organizaciones o partidos que tienen, más allá del sustento probatorio, puntos de vista a menudo prejuiciados por los intereses que los animan.

El ombudsman auténtico no tiene filiación partidaria ni está casado con determinada postura ideológica. Sus determinaciones se basan exclusivamente en las pruebas. Actúa con plena autonomía no sólo respecto de las autoridades, sino también frente a toda bandería política y todo grupo de presión.

El ombudsman sabe, con George Orwell, que “el lenguaje político –y con variaciones esto es verdad en todos los partidos políticos, de los conservadores a los anarquistas– está diseñado para que las mentiras parezcan verdaderas y el asesinato parezca respetable”. (Por cierto, como advierte Gil Gamés en Milenio, las ONG han guardado ominoso silencio ante la ejecución del reportero Elidio Ramos, quien había sido amenazado por fotografiar actos de vandalismo durante las protestas de la CNTE).

El ombudsman no es enemigo de los servidores públicos, sino de sus abusos. Defiende los derechos de los ciudadanos, pero no justifica sus conductas ilícitas. No busca popularidad sino respetabilidad.

Los sucesos del estado de Oaxaca, por otra parte, ameritan que pongamos los puntos sobre las íes en cuestiones de enorme relevancia para nuestra vida democrática. La CNDH también puede hacerlo con toda autoridad moral.

¿Es válido que la protesta social se ejerza sin respetar los derechos de los demás, por ejemplo vejando a quienes no la apoyan, bloqueando carreteras u otras vías de circulación, dañando bienes o incendiando vehículos? Ante los hechos del día 19 de este mes, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha reiterado la pertinencia de aprobar una ley general sobre el uso de la fuerza, aplicable a todas las fuerzas de seguridad, y de garantizar una efectiva rendición de cuentas en su aplicación, lo que está muy bien, pero no menciona cuáles son los límites del derecho a manifestarse.

Cuando en la protesta se presentan situaciones de violencia –agrega el Alto Comisionado–, las fuerzas de seguridad “deben sujetarse a los principios de razonabilidad y proporcionalidad”, lo que es indiscutible, pero habría que precisar que los agentes policiacos –también titulares de derechos humanos, no lo olvidemos– no deben quedar en desventaja ante los violentos con riesgo de su vida o su integridad. En los hechos que nos ocupan fueron lesionados más de 50 policías, algunos de ellos por armas arrojadas rellenas de clavos y vidrios, y otros por disparo de arma de fuego.

El gobierno federal ha aceptado dialogar con la CNTE. Debe quedar claro que el diálogo no puede consistir en sentarse a una mesa servida por quienes se empeñan en manifestar su desacuerdo transgrediendo la ley y darles resignadamente la razón.