Ascensos condicionados

Me deja estupefacto la nota principal de La Razón del día 4 de este mes. El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca exige a los maestros, como condición para lograr ascensos a director, subdirector o supervisor, la “constancia de participación en la jornada de lucha masiva nacional en la Ciudad de México en tiempo y forma” (sic).

Para tener la posibilidad de ser ascendidos, los maestros oaxaqueños han de demostrar documentalmente que acudieron —¡en tiempo y forma!— a la capital de la República a manifestarse contra la reforma educativa Sigue leyendo

La Fiscalía de la República

La autonomía del Ministerio Público ha sido una propuesta enarbolada por juristas distinguidos —Héctor Fix Zamudio y Jorge Carpizo entre ellos—, quienes han argumentado que el órgano de la acusación debe proceder invariablemente con profesionalismo y objetividad, y no por indicaciones del Presidente de la República o el gobernador del que dependa ni por suposiciones de cómo le gustaría a su jefe —el Presidente o el gobernador— que resolviera ciertos asuntos.

Una reciente reforma al apartado A del artículo 102 constitucional Sigue leyendo

Autodefensas

Lo que ha estado ocurriendo en la Tierra Caliente de Michoacán es de película del Viejo Oeste. Hace unos años, si alguien lo hubiera predicho, hubiéramos pensado que estaba delirando.

Por una parte, grupos criminales que medran con el tráfico de drogas, los secuestros y las extorsiones, que se llevan muchachas a las que luego devuelven embarazadas, que hacen cómplices de sus actividades delictivas o atemorizan a las autoridades municipales, y que tienen aterrorizada a la comunidad, Sigue leyendo

Los motivos de la Asamblea

No quedan claros los motivos por los cuales no se reeligió a Luis González Placencia como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), organismo que ha cumplido una tarea de enorme importancia en la lid contra los abusos de poder.

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Derecho a decidir

Por decirlo esquemáticamente, la libertad personal consiste en que uno pueda conducir su vida como mejor le parezca, con el límite, claro está, de respetar los derechos de los demás. Esa libertad ha sido negada en diversos períodos históricos a los esclavos, los menores, las mujeres ––a las que aún hoy, en  regímenes de inspiración islámica, se les priva de libertades fundamentales–– y a quienes padecen alguna alteración mental.

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Malala

Para oponerse a los talibanes en países donde gobiernan o donde tienen control de ciertas zonas geográficas se necesitan unas convicciones muy sólidas y un valor a prueba de todo.

Los talibanes no dudan en destruir, arrasar, torturar, quemar o asesinar en nombre de un Dios cuya voluntad interpretan infaliblemente y hacen cumplir a costa de lo que sea.

Bajo el dominio talibán sufren sobre todo las mujeres, que son sometidas a condiciones de vida en las que quedan cancelados los derechos más elementales.

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Profesionalizar al Ministerio Público

Los gnósticos sostenían que el mundo no había sido creado por Dios sino por un demiurgo esencialmente malo. Podría pensarse que un demiurgo similar creó en México al Ministerio Público, pues parece diseñado perversamente para  funcionar mal: su actuación suele ser lenta, ineficaz y plagada de corruptelas. El Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM (PUDH-UNAM) ha propuesto medidas precisas para profesionalizar a esa institución en todo el país con base en un riguroso estudio que realizó sobre su funcionamiento.

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20 años de la CDHDF

Ni en mis más ambiciosos sueños había imaginado que sería el presidente fundador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), privilegio que nadie más podrá disfrutar.

Las comisiones públicas de derechos humanos surgieron con una misión de la mayor importancia: combatir los abusos de poder de los servidores públicos. La primera de ellas, la nacional, se instauró en medio de un enorme escepticismo, pero su primer titular, Jorge Carpizo, en poco tiempo se ganó la confianza de los ciudadanos de la única manera en que podía ganársela: con resultados. El más joven de esos organismos es precisamente el de la capital de la República, dado a luz hace 20 años. El primer Consejo de la Comisión fue espléndido: lo integraron personajes del mayor prestigio ––escritores, académicos, una legisladora––, ninguno de ellos experto teórico en la materia pero todos convencidos de la bondad de la causa y muy comprometidos con los afanes de la nueva institución. Por ser el fundador, me tocó elegir a cada uno de mis colaboradores, lo que hice con toda libertad y con el mayor de los cuidados: amigos de capacidad, honestidad y entrega probadas, y ex alumnos idealistas, estudiosos, ilusionados. Al principio el equipo era muy pequeño; fue creciendo poco a poco, a medida que aumentaban los expedientes, pero nunca rebasó los 300 miembros.

Actuamos, en cada caso, con escrupuloso profesionalismo y plena autonomía. Por una recomendación nuestra se llevó a cabo el primer juicio por tortura en nuestro país ––al que siguieron otros varios, también por nuestra intervención––, el cual concluyó en sentencia condenatoria. Por recomendaciones de la Comisión se abrió el primer albergue de la ciudad para mujeres maltratadas, se facultó a los jueces para prohibir al agresor que se acercara a las víctimas en casos de violencia familiar, dejó de exigirse para conseguir trabajo en dependencias públicas el examen de detección del sida y específicamente a las mujeres el certificado de no gravidez, se ejercitó acción penal contra 30 policías involucrados en ejecuciones, el Nacional Monte de Piedad redujo el monto del interés prendario, se consiguió que el Ministerio Público ejercitara acción penal en miles de indagatorias que tramitaba con negligencia y se logró la libertad de inculpados por falsas acusaciones ––el peor delito que la infamia soporta, por decirlo con palabras de Borges––.

El caso de los acusados por el homicidio del conductor de televisión Paco Stanley ––cuya sucia trama fue descubierta por la CDHDF–– dejó una lección. El PRD y su periódico afín habían considerado admirable la actuación de la Comisión; a partir de entonces nos trataron como enemigos. Es que combatimos con la misma determinación los atropellos de los gobiernos priistas que los de los perredistas: un ombudsman auténtico no tiene banderías partidarias.

Desde hace dos décadas los capitalinos cuentan con un defensor que ha generado una auténtica revolución cívica en virtud de la cual muchas víctimas de tropelías gubernamentales en lugar de una actitud de resignación resentida han ejercido el coraje activo.

La vida me ha dado otras grandes satisfacciones profesionales; pero mi corazón quedó anclado en mis días en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Ω

Restricciones a los derechos humanos

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, por diez votos contra uno, que los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales o en la jurisprudencia de la Corte interamericana de Derechos Humanos pueden restringirse si así lo establece una disposición constitucional. El único voto en contra fue el del ministro José Ramón Cossío.

La resolución contraría el texto inequívoco del párrafo segundo del artículo 1º de la Constitución de la República, que, a partir de la reforma de 2011, ordena: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales en la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”. Aun cuando la redacción de la parte final es extraña, el texto es inequívoco: las normas deben ser interpretadas de la manera en que mejor protejan los derechos humanos.

La disposición no establece, en materia de derechos humanos, jerarquía alguna entre la Constitución y los tratados internacionales: es aplicable la norma que, independientemente de que forme parte de aquélla o de éstos, tutele más ampliamente tales derechos. Lo que el texto citado ha introducido en la Constitución es el principio, que la doctrina denomina pro homine o pro persona, en virtud del cual queda superada la antigua polémica sobre jerarquía normativa. Prevalece la norma que brinde mayor protección a los individuos. Con base en dicho principio, los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen jerarquía supraconstitucional, cuando sus normas son más benéficas para la persona, pero la Constitución tiene una jerarquía superior a la de los tratados cuando la disposición constitucional le otorga mayor protección al individuo.

La resolución de la Suprema Corte supone la inaplicación del principio pro homine o pro persona siempre que un texto constitucional restrinja los derechos consagrados en los tratados internacionales, no obstante la redacción inequívoca —aunque peculiar— del párrafo segundo del artículo 1º de la Constitución y el mandato del artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, según el cual “los Estados Partes no pueden invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”. Desde luego, los tratados en la materia expresan el estándar mínimo para el reconocimiento y la protección de los derechos humanos. Las legislaciones internas pueden extender ese reconocimiento y ampliar esa protección.

Como lo expresó el ministro Cossío al argumentar su voto en contra, con la resolución de la Suprema Corte —garante de los derechos humanos— van a prevalecer las restricciones que la Constitución imponga a los derechos convencionales —los contenidos en convenciones o tratados—, con lo cual el principio pro persona ya no jugará como un equilibrador o como un universalizador.

¿Qué motivó la resolución mayoritaria? ¿Fue acaso la consideración de que es preciso restringir los derechos humanos en aras de mejorar la seguridad pública? No parece esa la vía para lograrlo. Ni el arraigo ni la prisión preventiva desmesurada, por citar los ejemplos más evidentes, han contribuido a la consecución de tan anhelado objetivo, y, en cambio, han generado gravísimos abusos de poder.

El derecho de injuriar

La justicia importa muy poco, o nada, a la gran mayoría de los mexicanos. Es una deficiencia de formación cívica y ética, y de aprecio a principios de convivencia civilizada.

Una alumna de bachillerato insulta en un twit ––reenviado a todo mundo por otro estudiante–– a su profesora. La maestra los reprende ante el grupo sin violencia verbal alguna, aunque con la voz fuerte y entrecortada. Les exige que le pidan una disculpa y les dice que ella defenderá sus derechos hasta las últimas consecuencias. El episodio es grabado por algunos alumnos con sus teléfonos celulares, y se le da difusión. La maestra recibe nuevas ofensas y amenazas en las redes sociales, y se le retira del aula a labores administrativas hasta en tanto se determine qué sanción se le impondrá.

El asunto no le interesa a casi nadie. Una excepción es el gran Gil Gamés: “Así de fácil, la maestra ofendida separada del aula” (La Razón). El desenlace punitivo debiera ser motivo de escándalo. ¿Los compañeros de la maestra se han inconformado por la suspensión y el anunciado castigo? ¿Cuántos editorialistas se han ocupado del asunto? ¿Así que la profesora debía soportar las injurias sin chistar, soslayar que había sido agraviada? ¿Es que no era no sólo su derecho sino su deber llamar la atención a los ofensores justamente en presencia del grupo pues al hacerlo estaba dando una lección de civilidad y decencia, de la necesidad de respetar al otro? ¿Qué argumentos ha esgrimido la dirección de la escuela ––el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial de Ciudad Madero, Tamaulipas–– para la medida contra la maestra?

Si la profesora se hubiera tragado el agravio sin reclamar, la lección a los alumnos ––todos ellos enterados de las majaderías de sus compañeros–– hubiera sido la peor posible: pueden maltratar a sus profesores y al resto de sus semejantes sin que los maltratados tengan derecho a reclamo alguno, pueden atropellar impunemente a los demás.

Los profesores de las escuelas públicas, amparados en la protección que da actuar confundidos en la muchedumbre y en la complacencia de las autoridades, pueden bloquear calles, avenidas y carreteras, impedir el acceso al aeropuerto, cerrar la sede legislativa rompiendo además los cristales del inmueble, destrozar la puerta de un hotel, apalear policías y abandonar a sus alumnos, todo eso sin que tengan que enfrentar consecuencia alguna por sus actos.

La profesora que tuvo la osadía de incomodar a unos estudiantes reprendiéndolos por su proceder reprobable, en cambio, fue revictimizada por el director de su centro escolar, que le ha infligido la humillación de apartarla de la tarea docente sin que se comprenda qué falta se le atribuye.

No toquéis a los muchachos ni con el pétalo verbal de una insinuación de reproche: esa es la nueva máxima de la educación de hoy. La dignidad en abstracto se defiende en libros y cátedras como un valor en el que se fundamentan los derechos humanos, uno de nuestros más apreciables productos civilizados; pero queda vedado salir en defensa de la propia dignidad contra los ultrajes de los estudiantes ––a quienes se les otorga patente de corso––, así la defensa se haga con la mayor corrección y cortesía.

Hacia una nueva policía

Todos los mexicanos coincidimos en la urgencia de contar con policías de alta calidad profesional. Para lograrlo es imprescindible precisar qué medidas deben tomarse, y eso es lo que se omite en los discursos, las columnas periodísticas y los ensayos académicos.

El Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM (PUDH-UNAM) ha formulado un diagnóstico y sugerencias para profesionalizar a la totalidad de las policías mexicanas, las federales y las locales.

En términos generales, los policías mexicanos incurren con frecuencia en abusos, errores y conductas delictivas; no alcanzan los mínimos suficientes de calidad profesional; padecen serias carencias para realizar labores de investigación; perciben salarios notoriamente insuficientes y sus condiciones laborales son precarias; no cuentan con los equipos adecuados y suficientes para combatir con ventaja a la delincuencia; no están sujetos a una supervisión eficaz, y no disfrutan del aprecio ciudadano.

A fin de que las policías mexicanas estén a la altura de la misión que están llamadas a desempeñar, son condiciones indispensables al menos las siguientes:

a) La instauración de una auténtica carrera de formación policial, obligatoria para todos los aspirantes a ser miembros de las corporaciones policiacas, y con exigencias y nivel escolar tales que posibiliten la formación de agentes de alta calidad. Desde luego, no basta con capacitar y profesionalizar a los aspirantes: los policías en activo deben ser constante y permanentemente capacitados y actualizados;

b) El otorgamiento de salario y prestaciones laborales adecuados para una tarea tan relevante y riesgosa. Los salarios no deben ser menores a 12, 14 y 17 salarios mínimos para los policías de reacción, preventivos y de investigación, respectivamente, de las entidades federativas, y a 14, 17 y 20 salarios mínimos en el ámbito federal.

c) Garantizar a los policías un trato humano por parte de sus jefes;

d) La dotación a los agentes policiacos de todos los recursos materiales y tecnológicos que les permitan cumplir su cometido con eficiencia;

e) La coordinación eficaz y ágil entre los diversos cuerpos policiales. La policía federal debe tener presencia suficiente y constante en todo el territorio nacional, y jugar un papel central en las labores de inteligencia y coordinación con todas las policías del país, y

f) La instauración de organismos autónomos que vigilen y controlen a los cuerpos policiales.

Sin policías rigurosamente formadas, altamente profesionales y confiables, la vigencia efectiva del Estado de Derecho es irrealizable, pues la función primigenia y fundamental del Estado es brindar seguridad pública al conjunto de los gobernados. Todas las recomendaciones y sugerencias formuladas por el PUDH-UNAM son viables y pueden empezar a ponerse en práctica de inmediato.

Legitimar el vandalismo

Restituir a millones de ciudadanos su derecho a circular libremente por sus calles y avenidas y a que el Congreso de la Unión sesione libre de sobresaltos, sin que el desalojo de los invasores produzca derramamiento de sangre, no es una misión imposible ni inusitada.

En los países más democráticos y más respetuosos de los derechos humanos, el gobierno impide, sin que la acción gubernamental cause muertes ni lesiones graves, que una minoría lesione los derechos del conjunto de la población. En México se ha llegado al extremo de que un pequeño grupo cierre accesos viales, apalee policías, reporteros y transeúntes, ahuyente a los legisladores de la sede parlamentaria, destruya bienes, bloquee el paso al aeropuerto y desquicie la ciudad, sin que los gobernantes frenen esos desmanes, sino, por el contrario, se conceda a los belicosos el retiro de iniciativas de ley y la instalación de mesas de negociaciones. El diálogo con quienes se oponen a alguna medida de la autoridad es necesario y saludable, pero su realización exige que los inconformes depongan previamente toda actitud de violencia y no atropellen los derechos de los demás.

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La primera recomendación
emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF)

(La Recomendación 1/94 se envío al Procurador General de Justicia del Distrito Federal y al Secretario General de Protección y Vialidad del Departamento del Distrito Federal, y se refiere al caso de la tortura infligida al señor Enrique Daniel Palma Guzmán, en donde las evidencias recabadas permiten considerar que hubo violación a sus derechos humanos, independientemente de que el agraviado haya cometido o no los delitos que se le imputan.

            El documento reviste considerable importancia no sólo por su carácter primigenio, sino por dos razones jurídicas y morales a la vez: a) se solicita que se ejerza acción penal precisamente por tortura, para evitar que la consignación se realice por un delito menor tal como abuso de autoridad, cuya sanción es sumamente baja, y b) se pide ese ejercicio del ius puniendi no únicamente contra los agentes que infligieron dolores o sufrimientos graves al agraviado, sino también contra los servidores públicos que, teniendo el deber de hacerlo, no evitaron el tormento. Esta última es una hipótesis novedosa de nuestra Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, ausente en el texto de su antecesora.) Sigue leyendo

Una luz, una hendidura

Luis de la Barreda Solórzano

Era el mediodía del 30 de septiembre de 1993, muy lejano ya en los almanaques pero siempre presente en el alma. En ese instante en que la Asamblea de Representantes —hoy Asamblea Legislativa— me tomaba protesta como presidente fundador, nacía la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. La institución veía su primera luz sin contar con presupuesto, ni plazas laborales, ni sede, ni una sola oficina o siquiera un escritorio provisional. Así que, no por vanidad ni por egocentrismo sino en estricto apego a la realidad, podía haber afirmado entonces, parafraseando a aquel rey francés: “La Comisión soy yo”. Se requerían, para mi designación, las dos terceras partes de los votos, y 80% de los asambleístas votó por mí. Sólo votaron en contra, en protesta por mi postura ante la interrupción voluntaria del embarazo —formulada en el libro El delito de aborto: una careta de buena conciencia, publicado dos años antes—, los seis representantes varones del PAN, pues las cinco legisladoras mujeres de este partido se abstuvieron después de que a unos y otras les expliqué en dos largas conversaciones que no era partidario del aborto sino de que se despenalizara, ya que su penalización siempre ha sido contraproducente. (Cuatro años después, en cambio, todos los diputados, aun los panistas, votarían por mi reelección).

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La emboscada

Las circunstancias en que fue asesinado el vicealmirante de la Marina-Armada Carlos Miguel Salazar Ramonet, comandante de la octava zona naval en Puerto Vallarta, Jalisco, mueve a reflexionar acerca de los límites legítimos de la protesta social.

            El vicealmirante Salazar se dirigía a su base naval en una camioneta, acompañado de su chofer, dos escoltas y su esposa, por la autopista Morelia-Guadalajara.

            En la caseta de cobro de Ecuandureo, que se ubica entre los poblados de la Noria y Las Cruces, Michoacán, el vehículo tuvo que desviar su trayecto porque unas cuantas personas habían cortado la circulación —como ocurrió en otros tramos–– en protesta por la presencia de la Policía Federal en la entidad.

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¿A Caro le salió barato?

Rafael Caro Quintero quedó en libertad por un fallo que le concedió el amparo debido a que el proceso por el secuestro y el homicidio del agente de la DEA Enrique Camarena no debió seguirse ante un juzgado del fuero federal —que no era competente porque la víctima actuaba en territorio nacional sin reconocimiento formal del gobierno mexicano—, sino ante un juez del fuero común.

            La DEA expresó su profunda decepción en un comunicado en el que señala: “Todos los días nos acordamos del último sacrificio que pagó el agente especial Camarena”. Éste, como recordarán los lectores menos jóvenes, antes de ser asesinado fue sometido a una tortura salvaje que incluyó su castración.

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El tercer sexo

Alemania será, a partir del próximo mes de noviembre, el primer país del mundo en admitir que en las actas de nacimiento no se registre el sexo de los recién nacidos si éstos no tienen rasgos físicos masculinos o femeninos claramente definidos.

            La ley busca evitar intervenciones quirúrgicas improcedentes y consecuencias legales y burocráticas que compliquen aún más la vida a quienes nazcan con esa indefinición.

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Cuevas crepuscular

Ante el auditorio completamente lleno del Centro Universitario Cultural —el famoso CUC dominico de mis años estudiantiles, a unos pasos de Ciudad Universitaria, donde se podía ver muy buen cine así como escuchar a magníficos cantantes, músicos y conferencistas, y comer razonablemente bien por un precio módico—, José Luis Cuevas sacó el peine de su bolsillo y, deleitosamente, lo pasó una y otra vez sobre su fleco durante toda su conferencia.

Él podía hacer lo que se le viniera en gana en cualquier lugar, pues era, aún joven, un pintor legendario, el enfant terrible que había emprendido la más ácida crítica contra los muralistas de la Escuela Mexicana de Pintura, todos ellos vacas sagradas, y dibujaba pesadillas, monstruos y esperpentos que parecían imágenes de nuestros temores, nuestras fobias, nuestras angustias.

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El embarazo de Beatriz

Los que sostienen que el aborto voluntario es una práctica que invariablemente debe ser castigada con prisión justifican su postura con el postulado de que la vida, aun la vida en formación, siempre debe ser protegida, y, por tanto, quien la destruye es un criminal que debe pagar las consecuencias de su delito. Pero la realidad suele ser bastante más compleja de lo que suponen las buenas conciencias. Los conflictos no siempre se presentan entre el bien y el mal absolutos, o entre lo bueno y lo malo sin matices. Cada caso amerita un cuidadoso examen que se haga cargo de las implicaciones de la decisión que se elija.

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Detenerlos en flagrancia

Se ha infravalorado la gravedad de las brutales agresiones de las que reiteradamente han sido objeto los policías de la Ciudad de México a quienes se encomienda la  vigilancia de las marchas políticas y de las que el pasado 10 de junio fueron también víctimas dos funcionarios del Gobierno del Distrito Federal.

Si durante mucho tiempo nos hemos preocupado, y ocupado, de las violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía con motivo de sus funciones, hoy tenemos que atender la situación de extrema vulnerabilidad de agentes a los que se ordena no contestar ninguno de los ataques de vándalos que no se tientan el corazón al intentar infligirles el mayor daño posible.

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Violadores detenidos

La violación es uno de los delitos más aborrecibles. Su gravedad es tal que deja una sombra de dolor anímico, en ocasiones inextinguible, en la vida de las víctimas. En algunas genera un sentimiento de desconfianza aguda y un rechazo profundo hacia la sexualidad, hacia el propio cuerpo. A otras las sumerge en una depresión tan profunda que puede llevarlas incluso al suicidio.

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La pena de muerte: argumentos

Luis de la Barreda Solórzano

La pena de muerte aún tiene defensores. Y no pocos. La votación relativamente alta obtenida en México por el Partido Verde Ecologista en las  elecciones de 2009 se debe básicamente a su campaña a favor de esa pena.

Durante la campaña no hicieron falta argumentos. Un actor apuesto o una actriz guapa anunciaban sonrientes en pantalla que los verdes estaban a favor de la pena capital… y eso bastó para atraer numerosos sufragios al partido.

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¿Inmunidad acotada?

Las buenas intenciones pueden engendrar monstruos si al intentar llevarse a la práctica no se realiza un cuidadoso examen de las consecuencias a que pueden dar lugar las acciones que tales propósitos inspiran. Max Weber habló de la ética de las consecuencias. Queriendo hacer un bien podemos perpetrar un mal, en ocasiones grave, si no prefiguramos en la mente los posibles efectos de nuestro proceder.

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La no tan bella durmiente

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció el pasado viernes a Genaro García Luna y otros servidores o exservidores públicos entonces adscritos a la AFI por abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público y delitos contra la administración pública, por el montaje servido a Televisa y Televisión Azteca el 9 de diciembre de 2005. En esa fecha, los televidentes de los noticiarios Primero noticias y Hechos a.m. presenciaron la supuesta detención de Florence Cassez e Israel Vallarta, en realidad efectuada por la mañana del día anterior, y la supuesta liberación de tres secuestrados, en realidad liberados antes.

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La gendarmería

Una decena de organismos civiles ha señalado que la creación de la Gendarmería Nacional en México, anunciada por el presidente Enrique Peña Nieto, no ha sido sometida a un debate amplio e informado sobre su costo y sus funciones.

Desde luego, será plausible que se debata acerca de un asunto tan importante, siempre y cuando la discusión no se prolongue ad infinitum y sea la perfecta coartada para que las cosas, en materia de instituciones policiacas, sigan como están, lo que sería inadmisible. De lo que no hay duda es de que necesitamos policías de alta calidad profesional, que estén bien equipadas, bien pagadas y bien coordinadas, Sigue leyendo

Hugo Chávez

Convertido en héroe por La Jornada ––“líder irrepetible” le llama–– y sectores de la izquierda latinoamericana, admirado por el actor Sean Peann y el cineasta Oliver Stone, homenajeado a su muerte por centenares de miles de personas en las calles de una Caracas cada vez más deteriorada, Hugo Chávez infligió a su país severos daños económicos ––altísimo déficit fiscal; la inflación más alta de la región; carestía de divisas; parque industrial en ruinas; desabasto originado por el desmantelamiento de la planta productiva, el éxodo de millones de profesionales  y la falta de inversión–– y, sobre todo, cívicos.

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La gorgona

Supongo que ocurre así en todos los ámbitos. Los intocables son intocables hasta que se les toca. Pero para tocarlos se requiere una dosis de arrojo y una mayor dosis de prudencia, pues si el golpe no es perfecto se revierte contra quien lo realiza. La caricatura de Paco Calderón en Reforma es magistral: Perseo Nieto ha cortado la cabeza a la Gorgona. El titular de La Razón es insuperable: “Se acabó”.

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Florence: ni debido proceso ni pruebas

Luis de la Barreda Solórzano

En el presente siglo ningún asunto judicial había atraído tanto la atención pública en México como el de Florence Cassez. No era para menos: el delito por los cuales se le acusó y se le condenó ––secuestro en concurso real, es decir, secuestro reiterado–– es de los más graves y devastadores, de los más despreciables, pero ella misma exhibió ante los televidentes del noticiario de Denisse Merker que la captura televisada semanas antes fue una puesta en escena, la editorial Océano publicó un libro en el que ella narra su versión de los hechos declarándose inocente, dos sucesivos gobiernos franceses la apoyaron decididamente, varios militantes de organismos civiles que militan por la causa de la seguridad pública exigieron que cumpliera aquí y no en su país la condena y que se le negara el amparo, el entonces presidente Felipe Calderón se negó a entregarla a Francia y en reiteradas ocasiones asumió el papel de órgano de la acusación asegurando que ella era culpable, se formó en Francia un comité de apoyo a Florence Cassez y un grupo de prestigiosos académicos abogó por su liberación dadas las irregularidades del procedimiento y las inconsistencias de las pruebas en su contra.

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