Políticas sociales con perspectiva
de derechos humanos.
Instrumentos para su diseño
y seguimiento^*

Laura Elisa Pérez Gómez

Resumen

El diseño, implementación y evaluación de políticas sociales basados en una perspectiva integral de derechos humanos puede constituir una oportunidad estratégica para consolidar procesos de desarrollo con equidad y avanzar hacia sociedades más justas en las Américas, en línea con los objetivos de la Agenda 2030. Los reincidentes desafíos que enfatizan la enorme desigualdad y falta de efectividad de los derechos humanos, imperantes en la región, sobre todo para las personas que viven en pobreza —valorada como fenómeno multidimensional—, reafirman la necesidad de contar con instrumentos que, partiendo de evidencias sistemáticas y objetivas, permitan desmenuzar la evaluación de políticas o programas públicos contando con elementos suficientes para lograr su reformulación, considerando simultáneamente todos los principios y estándares de derechos humanos aplicables. El mecanismo de monitoreo para el Protocolo de San Salvador posee un instrumento basado en más de 700 indicadores, que además es coherente con otros instrumentos de evaluación regionales y globales, cuya aplicación permite a los Estados parte de este Protocolo contar con un seguimiento efectivo de las políticas públicas destinadas al cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que también propicia su exigibilidad.

Derechos humanos, eje para la reducción de la pobreza y la desigualdad

La región de las Américas, la más desigual del mundo, enfrenta importantes desafíos de carácter político, económico y social. De acuerdo con los últimos resultados presentados por la CEPAL[1], la pobreza y la pobreza extrema registran aumentos a partir del 2015 alcanzando al 30% de la población, además de que diversos indicadores de cobertura y desempeño sobre derechos laborales y sociales muestran importantes brechas en grupos de población discriminados o excluidos[2], al tiempo que el gasto social de los gobiernos ha representado en promedio (2014) menos del 11% del PIB, lo que constituye menos de un tercio de la media observada en los países de la OCDE (34%)[3]. Sigue leyendo →

Desafíos para la planeación
y evaluación de políticas públicas
con enfoque de derechos humanos
y el uso de indicadores
para su sistematización

Laura Elisa Pérez Gómez[1]

Las políticas basadas en el enfoque de derechos humanos pueden constituir una oportunidad estratégica para consolidar procesos de desarrollo con equidad y avanzar hacia sociedades más justas en Latinoamérica. Este enfoque precisa modificar los marcos conceptuales de la acción pública, abrir la discusión sobre sus diseños institucionales y modificar prácticas de gestión dirigidas a garantizar el acceso igualitario a todos los derechos a partir de la asunción plena de responsabilidades de los actores institucionales, así como de la generación de condiciones para ampliar la participación social, la producción y acceso a la información, y los mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad.

Este artículo se enfoca en los aspectos clave a considerar dentro de la planeación y la evaluación de políticas públicas sociales con enfoque de derechos, partiendo del análisis sistemático de los principios y estándares que deben incorporarse a dichas políticas para cumplir plenamente con una perspectiva integral de derechos humanos. Además, muestra cómo la metodología para la medición de derechos vía indicadores, es un instrumento que permite realizar procesos sistemáticos de evaluación al considerar todos los estándares requeridos. Sigue leyendo →

La experiencia de México
en la elaboración e implementación
de indicadores de derechos humanos

Para avanzar en la agenda común que suponen los cuatro pilares de la OEA: democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo, una de las herramientas más útiles es la elaboración e implementación de indicadores de derechos humanos. En este sentido, México se ha posicionado como un país pionero a nivel mundial en la elaboración de dichos indicadores, en estrecha colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los cuales también son una base para el seguimiento de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sigue leyendo →

Esperanza de vida en México:
De cómo los indicadores pueden señalar catástrofes

M. en C. Laura Elisa Pérez Gómez

Indicadores para el derecho a la salud

El desarrollo de indicadores de medición para los derechos humanos tiene en su base conceptual la premisa de que éstos deben reflejar las obligaciones del Estado en la materia[1]. La precisión normativa que establece el sistema internacional para el derecho a la salud parte de una caracterización amplia: “el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud”[2]. Esta caracterización implica que los indicadores identificados para medir el cumplimiento de este derecho cubren una amplia gama de aspectos.

En la Observación general número 14 que proporciona las pautas para desglosar los componentes de este derecho, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas interpreta el derecho a la salud como: “un derecho inclusivo que no sólo abarca la atención de salud oportuna y apropiada sino también los principales factores determinantes de la salud, como el acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente, y acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva.”[3]

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¿Medir derechos humanos?, ¿por qué? y ¿para quién?

M. en C. Laura Elisa Pérez Gómez

¿Por qué medir derechos humanos?

La posibilidad de medir avances en derechos humanos es una cuestión que puede parecer ilusoria y sin sentido a especialistas en derecho; sin embargo, es un tema que ha avanzado decididamente en las últimas dos décadas. Aunque el argumento de origen podría confundirse en la corriente “gerencial” de pensamiento, las metodologías desarrolladas por las autoridades internacionales (el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos –ACNUDH- y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH/OEA-) han logrado rescatar desde sus bases conceptuales el fondo de los derechos humanos y han producido herramientas que permiten no sólo estimular procesos de evaluación del cumplimiento de derechos sobre bases objetivas, sino coadyuvar en la formulación de políticas públicas para derechos humanos contando con evidencia empírica.