No solo debemos reprobar los deplorables actos de linchamiento; también es necesario identificar sus causas para diseñar, de una vez por todas, efectivas estrategias de prevención.

Elisa Godínez
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Desde hace varios años los linchamientos e intentos de linchamiento ocurren con más frecuencia en nuestro país. Cada año se registra al menos un cruento episodio de linchamiento en el que luego se comprueba que las víctimas mortales habían sido inocentes. Por su alto grado de “espectacularidad” —es decir, porque es pública, escénica, dramática—, esta forma de violencia colectiva evoca naturalmente reacciones inmediatas de condena. Sin embargo, hace falta hacer adicionalmente un esfuerzo para conocer los contextos en los que esta violencia sucede y a los actores colectivos que la protagonizan. No cabe duda: los linchamientos son una de las formas más deplorables de violencia. Si la violencia supone siempre el uso de la fuerza para dominar o conseguir algo, en el caso de los linchamientos la violencia es aguda: es una situación de abuso y absoluta asimetría en la que se busca imponer un castigo físico multitudinario bajo el pretexto de ejercer la justicia que el Estado no provee.

Como parte de mi proyecto de doctorado en Ciencias Antropológicas, desde hace años he dado seguimiento y analizado los linchamientos en México. A raíz de ello, he sistematizado información tanto estadística como etnográfica al respecto. Desde mi experiencia de investigación puedo afirmar que no solo tenemos que reprobar estos sucesos y exigir a las autoridades que asuman en serio la problemática y que tomen medidas urgentes para prevenirlos, sino que también necesitamos hacer un esfuerzo desapasionado para identificar sus causas visibles y entender las invisibles, esas que no aparecen a primera vista y son opacadas por el escándalo y el dolor.

Cada vez que ocurre un caso de linchamiento como el registrado hace unos días en Ajalpan, Puebla, se eleva un cúmulo de voces que censuran el hecho, que se sorprenden, que piden los castigos más enérgicos para los culpables. No solo las voces más “autorizadas” opinan de manera airada al respecto, sino también las de la gente “de a pie”. No hay manera de escapar a la tentación de emitir una condena (lo cual indica que, en cierto sentido, todavía existen en la sociedad mexicana referentes mínimos para el rechazo a la violencia). En el caso de Ajalpan, la condena es unánime porque se ha demostrado que las dos víctimas eran efectivamente encuestadores, y no secuestradores, como falsamente se adujo para ultimarlos.

Rechazar decididamente la práctica de los linchamientos es indispensable, pero no resulta suficiente para evitar su repetición. Un dato salta a la vista: los linchamientos en México se han incrementado en las décadas recientes. Ha existido además una notoria variación en los lugares donde se efectúan, aunque la zona centro (específicamente el Estado de México, pero también Puebla y el Distrito Federal) sigue concentrando el mayor número de casos.[1] Por insólito que parezca, no existen estadísticas oficiales sobre linchamientos e intentos de linchamiento en nuestro país. Los datos sobre los incrementos en el número de linchamientos solo se pueden obtener a partir de investigaciones realizadas desde la academia.[2] Por lo demás, estos recuentos han sido elaborados solamente con base en los reportes de la prensa, que varían de manera considerable: hay, por ejemplo, muchos casos registrados solo en diarios de circulación local, particularmente todos los intentos de linchamiento que, al no producir víctimas mortales, no llaman la atención de los medios nacionales. Resulta un despropósito suponer que es posible prevenir los linchamientos si ni siquiera se sabe con certeza la frecuencia de estos episodios de violencia colectiva. Una de las primeras acciones gubernamentales en esta materia tiene que ser la elaboración de un recuento de casos de linchamiento sujeto a permanente actualización.

Mención especial merece el falaz lugar común según el cual la práctica de los linchamientos forma parte de los “usos y costumbres”, es una expresión de “justicia indígena” o representa una manifestación del “México profundo, el México bronco”. No hay ningún indicio ni justificación para seguir repitiendo esta inexactitud. Esta afirmación, insostenible, refleja el profundo desconocimiento de la realidad de los pueblos y naciones originarias de nuestro país y es una manifestación del histórico racismo que padecemos. También refleja una ignorancia generalizada respecto al fenómeno del linchamiento en México, puesto que, contrario a lo que esta afirmación sostiene, los linchamientos en nuestro país son heterogéneos, ocurren en diferentes zonas geográficas y son protagonizados por colectividades diversas. Que en algunos casos de linchamiento haya existido un instante —previo al estallido de la violencia— en el que pudo haber alguna forma de decisión o de deliberación colectiva de ningún modo significa que el asesinato tumultuario sea una práctica normativa o cultural ni de los pueblos originarios ni de los vecinos de colonias marginales de las grandes urbes.

Casos como Ajalpan nos obligan a admitir que, más allá de condenas e incluso de las interpretaciones sociológicas o antropológicas —que son necesarias y sobre las que el debate es interminable, por ejemplo: ¿son los linchamientos el producto de un déficit de ciudadanía o de un proceso de construcción estatal inacabado?, ¿son el resultado de la contraposición de sistemas normativos?, ¿son un medio de control social, un producto de un Estado fallido?—, lo que se requiere con urgencia son herramientas metodológicas para identificar y caracterizar tres aspectos del fenómeno: 1) el contexto social, cultural, político y de conflicto de los lugares en donde ocurre, 2) el actor colectivo que lo protagoniza (¿es una colectividad espontánea o una colectividad que comparte previamente una identidad?), y 3) los antecedentes (si los hubiera) de la práctica en el lugar. Solo con estas herramientas será posible generar los elementos necesarios para la intervención en las comunidades después de que ocurran estos sucesos y para el diseño de estrategias de prevención en lugares donde ya haya habido linchamientos o donde exista el riesgo de que sucedan.

Parte de mi investigación doctoral consistió en la elaboración de una base de datos sobre linchamientos ocurridos durante el sexenio 2006-2012, con los objetivos de estudiar la relación del fenómeno con los altos índices de violencia criminal en el país durante ese período y, sobre todo, de identificar y recopilar los datos generales sobre estos acontecimientos: fechas, lugares, número de víctimas, motivos, actores colectivos involucrados, grado de intervención estatal durante el episodio, presencia o no de disturbios, entre otras variables. Examinando estos datos, comprobé la heterogeneidad del fenómeno de los linchamientos en México y desarrollé una propuesta antropológica para entender su dinámica procesual, su dimensión política y cultural, así como una interpretación simbólica y narrativa tanto de los discursos populares como de la representación mediática en torno a este tipo de acontecimientos. Es claro que una investigación individual como esta no puede —ni pretende— agotar todos estos aspectos, pero puede aportar varios elementos útiles para comprender el reciente caso de Ajalpan. Comparto algunas conclusiones.

1. Los linchamientos en México suceden porque los gobiernos no atienden la emergencia cuando está sucediendo y por el hartazgo ante la impunidad y la falta de justicia en un contexto de permanente inseguridad y altos niveles de criminalidad.
2. Sin embargo, no es en las zonas con mayores índices de criminalidad donde suceden los linchamientos —al menos con base en la información de los registros a los que se puede tener acceso—. Ahora bien, existe evidencia verificable de que en las semanas y meses previos a un acto de linchamiento, en la localidad en cuestión se denunciaron con insistencia delitos que las autoridades locales, estatales y federales no atendieron. Datos como los anteriores nos obligan a preguntarnos por qué los linchamientos suceden donde suceden y por qué una colectividad lincha y otra no, aunque la segunda padezca niveles iguales o superiores de inseguridad.
3. Lo anterior apunta a la responsabilidad directa de los gobiernos en la incidencia de los linchamientos. Los linchamientos, según la fórmula weberiana del Estado, efectivamente desafían el monopolio de la violencia legítima y, como afirmó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre Ajalpan, “evidencia[n] la fragilidad del Estado de Derecho”. Pero no podemos conformarnos con estas explicaciones. Se requiere identificar con precisión los nombres, cargos y obligaciones de quienes no cumplieron con la tarea de garantizar la integridad de las personas atacadas, así como tampoco cumplieron anteriormente con la tarea de garantizar la seguridad de los habitantes de esas localidades. No basta, por cierto, con que las autoridades salgan a declarar, curándose en salud, que se han “evitado” un tanto número de linchamientos —como hizo el secretario de Seguridad Pública de Puebla—, cuando lo que en realidad sucede es que las policías municipal y estatal están descoordinadas y que, sea por cuestiones técnicas o políticas, fueron incapaces de vincularse eficientemente para evitar la tragedia.
4. Los linchamientos evidencian, además, que hay una profunda crisis de justicia en México, especialmente en los márgenes espaciales y sociales del Estado, es decir, en las periferias tanto territoriales como simbólicas, las que además de estar desde hace tiempo sometidas a intensas transformaciones sociales, económicas y culturales, viven en una permanente situación de empalme entre lo legal y lo ilegal, lo formal y lo informal, y donde existen innegables conflictos en la gestión de la violencia y la justicia y se han trastocado profundamente los mecanismos de mediación que contienen, negocian o resuelven el descontento. Es en ese contexto de comunidades permanentemente agraviadas que la violencia estalla. Pero antes de poder establecer una teoría única que explique todos los linchamientos necesitamos conocer a fondo la problemática de cada caso. A diferencia de los linchamientos cometidos por colectividades que se forman y se disuelven espontáneamente —como sucede frecuentemente en los casos de asalto en los transportes públicos que transitan entre el DF y la zona oriente del Estado de México—, es común que los linchamientos en pueblos semi-rurales o pueblos urbanos, como Ajalpan, ocurran en medio de pugnas políticas entre gobiernos o corporaciones policiacas de municipios y estados.
5. Las autoridades estatales y federales deberían tener para los casos de linchamiento un protocolo de respuesta inmediata que involucrara a todas las fuerzas del orden, sobre todo en entidades con alta incidencia de casos, como lo es Puebla. La comisión nacional y las comisiones estatales de derechos humanos, por su parte, necesitarían no solo pronunciarse, sino intervenir directamente en la elaboración de recomendaciones a todos los actores gubernamentales involucrados, así como acompañar y asesorar a los deudos de las víctimas. Además de realizar las investigaciones correspondientes y de castigar a los culpables, los gobiernos deberían de contar con un plan de acción que se active después de un linchamiento, cuyo fin sea reflexionar con la comunidad sobre las causas del hecho; este plan debería de considerar un programa educativo, talleres de paz y disculpas públicas. No hay que estigmatizar, sino educar.
6. Todas y cada una de las instituciones públicas y privadas que realizan trabajo de campo en pueblos deben contar con un protocolo mínimo de recomendaciones para reaccionar en situaciones de urgencia, además de tener un diagnóstico mínimo sobre las condiciones de inseguridad y un mapa de riesgos y conflictividad. No es posible que nadie se haga responsable a nivel institucional de los casos de linchamiento. Obviamente se debe castigar a los culpables, pero también pedir que las instituciones no dejen solos a sus trabajadores.

No será con despliegues excesivos de fuerza, como ha sucedido en Ajalpan, que se resuelvan las condiciones que dieron lugar a un linchamiento. En tanto no se escuche a las voces de los habitantes de los lugares donde han sucedido linchamientos será imposible impedirlos. El camino hacia una solución implica reconocer y atender el daño y la fragmentación que permanecen en las comunidades después del acontecimiento de violencia, identificar el contexto y los efectos de las múltiples formas de violencias que ahí se padecen y, sobre todo, comprender que mientras la justicia del Estado continúe siendo excluyente y omisa, los linchamientos no van a cesar. Ω

[1] Datos obtenidos a partir de la base de datos para mi investigación de doctorado.

[2] Ver los libros de Antonio Fuentes Díaz (BUAP), Leandro Gamallo (FLACSO México) y los artículos de Raúl Rodríguez Guillén (UAM-Azcapotzalco).