Solidaridad con las víctimas de desaparición en distintas regiones del mundo

El 30 de agosto “Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas” (resolución aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 21 de diciembre de 2010)es una efeméride que visibiliza la problemática existente en materia de desaparición de personas en diversas regiones del mundo, las detenciones y la privación ilegal de la libertad cuando derivan en desapariciones o equivalen a ellas, así como el número creciente de denuncias de actos de acoso e intimidación sufridos por testigos de desapariciones o familiares de personas desaparecidas, al mismo tiempo de fomentar la solidaridad y la acción concertada de la sociedad civil y las instituciones del Estado y de gobierno en el reconocimiento y atención de esta problemática.

Este día es un momento para solidarizarnos con quienes han sido víctimas de esta indignante práctica, contraria a la dignidad humana y que implica la negación de los derechos humanos, pero también es una fecha que cuestiona la falta de interés, voluntad y eficiencia en la atención de los legítimos reclamos de las víctimas y de la sociedad para que la verdad, la justicia y la reparación del daño lleguen a todos los casos y poder recuperar la convivencia pacífica, la confianza en las instituciones y en el Estado de Derecho.

La subsistencia de este flagelo en distintas regiones del mundo es consecuencia, entre otros factores, de la violencia e inseguridad, la corrupción e impunidad, la indiferencia e ineficacia, la desigualdad y exclusión social, sin soslayar la debilidad del Estado de Derecho con la falta de investigaciones homogéneas para la búsqueda, localización, investigación y sanción de los responsables de la desaparición de personas, lo que refleja un problema estructural en materia de seguridad ciudadana y procuración de justicia que sitúa a los agraviados y a sus familiares en un estado de abandono y revictimización al hacerles nugatorios sus derechos reconocidos internacionalmente.

La desaparición forzada de personas es un delito de naturaleza continua o permanente, que no se agota con el acto privativo de la libertad, sino que su consumación se prolonga en el tiempo hasta en tanto la víctima aparezca o se determine su destino; constituye una violación múltiple de los derechos humanos que coloca a las víctimas en un estado de indefensión nugatorio de diversos derechos humanos, entre los que destacan los siguientes: al reconocimiento de la personalidad jurídica; a la libertad y seguridad de la persona; a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; en su caso, a la vida, en caso de muerte de la persona desaparecida; a una identidad; a un juicio imparcial y a las debidas garantías judiciales; a un recurso efectivo, con reparación e indemnización y a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición. Lo anterior sin soslayar que las desapariciones de personas suponen también una violación de diversos derechos de carácter económico, social y cultural, tanto para las víctimas como sus familias, tales como: el derecho a la protección y a la asistencia a la familia; el derecho a un nivel de vida adecuado; el derecho a la salud y el derecho a la educación.^[1]

Por ello, uno de los temas prioritarios a atender integralmente en la Agenda de los Derechos Humanos de cualquier Estado Nacional es el relativo a la desaparición de personas -en caso de padecer este flagelo-, bien se trate de desaparición forzada o desaparición cometida por particulares, mediante el impulso de un esfuerzo articulado de autoridades con los familiares de las víctimas y las organizaciones civiles, y la exigencia de investigaciones profesionales, oportunas, eficientes, en las que se observen los estándares internacionales en el tema, con una adecuada coordinación institucional y ajenas a cualquier asomo de impunidad,.

Las recomendaciones u observaciones generales en materia de desaparición de personas de instancias internacionales como el Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, ambos de la Organización de las Naciones Unidas, los informes emitidos por organizaciones nacionales e internacionales, los documentos emitidos por las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y los reportados por instancias oficiales de cada Estado Nacional, representan una exigencia para generar los resultados que permitan no solo una justicia punitiva, sino restaurativa, garante de los derechos de las víctimas, al mismo tiempo de un proceso colectivo de memoria histórica.

En ese sentido, los Estados Nacionales se encuentran obligados a prevenir, combatir y erradicar la desaparición de personas, para lo cual se requiere atender de manera integral esta problemática mediante una política exhaustiva en la que participen todas las autoridades a fin de materializar la normativa en la materia, los protocolos de actuación para la atención y erradicación de estos delitos, además de contemplar los recursos humanos, económicos, científicos y tecnológicos suficientes para llevar a cabo, con éxito, la localización de las personas desaparecidas o de quienes se desconoce su paradero, una adecuada atención a las víctimas, en su caso la pronta identificación forense y la sanción a los responsables de la conducta antijurídica.

La crisis humanitaria en materia de desaparición de personas que se enfrenta en distintas partes del mundo, particularmente de la región de “Las Américas”, que data de muchos años atrás, no se resuelve con la sola expedición de una normativa en la materia, sino con la materialización de su contenido, y para ello se requiere, entre otros aspectos, los siguientes: i) la voluntad política de las instancias de gobierno de los distintos niveles; ii) la profesionalización de todos los actores encargados de su aplicación; iii) la existencia de recursos suficientes para instrumentar sus contenidos, particularmente para que las instancias de búsqueda, localización, investigación, identificación forense, entre otras, cumplan cabalmente con sus funciones; iv) la realización de investigaciones efectivas que eviten la impunidad, y v) el análisis de contexto o situacional de los aspectos relevantes que permitan identificar, relacionar y sistematizar los obstáculos estructurales que generan condiciones para la comisión de delitos, entre ellos la desaparición de personas vi) debida articulación entre los gobiernos federales y estatales. Lo anterior sin soslayar la importancia que representa escuchar las necesidades y propuestas de los familiares de las víctimas quienes deben recibir un trato digno y cálido.

El dolor y sufrimiento derivado de miles de personas que se encuentran desaparecidas es algo que no se puede cuantificar o reparar, por lo que la vigencia de los derechos humanos requiere de la plena convicción de su observancia y protección; que se tomen en consideración las causas estructurales que originan esos problemas; el trabajo directo sobre los factores de riesgo, el refuerzo en la protección ciudadana desde un enfoque de derechos humanos, así como del cumplimiento irrestricto de la ley.

Se requiere, por tanto, la articulación de las acciones que ya se llevan a cabo, optimizarlas, adecuar su desempeño en torno a estrategias de conjunto, monitorearlas y evaluar su impacto real ante la problemática, a fin de facilitar los ajustes que sean precisos en el contexto de esfuerzos, recursos y marcos normativos con los que ya se dispone.

Finalmente se reconocen y enaltecen los esfuerzos de familiares de personas desaparecidas, de los colectivos y de las organizaciones de la sociedad civil que con su trabajo persistente provocaron que el tema de las desapariciones forme parte de la Agenda Nacional de cada Estado, pero, sobre todo, que haya permeado para que las voces de la sociedad se sumen en la exigencia de frenar la desaparición de personas.

Los editores

^[1] Organización de las Naciones Unidas, en https://www.un.org/es/observances/victims-enforced-disappearance

Breves reflexiones sobre los derechos humanos de las personas mayores y algunas asignaturas pendientes

Por Ismael Eslava Pérez*

Sumario. I. Consideraciones previas. II. Enfoque de derechos de las personas mayores. III. Violencia y/o maltrato de la población mayor. Salud, seguridad e integridad personal y acceso a la justicia. IV. Necesaria firma y ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. V. Algunas asignaturas y retos pendientes con las personas mayores.

I. Consideraciones previas.

En octubre de 2021 escribí en este espacio un artículo relacionado con las principales problemáticas y algunas propuestas para mejorar el goce y ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores.^[1] En esta ocasión se insiste en que las personas mayores (60 años y más) es uno de los grupos de población que enfrenta mayores retos para el acceso y ejercicio de sus derechos humanos y que, por tanto, se debe visibilizar como uno de los grandes temas nacionales.

Hablar de los derechos humanos no significa analizar únicamente el contenido de una serie de declaraciones o manifestaciones reconocidas en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, que, en ocasiones, parecieran apartadas de la complejidad de nuestra realidad social; hablar de los derechos humanos implica conocer y comprender que su reconocimiento conlleva obligaciones concretas para todas las autoridades del Estado mexicano cuyo cumplimiento es ineludible para impulsar una cultura de promoción, protección y defensa de los derechos de este grupo etario.

El progreso y bienestar económico, social y político, así como la paz y la tranquilidad social, no serán realizables si no garantizamos primero que todas las personas tengan cubiertas sus necesidades primordiales y existan las condiciones institucionales, financieras y de seguridad idóneas que les permitan desarrollar sus proyectos de vida conforme a sus pretensiones y convencimientos personales. Tal afirmación entraña una premisa fundamental: mientras existan violaciones y transgresiones a la dignidad humana, no será posible que nuestro país reduzca las enormes brechas de desigualdad e inequidad que limitan el potencial humano, es decir, mientras no se respeten, satisfagan y defiendan los derechos humanos, la vida de las personas sufrirá importantes pérdidas en términos de calidad.

Lo anterior adquiere especial relevancia, cuando se analiza la situación particular de ciertos grupos de la población que, por múltiples causas, ven limitadas sus oportunidades para ejercer plenamente sus derechos, entre ellos las mujeres, las personas indígenas, las niñas, niños y adolescentes, las poblaciones LGBTI+ las personas en contextos de movilidad, y desde luego, las personas mayores; grupos que han sido históricamente discriminados o marginados por patrones culturales, estereotipos o prejuicios, y quienes en razón a sus características requieren de medidas especiales de protección que equilibren la relación de desventaja en la que históricamente se les ha colocado.^[2]

II. Enfoque de derechos de las personas mayores.

Las personas de 60 años o más de edad es un sector poblacional que padece diversas formas de discriminación^[3] o violación de sus derechos, y en general, cuenta con pocas alternativas que impulsen su desarrollo personal. De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, realizada por el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (CONAPRED) en conjunto con otras instituciones, entre ellas la UNAM, mujeres y hombres mayores ocupan el primer lugar entre los grupos sociales más discriminados después de las personas indígenas y las que tienen una preferencia sexual diferente a la heterosexual.

De igual forma, en dicha encuesta se evidencia que casi el 60% de las y los entrevistados, consideró que los derechos de las personas mayores se respetan poco o nada en el país, y que los problemas que afectan con más frecuencia a la población mayor de 60 años son los relacionados con la vulnerabilidad financiera, es decir, la falta de una pensión (21.9%); que ésta no es suficiente para cubrir las necesidades básicas (28.5%), y la falta de oportunidades laborales (22.5%). Tales porcentajes varían significativamente si los analizamos desde la variable de género, ya que los hombres mayores se refieren con mayor frecuencia a la falta de oportunidades laborales que las mujeres (26.4 frente a 19.1%), mientras que carecer de una pensión se reporta como principal problema para ellas (22.4%) que para sus pares masculinos (21.4%).

Las causas de tales violaciones son diversas, pero dos de ellas son determinantes: una percepción social negativa sobre el envejecimiento y los obstáculos para la satisfacción de los derechos durante este ciclo vital, situaciones que propician un escenario de fragilidad o vulnerabilidad múltiple durante la vejez.^[4]

En el primer caso, la noción de “vejez” presente en el imaginario colectivo, se construye con base en generalizaciones sobre las características de las personas teniendo como referencia únicamente su edad. Así, por ejemplo, existe una percepción común de que la juventud es una fase positiva de la vida, pues se asocia con la independencia, autonomía, vitalidad, emprendimiento y productividad. Cuando la sociedad percibe que, conforme las personas envejecen, esas cualidades cambian y se transforman, suele interpretarlas de una manera negativa, como una disminución, una pérdida de los atributos valorados favorablemente, llegando a la conclusión que ese patrón se reproduce de forma idéntica en todas las personas que alcanzan determinada edad.^[5]

La edad de 60 años o más suele coincidir con el retiro laboral, situación que origina un cambio de percepción sobre el papel de las personas en la sociedad. Surgen entonces concepciones que vinculan a la vejez con la inacción, la fragilidad, la dependencia, la pérdida de capacidades físicas y cognitivas, así como las enfermedades, todos factores habilitantes que anteceden a la muerte.

Derivado de lo anterior, las personas mayores -en muchos casos- son marginadas de las dinámicas familiares y sociales, y su experiencia no es tomada en cuenta, además de propiciar actos u omisiones en contra de la integridad física y emocional de quienes viven la etapa de vejez.

El enfoque de derechos humanos promueve el reconocimiento de las personas mayores como titulares de derechos y su participación activa en el diseño, la implementación, financiamiento y monitoreo de las políticas públicas en la materia. La relación entre derechos humanos y políticas de protección social es recíproca: los primeros requieren para su protección y exigibilidad los contextos institucionales que permitan su ejercicio, mientras que las segundas deben basarse en un enfoque de derechos humanos tendente a su ampliación y protección.

A nivel nacional, en las últimas dos décadas se registraron algunos avances en la normatividad y políticas públicas dirigidas a garantizar el bienestar de las personas mayores. La Constitución General de la República prohíbe expresamente la discriminación ocasionada por motivos de edad, mientras que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores publicada el 25 de junio de 2002, reconoce en su artículo 5º de manera enunciativa y no limitativa como derechos humanos de las personas de 60 años o más, los siguientes: a la integridad, dignidad y de preferencia; certeza jurídica; a la salud (física y mental), alimentación adecuada y a la familia; la educación; asistencia social; participación; a la denuncia popular y el acceso a los servicios.

A pesar de que el panorama nacional sobre el proceso de envejecimiento poblacional en México, está caracterizado y definido con claridad por la información que instituciones como Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Consejo Nacional de Población (CONAPO), Instituto Nacional de Geriatría (INGER) y Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) han obtenido de sus estudios e investigaciones, hoy por hoy el Estado trabaja privilegiando el enfoque reactivo, dirigido a solventar los problemas y necesidades de las generaciones que actualmente tienen 60 o más años pero sin considerar del todo a aquellas que se irán incorporando progresivamente.

III. Violencia y/o maltrato de la población mayor. Salud, seguridad e integridad personal y acceso a la justicia.

Un tema donde la falta de información es manifiesta, es la violencia contra la población mayor de 60 años, ya que no existen a la fecha estadísticas o mecanismos institucionales de recopilación de datos que permitan conocer la frecuencia de agresiones hacia ellos (as), ni las variables cómo el género, la discapacidad u otras, inciden en su frecuencia y/o gravedad. Tampoco es posible conocer fehacientemente por qué causas la población de edad avanzada ingresa a los centros asistenciales, o la frecuencia en que se registra el abandono por parte de sus familias.^[6]

Un aspecto importante que se debe destacar es el hecho de que elEstado mexicano, con una eventual firma y ratificación de la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores, avanzaría en el cumplimiento del mandado contenido en el artículo 1° de la Constitución General de la República relativo a la obligación de promover, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, de acuerdo a los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad; este último referido a que el Estado debe realizar un reconocimiento cada vez más amplio de derechos a toda la población, sin oportunidad de restringirlos o eliminarlos, por ello su firma y ratificación es una prioridad en la agenda pública.

En el ámbito de la salud, queda claro que las condiciones físicas y mentales de una persona mayor son determinantes para el ejercicio de su autonomía y para tener una buena calidad de vida. La información estadística disponible muestra que, aunque la cobertura de servicios de salud es elevada -cuantitativamente hablando-, las autoridades competentes no satisfacen la demanda total nacional, ni pueden garantizar la calidad y oportunidad de los servicios que ofrecen. Se trata de un problema estructural que no sólo afecta al segmento de la población en etapa de envejecimiento, sino a la sociedad en general, pero que se recrudece cuando se trata de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y más aún cuando se está ante eventualidades como la emergencia sanitaria como la de Covid-19.

En ese sentido, los servicios paliativos y de cuidado a largo plazo y la suficiencia de recursos para desarrollarlos, deben ser un tema primordial en la política nacional, debido a la prevalencia de enfermedades crónico degenerativas y a las condiciones externas que impiden que la población acceda a ellos en condiciones igualitarias.

En lo tocante a la seguridad e integridad personal, el sector poblacional mayor de 60 años presenta importantes índices de vulnerabilidad que se reflejan en la incidencia de delitos en su contra. Destacan en primer lugar los delitos patrimoniales, mientras que la violencia familiar y las lesiones representan la segunda y tercera amenazas más frecuentes contra su integridad y bienestar, respectivamente.

El acceso a la justicia es un camino complejo para las personas mayores. Tal afirmación se deduce del gran porcentaje de averiguaciones previas y carpetas de investigación cuyo estatus se desconoce, el reducido número de las que han sido consignadas, y el alto índice de ellas que permanecen en la reserva.

Es necesario poner énfasis en la efectividad y eficacia de los mecanismos para la justiciabilidad y exigibilidad de los derechos de las personas mayores, máxime en un escenario en que existen problemas graves y recurrentes de acceso a la justicia. Esa protección debe comprender no sólo los derechos subjetivos como la libertad, la no discriminación o la propiedad, sino el cumplimiento de todos sus derechos con el fin de obligar a la administración pública a llevar a cabo acciones que cumplan con los estándares internacionales y sean idóneas y adecuadas para mejorar cualitativa y cuantitativamente sus condiciones de vida.

Toda persona, a medida que va envejeciendo tiene derecho a seguir disfrutando de una vida plena, independiente, autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa. El paso de los años de ninguna manera limita sus derechos. Por ello, es indispensable generar las condiciones para su mayor bienestar físico y mental, que garantice el pleno ejercicio de sus derechos y la igualdad de oportunidades a través de la implementación y evaluación de medidas especiales que incluyan la perspectiva de género, y de la prevención del abuso, abandono, negligencia, maltrato y violencia contra la persona mayor.

Es evidente que para lograr la materialización de una política integral y transversal con perspectiva de derechos que fomente el desarrollo integral de las personas mayores, es un requisito indispensable que el Estado asigne los recursos suficientes para articular una metodología de trabajo. Es cierto que en el panorama actual ya se identifican dependencias y autoridades que reciben recursos etiquetados para la instrumentación de proyectos dirigidos a la población adulta mayor, sin embargo, la realidad es que muchas otras que abordan grupos tan específicos como mujeres, migrantes o personas indígenas mayores de 60 años, están sujetas al presupuesto asignado para su operación global, constituyendo una limitante para la ampliación de cobertura, y la implementación de nuevos planes, además de dificultar la transparencia y rendición de cuentas.

IV. Necesaria firma y ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Como ha queda expuesto, las personas mayores enfrentan situaciones que anulan o menoscaban su dignidad, y su carácter de sujetos de derechos, las cuales constituyen un obstáculo para que disfruten de una vida plena, que garantice la satisfacción de sus derechos humanos, y sean tomadas en cuenta como agentes autónomos participativos en su familia, comunidad y Estado. De no tomarse acciones y estrategias adecuadas para transformar ese panorama, cada generación que se sume a la población adulta mayor en las siguientes décadas verá disminuidas considerablemente sus oportunidades de desarrollo en detrimento de su bienestar individual y colectivo.

Resulta urgente entonces la ratificación por parte del Estado mexicano de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, instrumento adoptado en el seno de la Organización de Estados Americanos, cuyo proceso de suscripción inició en 2015 y a la fecha se encuentra inconcluso.

Al incorporar la Convención Interamericana al sistema jurídico interno, se ampliarán los derechos específicos de las personas mayores, pero lo más importante, las autoridades quedarán obligadas a armonizar la legislación con su contenido en todos los niveles de gobierno; expedir las normas secundarias que establezcan los mecanismos para su satisfacción, para exigir su cumplimiento, restitución y acceso a una reparación del daño efectiva.

Por otra parte, en nuestro país, de acuerdo a datos del INEGI al 2020 residían en México 15,1 millones de personas de 60 y más años (12% de la población total) de los cuales 51.2% son mujeres y 48.8 % son hombres. Las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estiman que, en 2016, el 41.1% de la población mayor de 65 años vivía en condiciones de pobreza, de los cuales, 34.6% sufrían pobreza moderada y 6.6% pobreza extrema. Asimismo, el 68.4% presentaba al menos de una carencia social, siendo las más importantes, el rezago educativo (57.1%), falta de acceso a servicios básicos en la vivienda (18.4%) y a la alimentación (17.4%).

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, evidenció -en 2017- que de las personas mayores que trabajan, el 49% labora por su cuenta y 37.8% ocupa un empleo subordinado; de estos últimos, el 60.8% carece de servicios de salud, 61.8% labora sin contrato escrito y al menos 47.7% no tienen prestaciones; un 73.2% trabaja de manera informal. Con relación al tema de salud, señaló que las principales causas de muerte entre la población mayor de 60 años son las enfermedades del sistema circulatorio (32.5%); las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (20.1%); los tumores (13.1%); las enfermedades del sistema respiratorio (10.7%), y las enfermedades del sistema digestivo (9.1%).

Desde luego que han existido avances en la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Una de las evidencias más palpables es, desde luego, la publicación de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el año 2002 y la conformación en 2003 del Consejo Nacional de Coordinación Interinstitucional Sobre el Tema de Adultos Mayores. No obstante, hasta el día de hoy, la Ley carece de reglamentación lo que dificulta su exacta aplicación.

A partir de entonces, en el ámbito de sus competencias autoridades y prestadores privados de servicios, han incorporado a sus actividades los principios establecidos en la Ley; por ejemplo, otorgando acceso y atención preferente en cualquier trámite que realicen e impulsando y realizando las adecuaciones en la infraestructura de edificios, oficinas, hospitales, centros de entretenimiento, servicios de transporte público, plazas, áreas verdes y calles, a efecto de facilitar su uso, sin embargo, aún falta mucho por hacer.

De igual forma, hoy en día algunas personas mayores (como los denomina la Convención) gozan de facilidades para obtener créditos de vivienda y precios preferenciales para adquirir toda clase de bienes y servicios, contribuyendo a su bienestar.

Otro aspecto relevante fue la creación del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y su designación como rector de la política nacional en la materia, organismo cuyas reformas a la mencionada Ley en 2005 y 2009, ampliaron sus atribuciones para constituirse en órgano de consulta y asesoría obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y voluntaria para que las instituciones de los sectores social y privado que realicen acciones o programas relacionados con las personas mayores, sin embargo, hoy en día dicho instituto se encuentra muy limitado en cuando al desarrollo de sus responsabilidades.

La mayoría de las acciones indicadas continúan apegadas a una visión asistencialista, centrada en subsanar carencias (sobre todo las económicas y de servicios), generando que los resultados de su ejecución sean poco perceptibles. Hace falta, por ejemplo, revisar y ajustar el Sistema Nacional de pensiones con el objetivo de simplificar su funcionamiento, promover la utilización y ahorro voluntario de las y los jóvenes y las personas adultas durante su vida productiva, para asegurar una pensión digna y suficiente para garantizar su subsistencia en el futuro; repensar un sistema financiero que se ajuste a las necesidades actuales de las poblaciones.

V. Algunas asignaturas y retos pendientes con las personas mayores.

Dentro de losgrandes pendientes en el tema lo constituye la elaboración de estrategias articuladas para ampliar la cobertura de los distintos servicios de salud, educación, oportunidades de empleo, espacios recreativos y culturales; el desarrollar programas de capacitación, sensibilización y mejores prácticas dirigidas a servidores públicos, personal médico, cuidadores e integrantes de las familias para generar un cambio cultural hacia la revalorización de las personas mayores como agentes activos en la sociedad; reivindicar su carácter de sujetos de derechos, con capacidad plena para ejercerlos y exigirlos libremente; eliminar las concepciones sociales negativas acerca de esa etapa de la vida generando conciencia sobre el propio envejecimiento y la necesidad de adoptar medidas preventivas, tanto económicas como del cuidado de la salud y la integridad para arribar a una vejez activa.

La Asociación Americana de Personas Retiradas, organización no gubernamental con sede en Estados Unidos de América, presentó en 2017 el “Informe de competitividad y preparación para el envejecimiento”, en el que se publicó los resultados de la evaluación a las políticas públicas de envejecimiento en 12 países, incluido México. En el reporte, nuestro país es calificado como “rezagado”, en comparación con países como Brasil, China y Turquía que reportan avances, y Canadá, Alemania y Japón quienes son líderes en la materia.

Asimismo, el Informe señala que la infraestructura disponible en el entorno comunitario de las personas mayores es mínima, pues si bien se han implementado programas para garantizar su acceso a servicios de transporte, alimentos y otros servicios básicos en áreas urbanas, los de cuidado y apoyo son escasos. Un ejemplo de ello ha sido la invisibilidad de las necesidades diferenciadas y prioritarias de la población mayor ante la emergencia sanitaria de Covid-19.

Tal panorama nos muestra la magnitud de los esfuerzos y compromisos que debemos asumir en la planeación del desarrollo y el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas para enfrentar las implicaciones del proceso de envejecimiento que vive nuestro país.

Es necesario enfatizar la importancia de iniciar y concluir el proceso de firma y ratificación de la “Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores”, instrumento internacional cuyo paradigma garantista contribuirá sustancialmente a superar la visión asistencialista del envejecimiento que identifica a las personas de 60 y más años únicamente como receptoras pasivas de programas sociales, y obligar al Estado a construir una política nacional en la que todos los niveles de gobierno, privilegien la autonomía de las personas mayores.

En este sentido, algunos de los retos que el Estado mexicano tiene en materia de derechos de las personas mayores y en cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, son los siguientes:

Armonizar el marco jurídico en materia de derechos de personas mayores, a partir de la perspectiva de derechos, enfoque de género, reconocimiento del derecho al trato preferente y el principio de no discriminación.

Garantizar el acceso a la justicia de las personas mayores, a través de acciones en las que la reforma al sistema de justicia penal incluya el respeto a los derechos humanos de ese colectivo social.

Capacitar al personal de las procuradurías de justicia y fiscalías estatales en materia de derechos humanos y elaborar protocolos de atención especializada para las personas mayores desde una perspectiva integral de protección a sus derechos.

Desarrollar programas de capacitación, sensibilización y mejores prácticas para servidores públicos, personal médico, cuidadores e integrantes de las familias a fin de provocar un cambio cultural hacia la revalorización de las personas mayores.

Generar información desagregada de las personas mayores como población objetivo de las políticas públicas a nivel estatal en las que se construyan indicadores prospectivos, para conocer sus condiciones de salud, integridad, económicas y sociales, a efecto de adoptar medidas de prevención oportuna y garantizar una calidad de vida adecuada en esa etapa.

Fomentar una cultura de convivencia intergeneracional que implique la transferencia de conocimientos y experiencias de poblaciones mayores a poblaciones jóvenes, a fin de que estos últimos se preparen para su adultez mayor y, a la vez, se fortalezca la solidaridad entre las generaciones.

Que los resultados de las acciones, planes y programas sean evaluables en función de indicadores cuantitativos y cualitativos que permitan la articulación entre las autoridades ejecutoras de los tres órdenes de gobierno.

Incorporar en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en la materia, mecanismos para identificar a los distintos sectores para proporcionar atención prioritaria a quienes se encuentren en mayor riesgo de vulnerabilidad.

Ampliar la cobertura de los servicios de salud, educación, trabajo, espacios recreativos y culturales.

Para ello, es necesario implementar, entre otras acciones, las siguientes: i) políticas públicas integrales para responder a los retos del cambio demográfico; ii) el enfoque de derechos humanos y de la participación de las personas mayores, en los planes y programas dirigidos a ese sector poblacional; iii) articulación de la actuación del Estado y aquélla realizada por la comunidad y las familias para la realización y protección de los derechos de las personas mayores; iv) incrementar los recursos presupuestales con enfoque diferenciado y transversal, para proteger y garantizar los derechos de las personas mayores; v) fortalecer acciones para el ejercicio en el ejercicio de los derechos a la protección de la salud, educación, trabajo y vivienda de las personas mayores, y vi) supervisar la situación de los derechos de las personas mayores residentes en centros de asistencia social. El Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México comparte los retos en la construcción del andamiaje institucional para lograr la realización de los derechos de la población mayor, y es sabedor de la necesidad de redoblar esfuerzos para su observancia, respeto y promoción. Por ello, la participación de la academia es fundamental para impulsar los cambios sociales que necesitamos para una vejez con dignidad.

* Secretario Académico del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM.

^[1] Eslava Pérez, Ismael, “Problemáticas en materia de Derechos Humanos de las personas mayores”, en Revista electrónica Perseo, Programa Universitario de Derechos Humanos, número 104, octubre de 2021, UNAM, en http://www.pudh.unam.mx/perseo/perseo-104/

^[2] La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tesis aislada con el rubro ADULTOS MAYORES. AL CONSTITUIR UN GRUPO VULNERABLE MERECEN UNA ESPECIAL PROTECCIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO, determinó: “…los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección por parte de los órganos del Estado, ya que su avanzada edad los coloca con frecuencia en una situación de dependencia familiar, discriminación e incluso abandono. Lo anterior no implica, sin embargo, que en todos los casos en los que intervengan deba suplirse la deficiencia de la queja”. Registro digital: 2009452, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. CCXXIV/2015 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, junio de 2015, Tomo I, página 573, Tipo: Aislada.

^[3] Sobre este aspecto Cfr. Giraldo Rodríguez, Liliana, “Estereotipos y discriminación a las personas adultas mayores”, en Realidades y expectativas. Colección Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, frente a la nueva vejez, Coordinadores Luis Miguel Gutiérrez Robledo y Liliana Giraldo Rodríguez, UNAM, 2015, pp. 53-74.

^[4] Op.cit., supra nota 1.

^[5] Sobre este aspecto Cfr. Agudelo Botero, Marcela, “Las percepciones de los mexicanos sobre las personas adultas mayores”, en Realidades y expectativas, op. cit., supra nota 3, pp. 29-51.

^[6] Sobre la percepción y tipos del maltrato de las personas mayores a partir de la pregunta ¿Qué tipo de maltrato cree usted que se da en contra de los adultos mayores? contenida en la Encuesta Nacional de Envejecimiento, Los mexicanos vistos por sí mismos, Los grandes temas nacionales, Cfr. Giraldo Rodríguez, Liliana, “Percepción pública del maltrato a las personas adultas mayores”, en Realidades y expectativas. op.cit, supra nota 3, p. 80.

Conmemoraciones Internacionales

Por Mario Alberto Naranjo Ricoy

En el mes de agosto, el calendario de conmemoraciones instaurado por la Organización de las Naciones Unidas trae señaladas tres efemérides asociadas a temas relevantes de derechos humanos. El 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, grupo de población vulnerable y que requiere la atención prioritaria de los gobiernos debido a las condiciones de exclusión y marginación a las que fueron y son sometidos. El 23 de agosto es el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y su Abolición, ocasión idónea para recordar la profunda deuda que la humanidad tiene con la población negra de África y sus descendientes, quienes fueron las principales víctimas de este crimen en los tiempos modernos. Finalmente, el 30 de agosto es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, otra violación grave de derechos humanos a la que se debe combatir hasta asegurar su irrepetibilidad.

9 de agosto. Día Internacional de los Pueblos Indígenas

El 23 de diciembre de 1994, en el marco del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, el pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas dispuso que el 9 de agosto se celebrara el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, ello con el fin de conmemorar la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías en 1982.

Este 2022, la ONU ha decidido dedicar este día a las mujeres de los pueblos originarios, quienes son una piedra angular en la preservación de los saberes empíricos y ancestrales de sus comunidades. Aunado a ello, las mujeres indígenas participan en la defensa de su territorio, cultura y el derecho de sus pueblos a la autodeterminación. Sin embargo, cotidianamente viven múltiples formas de discriminación, exclusión y racismo, por razones de clase, género y etnia.

En México, desde tiempos coloniales, los derechos de los pueblos indígenas han sido una causa defendida por humanistas, teólogos y juristas. En nuestra época, el levantamiento armado de diversas comunidades de Chiapas en 1994, al ser encauzado por vías pacíficas, derivó en la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas realizada en 2001. A partir de dicha modificación, el artículo 2º de nuestra constitución sostiene que: “La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas (…) El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las Constituciones y Leyes de las Entidades Federativas, las que deberán tener en cuenta (…) criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico”.^[1]

Con ello, la Carta Magna reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y a la autonomía para decidir sus formas de convivencia y organización social, económica, política y cultural; aplicar sus propios sistemas normativos para la resolución de conflictos internos; elegir a sus autoridades y representantes para el ejercicios de sus propias formas de gobierno, de acuerdo a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales; preservar sus lenguas, conocimientos, cultura e identidad; conservar y mejorar su hábitat, entre otros. Además, el texto constitucional fijó una serie de obligaciones del Estado y sus tres niveles de gobierno para erradicar las carencias y rezagos que afectan a las comunidades indígenas.

A partir de la Encuesta Intercensal 2015 y el criterio de hogar, se estima que la población indígena asciende a 12 millones 25 mil 947 personas, que constituye el 10.1% de la población total. Entre ellos, 6 millones 146 mil 479 son mujeres (51.1%) y 5 millones 879 mil 468 son hombres (48.9%). A pesar de que existe presencia de población indígena en todas las entidades del país, más de 75% se concentra en ocho estados: Oaxaca (14.4%), Chiapas (14.2%), Veracruz (9.2%), México (9.1%), Puebla (9.1%), Yucatán (8.8%), Guerrero (5.7%) e Hidalgo (5%).^[2]

23 de agosto. Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y su Abolición

Según la Enciclopedia colaborativa de la red cubana, se le llama esclavitud al “estado social definido por la ley y las costumbres como la forma involuntaria de servidumbre humana más absoluta. Un esclavo se caracteriza porque su trabajo o sus servicios se obtienen por la fuerza y su persona física es considerada como propiedad de su dueño, que dispone de él a su voluntad”.^[3] Esta práctica se ha presentado a lo largo de la historia de la humanidad, siendo la población negra de África el grupo principalmente afectado.

Durante la conquista y colonización del continente americano por parte de los europeos, ocurrió un importante tráfico de esclavos provenientes del continente africano. Se estima que entre 250 y 500 mil africanos entraron de manera legal a Nueva España; sin embargo, la cifra se eleva considerablemente si tomamos en cuenta que existió un importante comercio de contrabando.^[4] Estos esclavos eran utilizados como mano de obra en las minas, plantaciones, o en labores domésticas.

Mientras que existían controversias acerca de la condición humana y el estatus jurídico de los indígenas, quienes tuvieron defensores loables como Fray Bartolomé de las Casas, la condición de los esclavos nunca fue puesta en duda: los esclavos eran tratados como mercancías de ínfima categoría, marcados y transportados en barcos bajo contextos insalubres e inhumanos lo cual, aunado a diversas enfermedades, daban como resultado un alto número de muertes de africanos que no sobrevivían a las extremas condiciones.

Como era de prever, las rebeliones no se hicieron esperar. En la isla entonces llamada Santo Domingo, una colonia que había sido en un primer momento española y después francesa, en la noche del 22 al 23 de agosto de 1791 se produjo el comienzo de una sublevación para la obtención de la libertad y la independencia, que finalmente condujo a la abolición del comercio trasatlántico de esclavos.

En conmemoración de esos acontecimientos, en 1997 la ONU decidió establecer este día. Previamente, en 1994 la UNESCO puso en marcha la “Ruta del Esclavo”, proyecto que examina las causas y modalidades del establecimiento de la esclavitud, así como las problemáticas y consecuencias de la esclavitud en el mundo. Se trata de dejar una impronta en todos los pueblos del mundo porque, además de ser una tragedia humana, el encuentro entre la cultura de los pueblos esclavizados con aquella de las poblaciones a las que arribaron, contribuyó a formar el gran mosaico cultural de América. Sólo recientemente se está comenzando a reconocer a las culturas africanas como “la tercera raíz” de la cultura de este continente. Es preciso continuar andando ese camino.

30 de agosto. Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

En América Latina, la segunda mitad del siglo XX fue un periodo de fuertes convulsiones sociales y crisis políticas en las que ascendieron autoritarismos al poder. Estas circunstancias conllevaron una serie de violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, siendo la desaparición forzada una de las expresiones más desoladoras.

De acuerdo a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas, el termino se refiere a “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.^[5]

Si consideramos que el Estado de Derecho fue concebido como principio de gobernanza y forma de garantizar las libertades fundamentales de los ciudadanos a traves de leyes generales, comprenderemos que la perversión de la desaparición forzada radica en que son los mismos agentes del Estado quienes sustraen a los ciudadanos de la protección que debería otorgarles en el marco de la ley. Además, la gravedad de este delito es mayúscula pues no solo representa un daño (con terribles secuelas) para la víctima, sino que afecta negativamente a toda la esfera social, a sus familiares y seres queridos, sobre todo, pero también al conjunto de la población que ve disminuidas las condiciones que garantizan la seguridad pública. En pocas palabras, la desaparición forzada representa la total vulneración de la dignidad humana y la anulación absoluta de la persona. Por ello, la comunidad internacional y los Estados Nacionales tienen el deber de trabajar por su erradicación y no repetición, así como de velar porque no vuelvan a tener lugar regímenes que violenten la condición humana, sino que impere la memoria, la verdad y la justicia.

^[1] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 2º. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf (última consulta: 30/07/22)

^[2] Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, “Mujeres indígenas, datos estadísticos en el México actual”. Disponible en: https://www.gob.mx/inpi/es/articulos/mujeres-indigenas-datos-estadisticos-en-el-mexico-actual?idiom=es (última consulta: 30/07/22).

^[3] Enciclopedia colaborativa de la red cubana, “Esclavitud”. Disponible en: https://www.ecured.cu/Esclavitud (última consulta: 30/07/22).

^[4] Secretaría de Cultura (México), “Esclavitud de africanos y afrodescendientes en la Nueva España”. Disponible en: https://www.gob.mx/cultura/articulos/esclavitud-de-africanos-y-afrodescendientes-en-la-nueva-espana?idiom=es#:~:text=Se%20estima%20que%20entre%20250,un%20importante%20comercio%20de%20contrabando (última consulta: 30/07/22).

^[5] Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, “Desaparición forzada”. Disponible en: https://hchr.org.mx/cajas_herramientas/desaparicion-forzada/

El ser y el deber ser de la Universidad Nacional Autónoma de México¹ (fragmento)

X. Difusión cultural

La difusión de la cultura está dedicada a la formación de los universitarios para enriquecerlos espiritualmente, de modo principal a través de las artes antiguas y modernas y la divulgación de la ciencia.

Mediante la difusión cultural, la Universidad, además, da a conocer a numerosos grupos de población las más diferentes formas de la cultura.

La Universidad Nacional ha creado modelos de difusión, como ocurrió en la radio y en casas abiertas al pueblo, como la del Lago, el Museo Universitario del Chopo, el Palacio de Minería y recientemente la Casa Universitaria del Libro.

La Universidad, en ninguna de sus funciones sustantivas, es una Institución de élites; es una Universidad Nacional que ha de atender a la superación cultural de la sociedad en general; sin embargo, en tanto que Universidad, ha de buscar, al propio tiempo, difundir las mejores expresiones de la alta cultura así como de la cultura popular; ha de seguir dando a conocer la cultura clásica, ha de experimentar nuevas expresiones e incluso poner a la luz manifestaciones culturales desconocidas, tanto del pasado como del presente.

La difusión cultural extramuros es una de las diversas vías de que dispone la Universidad para actualizar y reafirmar sus vínculos con la comunidad; constituyen una modalidad más de contacto entre la Institución y el pueblo, que se ha dado desde su fundación hasta el momento presente. Las formas pueden haber cambiado con el paso de los años, mas siempre ha permanecido el interés acendrado por mantener el contacto con los diferentes sectores que configura a la nación mexicana.

Las actividades culturales han de complementar la formación que se da en las aulas, pero no sólo de modo que los universitarios reciban la cultura como simples espectadores, sino con el propósito de que participen activamente en su creación, recreación y difusión.

Es cierto que la difusión ha puesto más énfasis en las diferentes formas del arte, por ser éste el que de manera directa despierta la sensibilidad; pero no debe olvidarse la difusión de las humanidades, de la ciencia, de la tecnología, del pensamiento social, como manifestaciones del quehacer de la Universidad, y en tanto que componentes indispensables de la formación integral de los estudiantes y de la sociedad en general. La difusión cultural ha de expresar los resultados de la enseñanza y de la investigación, a la vez que apoyarlas para la mejor preparación de nuestros alumnos, pues no son actividades desvinculadas sino antes bien, complementarias.

Esta tarea de difusión de la cultura es consustancial a nuestra Universidad Nacional. Ella tiene la misión de llevar a la sociedad tanto la cultura mexicana como la universal hecha propia; por igual, como ya se dijo, la alta cultura y la popular, con el propósito de participar en la impostergable tarea de consolidar nuestra propia identidad. Una nación que pierde sus raíces culturales y que no las nutre con el saber de todos los tiempos y de todos los rumbos, así como con un proyecto de vida coherente, plausible y valioso, tiende a disolverse, a perder su sello propio, a menguar su ser colectivo. La Universidad por la vía de la difusión cultural, seguirá colaborando en la configuración y consolidación de la identidad nacional.

Fuente:
Carpizo, Jorge, “El ser y el deber ser de la Universidad Nacional Autónoma de México”, en Los derechos humanos en la obra de Jorge Carpizo. México, Defensoría de los Derechos Universitarios – UNAM, 2015, pp.153-196. Versión electrónica disponible en: https://www.defensoria.unam.mx/publicaciones/DHCarpizo.pdf
(última consulta: 24/7/22).

^{^[1]} Carpizo, Jorge, El ser y el deber ser de la UNAM, México, UNAM, Serie Ensayo, no. 5, 1988, 40p.

30 lecciones de democracia, por Giovanni Sartori

Lección 17
Marx y el mercado

La democracia es un sistema político. En cambio, “mercado” y “capitalismo” son palabras que aluden a un sistema económico. Ambas cosas están entrelazadas, pero un sistema político y un sistema económico no son la misma cosa.

Empecemos por el mercado. ¿Qué es? El mercado es sobre todo un mecanismo, un automatismo que nos permite determinar los costos y los precios. Sin mercado, los bienes no tendrían unos costos auténticos, sino solamente unos costos ficticios. Añádase que el mercado es también un “orden espontáneo”. ¿Qué quiere decir eso?

Ese concepto fue introducido por Friedrich von Hayek, que distingue precisamente entre dos tipos de órdenes: los “órdenes organizados” y los “órdenes espontáneos”. El mercado pertenece al segundo tipo, en el sentido de que funciona por sí mismo y que no está gobernado por nadie. Lo que implica que no tiene costos de gestión, que es flexible y sensible a los cambios, que es el complemento de la libertad de elección, y que simplifica enormemente la información. En suma, el mercado es un mecanismo en verdad extraordinario.

Entonces, ¿por qué ha suscitado tanta hostilidad, por qué es tan odiado?

Admitámoslo sin tapujos: el mercado es cruel. Su ley es la del éxito del más capaz. Es cierto que tiene como objetivo encontrar un lugar adecuado para cada cual, pero también tiene la finalidad de obligar a los individuos al máximo esfuerzo: y los que irremediablemente son menos idóneos quedan marginados y son expulsados de la sociedad de mercado. ¿A quién, a qué, cabe atribuirle tanta crueldad? ¿A un individualismo exasperado y posesivo? Eso es lo que nos cuentan, pero me temo que en realidad es al revés. Es decir, que la crueldad del mercado es una crueldad social, una crueldad colectiva. Porque el mercado es individual blind, es ciego para distinguir a los individuos. Es, en cambio, una despiadada máquina de maximización de la utilidad colectiva. Vuelvo a preguntar: ¿por qué está tan demonizado?

Es porque, en lugar de hablar de mercado, nueve de cada diez veces nos estamos refiriendo al capitalismo. Es un error, porque el capitalista privado está en el mercado, forma parte del mercado, se enriquece gracias a las leyes del mercado; unas leyes que, por la misma razón, también pueden dejarle en la ruina de la noche a la mañana. No olvidemos que el mercado es un orden espontáneo nacido sin que haya sido concebido ni diseñado por nadie, y menos aún por los capitalistas. Pero dar tanta importancia a los capitalistas nos hace olvidar que el mercado, al bajar los precios, es beneficioso para todos, para todo el universo de los consumidores.

Marx estableció el principio del valor-trabajo: que el valor de un bien es el trabajo congelado en ese bien. Un principio que, en realidad, no tiene ningún fundamento económico. Consideremos, por ejemplo, un relojero que emplea varios días para hacer un reloj, y otro que emplea pocas horas. El mercado hará que todos se arruinen, salvo el relojero que emplee menos tiempo. Marx, por el contrario, haría una media: todo el mundo tiene que pagar ese reloj al precio de, pongamos, una jornada de trabajo.

¿Qué se deduce de ello? Que Marx es un individualista que protege el costo del trabajo de cada individuo, mientras que el mercado debería considerarse “socialista”, puesto que no protege al individuo, sino que, por el contrario, lo sacrifica al interés colectivo. La paradoja es, por tanto, que Marx es inconscientemente individualista, mientras que el mercado es, sin darse cuenta, colectivista.

Fuente:
Sartori, Giovanni. La democracia en 30 lecciones. México, Taurus, 2009, pp. 85-88.

Organización de las Naciones Unidas

Prohibición del aborto en Estados Unidos: Expertos urgen al país a unirse a la convención de derechos de las mujeres

1 de julio de 2022

Después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara el histórico fallo de 50 años que garantizaba el acceso al aborto, el comité especializado de la ONU insta a los legisladores de esa nación a adherirse al instrumento internacional que protege el derecho de las mujeres a la salud sexual y reproductiva.

El comité de expertos en derechos de las mujeres destacó este viernes que Estados Unidos es uno de los únicos siete países del mundo que no es parte de la convención internacional que protege las garantías fundamentales de las mujeres, incluida la de la salud sexual y reproductiva.