Autor: Bernardo Anwar Azar López
Editorial: FONTAMARA
La atroz toma
de la Alhóndiga de Granaditas1
Considerada la primera batalla independentista, la toma de la Alhóndiga[2] de Granaditas en la ciudad de Guanajuato generalmente se celebra como un gran triunfo del bisoño e improvisado ejército de Hidalgo. Se le considera un acto heroico colectivo, cuya culminación fue propiciada por un acto de heroísmo individual de un humilde minero que militaba en el ejército insurgente: El Pípila[3] —cuya existencia real no está plenamente establecida—. Supuestamente, este personaje, protegido con una losa de piedra atada a la espalda, para evitar las balas de los españoles atrincherados, se acercó al portón del granero y le prendió fuego, lo que permitió que los atacantes pudieran entrar.
Ante la noticia de la llegada de Hidalgo y sus huestes, el intendente [gobernador] del centro minero que entonces tenía por sede a la ciudad de Guanajuato, Juan Antonio Riaño —un veterano y eficiente militar español— ordenó que las familias españolas y criollas afines al gobierno de la Nueva España y la escasa partida militar de que disponía se refugiaran en la alhóndiga. Esta era un edificio sólido, rectangular, de poco más de 5 mil metros cuadrados, en el que buscaron refugio cientos de personas entre soldados, españoles y criollos. Allí fueron a dar niños, mujeres, hombres y ancianos, pero también víveres y bienes ordinarios o suntuosos de algunos de los refugiados. El pueblo llano fue dejado fuera, a su suerte. Sigue leyendo
Amnistía Internacional
Suprema Corte de Justicia de la Nación
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Human Rights Watch
Corte Interamericana de Derechos Humanos
[Sentencias dictadas entre el 20 y el 24 de agosto de 2018]
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Organización de las Naciones Unidas
El gobierno de Perú es responsable
de demora excesiva —17 años—
en las investigaciones de la desaparición
forzada de Walter Munárriz Escobar,
de incumplimiento de su obligación
de adoptar disposiciones de derecho
interno debido a la tipificación
inadecuada del delito de desaparición
forzada de personas y de violación
del derecho a la integridad psíquica
y moral de los familiares de la víctima.
El caso se relaciona con la alegada desaparición forzada de Walter Munárriz Escobar desde el 20 de marzo de 1999, después de ser presuntamente detenido por personal policial y llevado a la Comisaría de Lircay, Perú, donde, supuestamente, estuvo privado de libertad. Si bien el Estado peruano argumentó que el señor Munárriz Escobar fue puesto en libertad, la Comisión alegó que no existe prueba documental alguna de la liberación, que los testimonios aducidos por el Estado y que constituyen la única prueba de la alegada liberación del señor Munárriz Escobar no cumplen con estándares mínimos de credibilidad, que existen múltiples elementos circunstanciales que tomados en su conjunto demuestran que la actuación policial en general respecto del señor Munárriz Escobar fue irregular y arbitraria. Sigue leyendo
El gobierno de Guatemala incumplió
su obligación de investigar
de manera independiente e imparcial
la masacre de once personas
el 5 de octubre de 1995,
presuntamente perpetrada
por las Fuerzas Armadas, hechos
que constituyeron presuntamente
una expresión de discriminación racial
ejercida contra el pueblo maya
durante el conflicto armado en ese país.
El caso se relaciona con la masacre presuntamente perpetrada por miembros de las Fuerzas Armadas de Guatemala el 5 de octubre de 1995, en contra de once personas, incluyendo tres niños, que formaban parte de la población indígena q’eqchi’, mam, q’anojb’al y ixil y k’iche que ocupaba la finca Xaman tras haber estado refugiada en México como consecuencia de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno. Sigue leyendo
El gobierno de Guatemala
es responsable de incumplimiento
de su obligación de proporcionar atención
médica eficaz a 49 personas
con VIH/SIDA y en situación de pobreza,
8 de las cuales fallecieron a consecuencia
de esa falta de atención.
El caso se relaciona con la presunta falta de atención médica estatal a 49 personas con VIH/SIDA y en situación de pobreza. Se plantea que la muerte de ocho de las presuntas víctimas habría tenido lugar como consecuencia de enfermedades conocidas como “oportunistas”, o bien en un marco temporal en el que no recibieron la atención que requerían por parte del Estado, o bien tras una atención deficiente. Sigue leyendo
Se condena dos nuevos asesinatos
de periodistas en México y se insta
al Gobierno a investigar las posibles
conexiones de los crímenes
con la labor periodística de las víctimas
7 de agosto de 2018
Comunicado 173/18
Washington D.C. – La Relatoría Especial para Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena los asesinatos de los periodistas mexicanos Rubén Pat y Luis Pérez García, e insta las autoridades a investigar las posibles conexiones de los crímenes con la labor periodística de las víctimas.
Rubén Pat se desempeñaba como director del semanario “Playa News” y, según reportaron los medios, fue asesinado la madrugada del 24 de julio por arma de fuego en un bar del municipio Solidaridad en Playa del Carmen, Estado de Quintana Roo. Sigue leyendo
Se saluda la sentencia
sobre desplazamiento interno derivado
de la violencia, dictada por la Sala
de lo Constitucional de El Salvador
(Resumen)
10 de agosto de 2018
Comunicado 178/18
Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Cecilia Jimenez-Damary, saludan la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador que reconoce la existencia de un fenómeno de desplazamiento forzado de personas que tiene origen en el contexto de la violencia e inseguridad en El Salvador, mismo que causa afectaciones sistemáticas a derechos humanos, lo que constituye un estado de cosas inconstitucional. La CIDH y la Relatora Especial de la ONU instan al Estado salvadoreño a cumplir con dicha sentencia y a seguir realizando acciones en materia de desplazamiento interno encaminadas a la prevención, protección, asistencia durante el desplazamiento, y el retorno, reasentamiento y reintegración de las personas desplazadas internamente. Sigue leyendo
Los senadores argentinos desperdician
una oportunidad histórica al rechazar
la legalización del aborto
La decisión del Senado argentino de rechazar el proyecto para legalizar la interrupción voluntaria de embarazo hasta la semana 14 de gestación representa la pérdida de una oportunidad histórica para el ejercicio de los derechos humanos de mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar, dijo Amnistía Internacional hoy.
“Los legisladores argentinos eligieron hoy darle la espalda a cientos de miles de mujeres y niñas que se manifestaron por sus derechos sexuales y reproductivos. Con esta medida los Senadores que votaron en contra o se abstuvieron, decidieron consensuar un sistema que insta a las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar a someterse a abortos clandestinos e inseguros”, dijo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. Sigue leyendo
Se urge al gobierno de Nicaragua
a cesar la criminalización de la protesta
y a respetar los derechos humanos
de las personas privadas de libertad
y sus familias
(Resumen)
24 de agosto de 2018
Comunicado 187/18
Managua / Washington D.C. – A cuatro meses de iniciadas las protestas sociales en el país, y cerrando la octava semana de trabajo en terreno del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advierte la persistencia de la estigmatización y criminalización de la protesta social bajo cargos infundados y desproporcionados; un grave problema de acceso a la debida defensa y el debido proceso para las personas acusadas; así como violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de sus familiares. El MESENI ha registrado una disminución de las acciones violentas y el empleo desproporcionado de la fuerza letal en la represión de las protestas. Sin embargo, la Comisión nota con preocupación que se continúa generando un contexto adverso para la protesta social a través de una estrategia de criminalización y estigmatización. Esto incluye la emisión de comunicados oficiales, así como declaraciones y pronunciamientos de las autoridades, que intentan promover un aparente clima de normalidad en el país, a la vez que estigmatiza a manifestantes, opositores, líderes sociales y defensoras y defensores de derechos humanos. Sigue leyendo
Recomendaciones al presidente electo
de México sobre la situación
de derechos humanos
En un memorándum entregado al presidente electo Andrés Manuel López Obrador el día de ayer, Amnistía Internacional presentó observaciones y preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en México, y una serie de recomendaciones puntuales con la intención de contribuir en los planes y acciones del nuevo gobierno para resolver la crisis de derechos humanos que enfrenta el país.
“México y el mundo están a la expectativa de que este nuevo gobierno asuma el reto de acabar con la profunda crisis de derechos que vive el país”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Sigue leyendo
En Jalisco, omisiones de las autoridades
contribuyeron al homicidio de una mujer
a manos de su pareja, a quien ella
ya había denunciado por violencia, y han
incumplido su obligación de garantizar
una reparación integral del daño
Guadalajara, Jalisco, 21 de agosto de 2018.- Amnistía Internacional México y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) hicieron un llamado hoy a las autoridades del Estado para proteger a las mujeres de la violencia de género, y expusieron el caso de Alondra, una joven de 20 años que fue asesinada a unos días de haber dado a luz y que contaba con una orden de protección que nunca fue activada.
En el marco de la campaña #VivanLasMujeres, las dos organizaciones señalaron que hubo una clara falta por parte de las autoridades para implementar las medidas urgentes que implica la emisión de una orden de protección, según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sigue leyendo
La generación abandonada
—de adultos mayores— en Venezuela
Conocí a Fernando Arvelo (seudónimo), un venezolano de 74 años, en un comedor comunitario en Cúcuta, la principal ciudad colombiana al otro lado de la frontera del estado Táchira en Venezuela. Fernando se mudó a Táchira desde su estado de origen —que queda a unas 20 horas de allí— poco después de que su esposa, hijos y nietos se fueran al extranjero, huyendo de la crisis. No quería ser una carga para su familia y no tenía fuerzas para empezar de cero en otro lugar a esta altura de su vida.
Cada día, Fernando cruza a pie la frontera, expuesto a temperaturas agobiantes de hasta 40 grados Celsius, para comer en el comedor. “¿Cuánto tiempo voy a aguantar yo así?”, me dijo con la voz quebrada mientras miraba fijo su plato de plástico con arroz, papa y carne. Sigue leyendo
EE. UU.: Son inaceptables los juicios
penales por delito grave, masivos
y abusivos, contra migrantes ilegales
no reincidentes o que no tienen
antecedentes penales
(Washington D.C.) – Los procesos penales masivos contra migrantes durante el gobierno del presidente de EE. UU. Donald Trump han aumentado drásticamente, pese a que formalmente se puso fin a la práctica de separar a las familias, señaló hoy Human Rights Watch al representar un documento analítico de preguntas y respuestas.
En abril de 2018, el fiscal general Jeff Sessions anunció la política inmigratoria de “tolerancia cero” del gobierno y dio instrucciones a los fiscales federales en la frontera sur de que procesaran todos los casos de ingreso ilegal en EE. UU. “en la medida en que esto fuera posible”. Sigue leyendo
Cómo frenar la cacería de opositores
en Nicaragua
El presidente Daniel Ortega logró imponer su voluntad y aplastar las protestas mediante el terror. Desde que los manifestantes levantaran barricadas en todo el país, lo que inicialmente era una represión brutal se transformó en una cacería indiscriminada. Policías y pandillas “parapoliciales” han detenido arbitrariamente, secuestrado y desaparecido a decenas de personas.
En la década de 1980, la comunidad internacional adoptó el término “desaparición forzada” para los casos en que las autoridades o grupos que actúan con su connivencia privan de la libertad a una persona y se niegan a reconocer que fue detenida o a informar su paradero o destino. La definición legal se creó, en parte, como respuesta a las dictaduras militares que utilizaron secuestros masivos para sembrar el terror en Argentina y Chile. La comunidad internacional estableció una prohibición absoluta de este crimen con el objetivo de impedir que vuelva a ocurrir. Pero ahora, en Nicaragua, como ha ocurrido en varios momentos en la región, hay casos de flagrantes desapariciones forzadas cometidas por el gobierno de Daniel Ortega. Sigue leyendo
La ONU reconoce la violación
de los derechos de la periodista
Lydia Cacho
En diciembre de 2005, Lydia Cacho fue detenida por agentes de la Policía Judicial de Puebla después de revelar en su libro “Los demonios del Edén” que altos empresarios y funcionarios estaban involucrados en la explotación sexual infantil. Durante su detención, la periodista fue torturada física y psicológicamente.
Ahora y a la luz de las declaraciones vertidas en su momento, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas encuentra que la detención de Lydia Cacho no fue una medida necesaria ni proporcional, sino una medida de carácter punitivo y, en consecuencia, arbitraria.
También ha señalado que los hechos violan entre otros los derechos a la no discriminación por razones de género, a no ser sometido a tortura, a la libertad personal, a la integridad personal, y a la libertad de expresión. Sigue leyendo
Los “robots asesinos” violan
los principios morales y legales,
y deben prohibirse
- Principios y conciencia pública exigen una prohibición preventiva
(Ginebra) – Los valores básicos de la humanidad y la conciencia pública apoyan la prohibición de las armas totalmente autónomas, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Los países que participan en la reunión internacional que se celebrará próximamente sobre dichos “robots asesinos” deberían acordar negociar una prohibición sobre el desarrollo, la producción y el uso de estos sistemas de armamentos.
El informe de 46 páginas, Heed the Call: A Moral and Legal Imperative to Ban Killer Robots (“Atiendan la petición: es imperativo moral y legalmente prohibir los robots asesinos”), concluye que las armas totalmente autónomas violarían lo que se conoce como la Cláusula Martens. Esta antigua disposición del derecho internacional humanitario requiere que las tecnologías emergentes sean juzgadas según los “principios de la humanidad” y los “dictados de la conciencia pública” cuando no estén ya cubiertas por otras disposiciones de los tratados. Sigue leyendo
La sentencia de Monsanto,
una “victoria para los derechos humanos”
Expertos de la ONU aplauden la decisión contra la multinacional química por no haber advertido de los efectos cancerígenos de un herbicida.
Dos relatores especiales* de las Naciones Unidas celebraron este miércoles el fallo de un tribunal de California que obliga a la empresa Monsanto a indemnizar con 289 millones de dólares a un jardinero estadounidense que padece cáncer terminal.
El pasado 10 de agosto la Corte Suprema de California declaró a la multinacional Monsanto como responsable del cáncer que padece el jardinero Dewayne Johnson, ya que la empresa no colocó una etiqueta en sus herbicidas advirtiendo que su uso continuado podría causar cáncer. Sigue leyendo
Recomendación 25/2018 al gobernador
de Chihuahua por inadecuada
atención médica a cuatro recién nacidos
de origen indígena, que derivó
en la muerte de tres de ellos
en un hospital comunitario estatal
Ciudad de México, a 02 de agosto de 2018
Comunicado DGC/218/18
La inadecuada atención médica a cuatro recién nacidos pertenecientes a comunidades indígenas del estado de Chihuahua, que tuvo como desenlace la pérdida de la vida de tres de ellos en el Hospital Comunitario de Guadalupe y Calvo, fue el motivo por el cual la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 25/2018 al Gobernador Javier Corral Jurado.
Después de analizar diversas pruebas y testimonios, la CNDH consideró que hubo elementos suficientes para acreditar violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud de los cuatro menores de edad y vulneraciones al derecho a la vida en perjuicio de tres de ellos por personal de salud. Sigue leyendo
Decenas de coreanos cruzan la frontera
entre las dos Coreas para reunirse
con sus seres queridos
Decenas de ancianos surcoreanos cruzaron la frontera fuertemente fortificada para llegar a Corea del Norte para reunirse con sus familiares, la mayoría de los cuales no han visto desde que fueron separados por la Guerra de Corea hace casi 70 años.
El evento de una semana de duración en el resort del monte Kumgang de Corea del Norte se produce cuando las dos Coreas impulsan esfuerzos de reconciliación en medio de una ofensiva diplomática para resolver un enfrentamiento sobre la determinación de Corea del Norte por perseguir un programa de armas nucleares.
Las reuniones temporales son dolorosas porque la mayoría de los participantes son personas mayores ansiosas de ver a sus seres queridos una vez más antes de morir. Sigue leyendo
Avance de armonización legislativa
entre el sistema penitenciario mexicano
y las normas internacionales,
para garantizar respeto a los derechos
humanos en los centros penitenciarios
Ciudad de México, a 16 de agosto de 2018
Comunicado DGC/233/18
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer que el porcentaje general en la armonización legislativa entre el Sistema Penitenciario Mexicano y las normas internacionales es del 87%, lo que demanda intensificar los trabajos para lograr la incorporación a los ordenamientos correspondientes, para garantizar un efecto útil en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en centros penitenciarios.
No obstante el alto porcentaje en promedio alcanzado en la armonización en esta materia, debe destacarse que lamentablemente el marco jurídico del sistema penitenciario del país aún no contempla la garantía del derecho humano a la libertad religiosa y de cultos de las personas privadas de la libertad. Por ello, la calificación que procedió asignar al sistema jurídico del país en este renglón fue cero (0). Sigue leyendo
El ejército de Myanmar
debe ser enjuiciado por genocidio
Los más altos mandos del ejército de Myanmar deberían ser enjuiciados en un tribunal internacional por genocidio contra los musulmanes rohinyás y por crímenes de lesa humanidad contra otras minorías étnicas, aseguraron expertos de Naciones Unidas.
“La necesidad militar nunca justificaría matar indiscriminadamente, violar en grupo a mujeres, agredir a niños y quemar aldeas enteras. Las tácticas del Tatmadaw son consistentes y groseramente desproporcionadas con respecto a las amenazas reales a la seguridad, especialmente en el estado de Rakhine, pero también en el norte de Myanmar “, señala el informe.
Los expertos critican además a la líder de facto birmana, la nobel de la paz Aung San Suu Kyi, al afirmar que “no utilizó su cargo”, “ni su autoridad moral para frenar o prevenir los acontecimientos en el estado de Rakhine”. Sigue leyendo
Recomendación General 33/2018
para que se corrijan limitaciones
que contravienen el derecho
de las personas privadas de la libertad
a tener vinculación con el exterior
Ciudad de México, a 26 de agosto de 2018
Comunicado DGC/243/18
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación General 33/2018 sobre el derecho a mantener la vinculación con el exterior de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios de la República Mexicana, con el fin de establecer parámetros para corregir las limitaciones al citado derecho que contravienen lo dispuesto en los artículos 1°, 18 párrafo segundo y 19 párrafo séptimo constitucionales.
Dicha Recomendación General está dirigida al Secretario de Gobernación, a la gobernadora y gobernadores de las entidades federativas, al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y al Comisionado Nacional de Seguridad, y en ella se reconoce la importancia de visibilizar y atender el mencionado derecho de esas personas, por el importante papel que representa desde la perspectiva de la organización y disposición del régimen penitenciario, y por tratarse de una herramienta fundamental para la reinserción social, al garantizar el ejercicio de los derechos de la persona recluida y al libre desarrollo de la personalidad. Sigue leyendo
Son constitucionales los artículos 10
y 40 de la Ley General para Prevenir,
Sancionar y Erradicar los Delitos
en Materia de Trata de Personas
y para la Protección y Asistencia
de las Víctimas
Comunicado 074/2018
Ciudad de México, a 23 de mayo de 2018
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión de 23 de mayo de 2018, a propuesta del Ministro José Ramón Cossío Díaz, resolvió el amparo directo en revisión 5223/2015.
El Máximo Tribunal se pronunció por la constitucionalidad de los artículos 10, párrafo segundo, fracción III y 40 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos delitos. Sigue leyendo